La Corte Suprema explora una salida intermedia para los jueces desplazados

La situación de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, lejos de estar terminada, aún depende de una decisión final de la Corte Suprema de Justicia, que podría pronunciarse esta semana, o la próxima a más tardar, acerca de su estabilidad en el cargo.

La Corte está hermética, aunque algunos mensajes que llegaron a oídos del Gobierno, de la oposición y de los propios interesados es que con la aceptación del per saltum no está dicha la última palabra.

No hay nada cerrado. Una idea que cobró fuerza en las últimas horas es que en un sector de la Corte podría progresar un camino intermedio que implique no chocar de frente contra el Gobierno y al mismo tiempo conservar a los jueces en sus lugares.

Desde el punto de vista del procedimiento, la Corte le imprimió velocidad al caso, emplazó al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, que ya envió la posición del Estado al máximo tribunal, contestando los argumentos de los camaristas.

La Corte envió la causa a la Procuración para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine y lo hizo anoche a favor de los camaristas.

Así las cosas, la semana próxima la Corte tendrá ya sobre la mesa la demanda de los jueces, los argumentos del Estado y la visión del procurador, con lo que estaría en condiciones de dictar una sentencia.

El análisis que hicieron los expertos en el Gobierno y en la oposición es que hubo en la Corte dos posturas, que confluyeron en un voto unánime, pero con diversos argumentos que difieren en la caracterización del problema.

Por un lado, el presidente, Carlos Rosenkrantz, planteó que detrás de los casos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli estaban en juego la estabilidad de los magistrados y la situación de las decenas de jueces trasladados hasta el momento.

Dijo que si no fuera por la gravedad institucional del asunto, que ponía en juego cuestiones republicanas, no se justificaría abrir el recurso del per saltum.

"Por el contrario, y más fundamentalmente, esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados", escribió. Son 56.

En esa lógica, sostuvo que en la resolución de esta causa "podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta (artículo 110 de la Constitución)".

Y añadió: "De asistirles razón a los recurrentes [el trío Bruglia, Bertuzzi y Castelli], esta situación podría constituir una grave afectación de la inamovilidad de todos los jueces que se encuentran en similares condiciones, lo que muestra el impacto sistémico de la decisión a la que en definitiva se arribe".

Por otro lado, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton señalaron que estaban en juego la estabilidad de los magistrados y el principio del juez natural.

Y escribieron que el asunto afecta de modo directo los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales" y esos mecanismos pretenden "impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley".

Esta frase puede ser leída como una advertencia para el Gobierno, pues puede implicar que las decisiones que se tomaron ahora para integrar los tribunales no responden a la Justicia, sino a otros intereses, políticos o privados, de sus funcionarios. O puede ser leída como una descripción de lo que realizó hace dos años el gobierno de Cambiemos, cuando trasladó a los tribunales que ocupa actualmente el trío de jueces sobre el que debe pronunciarse la Corte.

Los cuatro cortesanos que redactaron este voto remarcaron que los procedimientos constitucionales son los que sustentan "una magistratura independiente e imparcial". Para el Gobierno, los procedimientos constitucionales son los que prevén la intervención del Senado en los traslados; para los camaristas, esos procedimientos ya se cumplieron cuando recibieron el acuerdo del Senado al ser designados.

Los que saben interpretar las señales que envió la Corte hacia afuera, y que llegaron hasta la oposición, el Gobierno y el mundo judicial donde conviven los camaristas en tela de juicio, señalan que esta mayoría podría estar explorando una solución intermedia. Eso implicaría respaldar los traslados de los camaristas, pero al mismo tiempo destacar que no se trata de una situación permanente, sino excepcional, y que rige hasta que se cubran sus cargos mediante concursos o se convoque a nuevos concursos.

De todos modos, es una construcción compleja donde todos tallan, principalmente Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, quienes ya mandaron un mensaje con el voto de la semana pasada y se aprestan a completarlo con el que dicten cuando fallen sobre el fondo del problema.

Entre los camaristas priman el desconcierto y la desconfianza. Saben que no se aseguraron todavía la continuidad en los cargos y que todo puede darse vuelta en contra de ellos. Tal vez no en cuanto a la decisión final, pero sí en cuanto a las consideraciones que haga esta mayoría del máximo tribunal.

El título de la resolución de la Corte puede que sea contra el Gobierno, pero que los argumentos les sean favorables, especulaban en la oposición, con la misma desconfianza y sin animarse a decir que la postura que impulsan tiene el partido ganado.

Cualquiera que sea la solución a la que arribe la Corte, tendrá impacto sobre los lugares que ocupan actualmente los camaristas de la controversia.

Son particularmente estratégicos los sillones que ocupan Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal. Si la Corte respalda su continuidad, solo quedarían dos vacantes en ese tribunal.

A una de ellas aspira el juez Eduardo Farah, que fue trasladado a un tribunal oral en San Martín cuando votó por liberar a Cristóbal López, tras las fuertes críticas que recibió de Mauricio Macri y la presión de todo Cambiemos.

El traslado de Farah fue cuestionado por el Consejo de la Magistratura en la misma resolución que cuestionó los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

El Senado se aprestaba en la próxima sesión a denegarle un nuevo acuerdo para San Martín, de modo de dejar firme su último acuerdo en la Cámara Federal. Aunque si la Corte anula esa resolución del Consejo, entrarían en discusión la revisión del traslado de Farah a San Martín, su audiencia en el Senado y su regreso a la Cámara Federal.