Amado Boudou le reclama $17 millones al Estado por el pago de su pensión vitalicia como vicepresidente
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LA NACIONCandela Ini
El exvicepresidente Amado Boudou le reclama al Estado el pago retroactivo de su pensión vitalicia como vicepresidente -un monto aproximado de $17,100,000- un trámite que está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen a favor de que Boudou reciba esa pensión.
El monto de la pensión vitalicia correspondiente a quienes ocuparon la vicepresidencia equivale a un proporcional de la pensión vitalicia presidencial. Fuentes que intervinieron en el expediente de Boudou dijeron a LA NACION que el monto aproximado equivaldría a unos $300.000 mensuales. El abogado que representa a Boudou en este asunto es Miguel Fernández Pastor, quien sostiene que Boudou lleva 57 meses sin cobrar la pensión.
El conflicto del exvicepresidente con el Estado que tiene como base un reclamo administrativo en la Anses -ahora conducido por Fernanda Raverta-, así como también una vía judicial en la justicia federal de la seguridad social.
Boudou dejó la vicepresidencia el 10 de diciembre de 2015, acusado en varias causas judiciales por corrupción, la más emblemática de ellas, el Caso Ciccone. Apenas dejó su cargo buscó tramitar el cobro de su pensión pero la anterior gestión de la ANSES -entonces a cargo de Emilio Basavilbaso- no le dio curso al trámite y el conflicto se trasladó a la Justicia Federal de la Seguridad Social.
Como la ANSES no se pronunciaba en el expediente, el asunto llegó a la Cámara de la Seguridad Social, y en junio de 2018, la jueza de ese tribunal Ana María Rojas resolvió un amparo por mora y le ordenó al organismo que resolviera el pedido de Boudou.
El organismo apeló la resolución y le dio intervención a la Oficina Anticorrupción (OA), que se pronunció en contra del reclamo de Boudou por considerar que no le correspondía cobrar una jubilación al ser investigado por causas de corrupción. En el mismo sentido que la OA se expresó, en ese entonces, la Procuración del Tesoro.
En el entorno de Boudou cuestionan la presencia de la OA en ese expediente, ya que en las funciones de esa dependencia, sostienen, no se encuentra la de emitir dictámenes.
Con la vuelta del kirchnerismo al gobierno, el procurador del Tesoro -jefe de los abogados del Estado-, Carlos Zannini emitió un dictamen el 27 de abril pasado a favor de que se le pague a Boudou, tal como informó hoy el diario Clarin, y consideró que el pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción (OA), que se opuso en 2018 al reclamo de Boudou en el expediente administrativo que tramita la ANSES, es de "nulidad absoluta".
"La Resolución registrada como RESOL-2018-1-ANSES-DOCP#ANSES resulta, a mi criterio, nula de nulidad absoluta e insanable según lo previsto por los artículos 7.° y 14, inciso b, de la LNPA", consideró Zannini en el dictamen al que accedió LA NACION.
Y añadió: "Por consiguiente, dicho acto debería ser revocado por la Administración, por sí y ante sí, a fin de restablecer el imperio de la juridicidad quebrantada (conforme artículo 17 de la LNPA)".
En ese mismo dictamen Zannini indicó que la única causal que justificaría la quita del derecho a la Asignación Mensual Vitalicia sería una remoción por juicio político, proceso al que Boudou no fue sometido.
"La circunstancia que determina la pérdida del derecho a la Asignación Mensual Vitalicia allí establecida está contemplada en el ya citado artículo 29 de la ley; norma que, como se dijo, prevé como causal que torna inviable el acceso al beneficio la remoción en el cargo por juicio político de los funcionarios alcanzados por ese precepto", indicó.
La ANSES todavía no se pronunció sobre el dictamen de Zannini, emitido en plena pandemia. En el entorno de Boudou sostienen que el expediente debió haberse resuelto en diciembre de 2015 y que eso no ocurrió por "desidia, por decisión política".
El exvicepresidente fue excarcelado durante la pandemia por coronavirus y cumple con el arresto domiciliario en su casa. Por el caso Ciccone recibió una condena a cinco años y diez meses de cárcel.
De acuerdo a la sentencia dictada por ese tribunal, se dio por probado que se apropió indebidamente del 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica a través de testaferros
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