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Bajo creciente presión, peligra la estabilidad de Sergio Berni como ministro de Axel Kicillof
El ministro de Seguridad bonaerense es cuestionado por la Casa Rosada y los intendentes del PJ del conurbano; fue la propia Cristina quien puso el debate sobre la mesa del oficialismo
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LA NACIONMariano Spezzapria
La reprimenda pública que hizo Cristina Kirchner sobre la inseguridad que azota al conurbano bonaerense tuvo una derivación inesperada en la interna oficialista: además de resultar un llamado de atención al ministro nacional Aníbal Fernández, colocó en situación de inestabilidad política a su par bonaerense, Sergio Berni.
A tal punto, que arreciaban las versiones sobre la próxima salida de Berni del gabinete provincial. “La seguridad es día a día”, deslizó una fuente oficial, al tiempo que ponderó al ministro de Justicia, Julio Alak. “Está haciendo un trabajo enorme”, sostuvo el colaborador de Axel Kicillof.
El exintendente platense se convirtió así en el principal candidato a suceder a Berni en la cartera más caliente de la provincia de Buenos Aires. Otros dirigentes mencionados para el cargo eran el diputado bonaerense Mariano Cascallares y el funcionario del ministerio de Economía nacional Ariel Sujarchuk. Ambos son referentes de los intendentes del conurbano que cuestionan el desempeño de Berni en la cartera de Seguridad.
“Mirá cómo será la relación de Berni con los intendentes, que lo prefieren a Alak en ese cargo”, ironizó un dirigente del PJ. Los jefes comunales habían manifestado esa postura ante la propia Cristina Kirchner y también ante Kicillof en una cena en la residencia del gobernador, sobre la calle 5, realizada tras el acto que la vicepresidenta encabezó en el estadio único de La Plata.
Los intendentes objetan a Berni su negativa a coordinar el trabajo entre la Policía bonaerense y las fuerzas federales, como la Gendarmería, cuya presencia en una dotación más numerosa reclamó Cristina, lo que puso al presidente Alberto Fernández y a su ministro Aníbal Fernández a estudiar esa posibilidad.
El gobierno nacional conoce de sobra la postura de los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires. Dos días antes de que Cristina dijera lo que dijo en el estadio único, Aníbal Fernández recibió a Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete de la provincia y primus inter pares de los jefes comunales del PJ.
El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia quedó involucrado, luego, en un cortocircuito con el gobernador Kicillof, quien ordenó suspender al comisario Juan Cruz Reynoso, a cargo desde hace años de la seguridad del estadio único, a raíz de una confusa disposición para que se suspendieran las clases en las escuelas de la zona el día del acto de Cristina, el 17 de noviembre. En rigor, esa medida se limitaba solamente a las clases de gimnasia, que se practican en el estadio.
Pero Berni aprovechó el tropezón de Insaurralde y se mostró en las inmediaciones del estadio, haciéndose cargo personalmente del operativo de seguridad del acto de la vicepresidenta, quien todavía tiene las prevenciones lógicas de quien estuvo a punto de sufrir un atentado contra su vida.
“Si después de tres años de gobierno Cristina cree que la política de seguridad pasa por poner más gendarmes en el conurbano, estamos en problemas”, deslizó un experimentado funcionario del área. Sin embargo, el propio Alberto Fernández tenía en carpeta una idea similar a la de Cristina un par de meses atrás. Y llegó a conversarla con su ministro de Seguridad y con Alejandro Granados, un hombre de consulta cuando se trata de cuestiones de seguridad en el conurbano.
Las propiedades
Si las críticas sobre la gestión de Berni se multiplicaron tanto en el oficialismo nacional como bonaerense, la difusión de una lista de propiedades del ministro que en el Frente de Todos desconocían, tornó más complicada aún su permanencia en el cargo.
De hecho, por primera vez en la historia algunos referentes del PJ provincial se hicieron eco de una denuncia judicial de la Coalición Cívica de Elisa Carrió contra Berni por un supuesto enriquecimiento ilícito. Apuntaron especialmente a una mansión en Bariloche, ubicada en las orillas del lago Nahuel Huapi, en el mismo country donde paradójicamente también tendría una casa un exfuncionario del área de seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.
“La muerte del hincha de Gimnasia por mala praxis policial; el asesinato de Blaquier y el tema de las propiedades, principalmente, sumaron un combo explosivo para Berni”, reconoció un funcionario de Kicillof en la provincia.
También recordó que mientras Berni desafía políticamente al presidente Fernández, se registra una pulseada por el control del control del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad, que el año próximo treparía a los 82.000 millones de pesos y los intendentes pretenden que sea transferido directamente a los municipios.
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