Avanza la reforma judicial blue a pesar de las promesas

Hay una reforma formal propuesta por Alberto Fernández, la que él aspiraba que fuera su "legado", la que iba a despolitizar Comodoro Py y limpiarlo de la influencia de los servicios de inteligencia. La reivindicación de Gustavo Beliz. Y está la reforma real, la que sí avanza, la que vuelve a sentar en la Cámara Federal a Eduardo Farah, cuyo desembarco en el tribunal hace más de diez años fue un triunfo de Javier Fernández,el operador a quien Antonio Stiuso, el espía que más influyó sobre Comodoro Py, identificó abiertamente como un hombre suyo. La misma reforma, la real, es la que va a designar a un abogado defensor de Cristina Kirchner, Roberto Boico, en esa misma Cámara, que revisa las decisiones de los doce juzgados federales llamados a investigar la corrupción.

Sobre la primera, que aprobó el Senado y está frenada en Diputados, Cristina Kirchner dijo que no es "la verdadera reforma judicial". Tal vez la que se está gestando desde el Consejo de la Magistratura se le parezca un poco más.

Hoy, el kirchnerismo consiguió los votos en el Consejo para cubrir dos de las seis sillas de la Cámara Federal con Farah y Boico. Se suman a otro cargo estratégico que ocupará el kirchnerismo con un hombre de su confianza: Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores que procesó a Carlos Stornelli y Daniel Santoro –y ayer, a los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani-, ocupará el juzgado federal N°1 de La Plata, el único que controla las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el bastión de votos más importante del país.

Si por algún motivo que hoy no parece existir, Ramos Padilla no ocupara ese juzgado, podría pretender competirle a Boico por la silla de la Cámara: él también fue incluido en la terna. En el oficialismo juran que no hay chance. Que el Presidente ya lo propuso para La Plata y no va a haber cambios.

El nombramiento de Boico, que con una oposición en crisis terminó siendo votado hasta por Pablo Tonelli, no requiere ningún esfuerzo de explicación para la interna del oficialismo. Además de ser abogado de Cristina Kirchner y haber sido defensor de Oscar Parrilli, Boico argumentó a favor de Amado Boudou por la causa Ciccone, causa que tuvo, según Boico, una "mediatización excesiva".

El caso de Farah es diferente. Hoy su defensa no la hizo ninguno de los representantes políticos del kirchnerismo en el Consejo, sino dos aliados, el representante del ámbito académico, Diego Molea, y el juez Alberto Lugones. Fue Lugones quien alegó esta mañana que "Farah tuvo que pedir el traslado [que hoy el Consejo revirtió] porque hubo una campaña muy dura en los medios en su contra", una campaña "muy fea". Farah acordó con el macrismo dejar Comodoro Py después de una oleada de críticas a su decisión de liberar a Cristóbal López, empresario cercano al kirchnerismo y dueño de Indalo (grupo que incluso recurrió a los servicios de asesoría de Alberto Fernández cuando trabajaba en la actividad privada).

Pero Farah fue además quien confirmó junto a Martín Irurzun el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán, el caso que se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Antes, con Jorge Ballestero, Farah había declarado la inconstitucionalidad del memorándum. También como camarista, confirmó otro fallo de Claudio Bonadio, el que ordenó el embargo de más de cinco millones de dólares sobre Florencia Kirchner en el caso Hotesur. Mucho tiempo pasó desde entonces. En esa época hasta Javier Fernández estaba enfrenado con la actual vicepresidenta. Ahora, la relación se recompuso y ella volvió a ser su "jefa", según dijo el propio Fernández a LA NACION.

En el kirchnerismo duro justifican el regreso de Farah como una consecuencia no buscada del fallo de la Corte que les puso plazo a los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. "Si no lo dejábamos volver, iba a recurrir a la Justicia y una cautelar nos iba a terminar frenando el concurso de la Cámara", dijo un kirchnerista que sostuvo que, en ese escenario, el resultado iba a ser "tres años de la Cámara Federal congelada con la composición de hoy".

Por el momento, hasta que lleguen Boico y Farah, el tribunal está integrado por Irurzun y Mariano Llorens, como titulares, y por Bruglia y Bertuzzi, trasladados por Mauricio Macri al tribunal y declarados por la Corte como jueces con fecha de salida. Esa salida será cuando se nombre por concurso a sus reemplazantes. ¿Cuándo será eso? No se sabe, pero el kirchnerismo apura el trámite desde el Consejo. Va a ser el primero que abran el año que viene, junto con el de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tribunal que pese a ser clave suele pasar bajo los radares. Los candidatos deberán inscribirse entre el 2 y el 8 de febrero, y el 26 les tomarán el examen escrito.

El oficialismo estima que, con viento a favor, a mediados del año que viene el concurso puede estar terminado. Restará un paso no menor: conseguir los nueve votos para que los candidatos sean aprobados por el Consejo. Mientras no los consiga, Bruglia y Bertuzzi tienen garantizada la continuidad en sus cargos.

Si cerraran filas, la oposición y sus aliados, que suman seis votos, tendrían capacidad de bloqueo. Como dice Carlos Pagni en su columna de hoy, ese dique ahora no existe. La oposición se lo recrimina a los jueces, que adelantan que su postura seguirá siendo dialogar con todos, no bloquear.

En el Poder Judicial deslizan que ellos no son los responsables. Que nada de esto pasaría si el macrismo hubiera cubierto bien las vacantes cuando pudo; desde el Procurador hasta la Cámara Federal, que completó con traslados, y la Cámara Nacional Electoral. En este último concurso, destinado a reemplazar a uno de los tres miembros del máximo tribunal de las elecciones, Mauricio Macri no se definió entre dos de los candidatos de la terna -que tenían distintos apoyos dentro de Juntos por el Cambio- y este año Fernández designó al tercero, el peronista Daniel Bejas. Otro reemplazo clave para la construcción de una nueva Justicia.

Por Paz Rodríguez Niell

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