Bullrich se despega de Villarruel y acelera el diálogo en Diputados para aprobar las reformas en Defensa y Seguridad

Patricia Bullrich prepara el terreno para blindar en el Congreso el paquete de reformas que considera prioritarias para la lucha contra la inseguridad. Junto a su par de Defensa, Luis Petri, aceleró esta semana el diálogo político con los distintos bloques de la Cámara de Diputados, buscó avales en Pro, UCR, Hacemos y LLA, y volvió a tensar el vínculo con Victoria Villarruel. La vicepresidenta cuestionó la intención de la ministra de habilitar a las Fuerzas Armadas para operar en la seguridad interior, una iniciativa que también deberá pasar el filtro del Senado, cuerpo que preside.

Las citas con los referentes de los bloques se hilvanaron desde el lunes en la sede del ministerio conducido por Bullrich. Ayer por la tarde fue el turno de las bancadas conducidas por Miguel Ángel Pichetto y el radical Rodrigo de Loredo. En ambos espacios consideraron positiva la reunión.

En medio de una fuerte escalada de violencia narco en la provincia de Santa Fe, Bullrich insiste con su objetivo de que los militares puedan intervenir en las mismas acciones que los efectivos policiales, previo paso por el comité de crisis. Esto implica una reforma en las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional, que deberán ser refrendadas por el Congreso.

Según trascendió del encuentro con los referentes radicales, los ministros “dieron detalles de los proyectos que enviarán y los legisladores escucharon, pero no se comprometieron a nada”. Las diferencias en la UCR son manifiestas y esperan conversar puertas adentro una vez que los textos ingresen formalmente para ser tratados en la Cámara baja.

Participaron de la reunión, además del jefe de la bancada, Soledad Carrizo (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca), Mariano Campero (Tucumán), Danya Tavela (Buenos Aires), Mariela Coletta (CABA), y Gabriela Brower de Koning. Fue clave la presencia de los legisladores santafecinos Melina Giorgi y Mario Barletta, en sintonía con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien se especula que tenga la última palabra sobre el nivel de acompañamiento del bloque sobre los cambios en la seguridad interior. En diálogo con LN+, el mandatario provincial adelantó: “Hay que ser prácticos y facilitar que vengan las Fuerzas Armadas a darles paz a los rosarinos”.

En tanto, por Hacemos Coalición Federal asistieron Pichetto y Nicolás Massot. Según pudo saber LA NACION, los legisladores le plantearon a los funcionarios que el nudo de la ampliación de las competencias militares estará en cómo limitar y finalizar su intervención una vez que se inicia. En este bloque conviven los socialistas santafecinos Mónica Fein y Esteban Paulón que, si bien son parte de la coalición de gobierno, ponen reparos a las políticas federales desplegadas por la administración libertaria y desconfían de su efectividad. Por eso, en el bloque adelantaron que “es probable que no haya una posición unánime” sobre estos temas.

“Primero, hay que ver cómo se define ‘terrorismo’. Pero también, si algo nos enseñaron los 70 es que la militarización en temas de seguridad interior no termina bien”, señaló Paulón a LA NACION.

Fuentes que participaron de las diferentes cumbres destacaron a este medio que la ministra hizo hincapié en que su prioridad se concentra en combatir los delitos complejos y la criminalidad organizada. Por eso, aseguró a los legisladores que las diferentes iniciativas que elaboraron, y que se encuentran en plena revisión de la secretaría de Legal y Técnica, se enviarán por separado con el fin de “no entorpecer” lo que considera central: los cambios de procedimientos y figuras penales para combatir a las organizaciones criminales. El Ejecutivo prevé que los textos sean girados a Diputados en un plazo máximo de diez días.

Las iniciativas motorizadas por Bullrich y Petri chocan con las ideas de Villarruel, quien ya se manifestó en contra de que los militares combatan con civiles. La ministra acusó recibo de los dardos enviados por la vicepresidenta y no dudó en marcarle la cancha. Lo hizo tanto puertas adentro, en las reuniones con diputados, como públicamente.

Este martes a la noche, durante una entrevista con TN, remarcó su voluntad. “Hay que sacar a las Fuerzas Armadas de la penitencia. No reivindico al Ejército de los golpes militares y de sus prácticas en la dictadura que fueron fuera del estado de Derecho y de nuestra Constitución”, expresó la ministra.

Volvió a diferenciarse de la titular del Senado, que en franca oposición con Bullrich sentenció: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. Los que combatieron el terrorismo están presos”.

Los roces entre la vicepresidenta y los ministros Pro no son ninguna novedad. Villarruel esperaba tener influencia sobre las carteras de Seguridad y Defensa, tal como anticiparon ella y Milei durante la campaña presidencial. El acuerdo entre Bullrich y el Presidente después de la primera vuelta electoral dinamitó esta estrategia y relegó a un segundo plano a la actual titular del Senado, que tiene un vínculo muy directo con la “familia militar”.

Mientras que la referente de Pro gana terreno en la mesa chica del Presidente, Villarruel se distancia de la praxis libertaria, asume un estilo propio y choca con el círculo íntimo de Milei. A pesar de que la semana pasada el Presidente y su vice escenificaron sintonía, los roces entre ellos se multiplicaron después de desembarcar en la Casa Rosada y tuvieron un pico con el rechazo del DNU 70/2023 en el Senado.

El paquete de reformas impulsado por los ministros de Defensa y Seguridad también incluye un proyecto antimafia, por el que se pretende habilitar la posibilidad de otorgar la pena máxima a los integrantes de cada banda sujeta investigación especial y vuelve a traer el concepto de extinción de dominio en el fuero penal. Según pudo saber LA NACION, exceptúa los delitos de corrupción “por el momento”.

En ese mismo compendio hay una iniciativa para contemplar la reincidencia y reiterancia en las imposición de las penas. También se prevé la creación de un banco de ADN y que tengan fuerza probatoria las coincidencias genéticas que se toman en los procesados.

Además, se incluye el proyecto para reformar el concepto de legítima defensa, por el que se retoma el contenido que estaba en la “Ley Bases”. Durante su tratamiento, la UCR observó un exceso en las condiciones por los que se pretendía legitimar la defensa. Uno de los puntos que pidieron modificar tenía que ver con la posibilidad de que no sea punible de un delito la persona que “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Es decir, esto incluye al personal de las fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

Por Delfina Celichini

• Actualidad política

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