Bolivia: el Gobierno redobla esfuerzos para ingresar como querellante en la causa contra Mauricio Macri

El Gobierno alineó todos sus esfuerzos contra el expresidente Mauricio Macri, a quien denunció por el envío de municiones a Bolivia en noviembre de 2019, tras la caída de Evo Morales. Por estas horas, parte de la apuesta del oficialismo pasa por posicionarse como actor dentro de la investigación del caso.

Primero, la Casa Rosada lo había intentado a través de un pedido de ingreso de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, lo que fue rechazado por la Justicia. Desde entonces, activó la posibilidad de ingresar con ese rol pero través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El intento podría tener éxito porque se trata del organismo que tiene bajo su órbita a la Dirección General de Aduanas (DGA), vinculada directamente sobre el delito de contrabando que se investiga en el caso. Ser querellante es central en una causa, porque permite tener control de lo que sucede en el proceso, con acceso directo al expediente, tanto para conocer lo que allí sucede como para pedir medidas de prueba o apelar, en caso de que avance una decisión en contra de los intereses del Gobierno.

Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales declinaron referirse a la posible presentación, aunque algunas voces admitieron que había altas posibilidades de que sucediera en el corto plazo.

La avanzada del Ejecutivo en el caso comenzó el pasado 12 de julio, cuando denunció a Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico. Fue cuatro días después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.

La denuncia llevó la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Ese escrito fue la formalización de una alianza fuerte, aunque con diferencias internas, que en la práctica incluye a otros referentes del Poder Ejecutivo. El propio Alberto Fernández sigue con atención el tema: desde el primer momento, fuentes oficiales coincidieron ante LA NACION en que solo se avanzaría judicialmente con aval presidencial.

La denuncia del Gobierno sostiene que Macri “puso material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

Según la denuncia, el gobierno de Macri fue responsable de la “adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, del material bélico. En tanto que los delitos a los que hace mención la denuncia incluyen contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

La presentación del oficialismo alcanza también a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García; al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero; al exdirector de Logística de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski, y al de Operaciones Carlos Miguel Recalde (ver aparte).

La estrategia de la Casa Rosada de avanzar contra el exmandatario coincide con el calendario electoral y recalentó la polarización entre ambos sectores. Hace dos semanas, Macri desmintió las acusaciones en su contra. Antes lo había hecho, con vehemencia, Bullrich.

La ofensiva del Gobierno también incluyó al embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, quien anteayer participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, y el jefe de la policía, Johnny Aguilera, en la que se exhibieron municiones argentinas.

A ese esquema también se sumaron las declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien sostuvo: “Hacer un traslado del material al extranjero y contrabandearlo involucró a gran parte del gabinete de Mauricio Macri”.

Mena, de extrema confianza de Cristina Kirchner, es señalado como quien se encargó de la redacción de la denuncia, que luego fue impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial. El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart habilitó la feria judicial para investigar el caso.

López Biscayart ya ordenó medidas y en las últimas horas también solicitó a la Cancillería que se resguarden y envíen los sellos de recepción de la embajada argentina en Bolivia. El punto es central, junto con el objetivo de encontrar el original de la carta en la que se agradece el envío del material. “Hacen referencia a la carta, pero no se aclara dónde está”, detallaron a LA NACION fuentes de la investigación.