Buzzi gana tiempo en una causa en su contra

PUERTO MADRYN.- En una contraofensiva en la causa que investiga el otorgamiento de un crédito a la pesquera Alpesca por $ 10 millones, el ex gobernador kirchnerista Martín Buzzi recusó en la audiencia de ayer a los fiscales Daniel Báez y Diego Pereira, y al fiscal de Estado Diego Martínez Zapata. La estrategia dilatará la resolución en torno a la elevación a juicio oral y público del caso ya que obliga al procurador general, Jorge Miquelarena, a resolver el planteo de Buzzi en una futura audiencia.

Durante su gobierno, Buzzi le prestó al empresario Omar "Cura" Segundo -procesado en otra causa por el hallazgo de 110 kilos de cocaína en "Poseidón", una pesquera de su propiedad- 10 millones de pesos para el pago de sueldos a los trabajadores de Alpesca.

La audiencia, que tenía como objetivo fijar si la investigación deriva o no en un juicio oral y público, finalizó con fuego cruzado: para el fiscal Báez, la de Buzzi es una "puesta en escena para dilatar la situación". El ex gobernador disparó críticas y aseguró que "esta causa sólo se entiende" desde una perspectiva de "venganza política".

Buzzi, un gobernador alineado con el kirchnerismo, perdió por escaso margen de votos la gobernación frente al opositor Mario Das Neves, de Chubut Somos Todos. La causa iniciada por Alpesca no cuestiona "el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes", indicaron los fiscales. Según quedó comprobado, Segundo sólo devolvió $ 1,5 millones del préstamo otorgado por el anterior gobierno.

En la causa se encuentra acusados Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire, así como a los directores de Corfo, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Se suman Omar "Cura" Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca Carlos Molina, acusados en calidad de partícipes necesarios.

La calificación es por "fraude en perjuicio de la administración pública". Los fiscales dicen que "existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales".