Capital Humano, el súper ministerio que absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social

Sandra Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia, egresada de la Universidad Austral, y diputada nacional electa, aunque no asumirá la banca. Su nombre fue el primero en ser confirmado en el gabinete de Javier Milei. Pettovello será la ministra de Capital Humano, un área que absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Militó en la Ucedé y en Pro como muchos otros de sus compañeros libertarios. Estará a cargo del control y la distribución de los planes sociales y del resto de la asistencia estatal.

En su plataforma, Milei define el capital humano como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.

“Desde La Libertad Avanza creemos que la mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de Argentina es fusionando los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas que garanticen la no intromisión de un área en la otra que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados”, explica su plataforma.

Martín Krause es a quien el electo presidente Javier Milei suele presentar como su futuro Secretario de Educación. Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es parte de Fundación Libertad y Progreso y la Red Liberal de América Latina (Relial).

Respecto del sistema educativo, Krause sintetizó que ellos pretenden avanzar en tres aspectos fundamentales: libertad de contenidos, de métodos y de elegir proveedores. El último punto alude al sistema de vouchers que Milei presentó como principal propuesta en materia educativa a principios de año, aunque con el transcurrir de la campaña apuntaron que es algo que no podría suceder en el primer mandato.

Krause propone que los fondos de Educación no se destinen, como sucede hoy, a la oferta –los establecimientos–, sino a la demanda, o sea, a los estudiantes y a sus familias. Por lo tanto, las escuelas, y el presupuesto con el que contarían, dependerían de la elección de los beneficiarios. La tarjeta en la que cargaría los vouchers para que las familias elijan a qué escuela mandar a sus hijos se llamaría EduCard. “Como una SUBE”, la ha definido.

El primer obstáculo para implementarlo es la Constitución. En la Argentina, desde 1853 la educación depende de las provincias, no del Gobierno nacional. “Se buscaría llegar a algún acuerdo con alguna provincia que esté dispuesta a avanzar en la reforma. De paso serviría de ejemplo hacia las demás, las que tal vez luego querrían avanzar en ese sentido”, dijo Krause a LA NACION, y agregó que también se avanzaría hacia un “sistema de ‘vouchers privados’ o becas” que pueden ser financiados por personas o empresas.

A diferencia de las pruebas Aprender, que se realizan sobre una muestra, de acuerdo con el programa de Gobierno de La Libertad Avanza, buscarían avanzar hacia la implementación de una evaluación de desempeño nacional en todas las escuelas para que las familias conozcan los resultados antes de decidir a qué escuela entregarle su voucher. También para que aquellos establecimientos “que tengan peores resultados puedan aprender o analizar lo que hacen las instituciones con mejores resultados”. Pero para eso deberán cambiar un artículo de la Ley de Educación que prohíbe dar a conocer los resultados por escuela.

En el plan de Gobierno, agregan que buscarían avanzar “en mayores grados de libertad en la elección de contenidos, métodos y educadores para las escuelas”. Así como también “permitir a las familias más niveles de decisión sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos”. Dentro de estos contenidos optativos que las familias podrían elegir incluyen los de la Educación Sexual Integral (ESI), que están establecidos por la ley nacional N°26.150. En la plataforma electoral de La Libertad Avanza presentada ante la Cámara Nacional Electoral, que difiere del plan de Gobierno difundido que entregaron a LA NACION, precisan la eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza como una de las medidas.

Eduardo Filgueira Lima es el redactor de la reforma del sistema de salud que había adoptado el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, para un potencial Gobierno si las urnas lo acompañaban. Ayer, las urnas lo acompañaron y, si bien no fue confirmado aún, el médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en cirugía de emergencias, asoma como el principal referente del área para integrar el superministerio de Capital Humano.

“Las instituciones de salud son ineficientes y los pacientes no son libres de elegir. Queremos lograr que la gente sea libre y que las instituciones sean eficientes”, dijo a LA NACION en una entrevista en agosto pasado.

Filgueira Lima es, además, doctor en ciencias políticas por la Universidad del Salvador, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Isalud) y en Economía y Ciencias Políticas (Eseade). Fue subsecretario de Salud de La Pampa y, en enero de 2002, asumió la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación que ocupó Ginés González García durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Al año y medio, ya durante el Gobierno de Néstor Kirchner, renunció “por motivos políticos”.

Siguió estudiando y empezó actividades de consultoría en obras sociales sindicales y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ha viajado a Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y países de la región para conocer los sistemas sanitarios y sus reformas.

¿En qué consiste la reforma de salud ideada por Filguiera Lima, que viene puliendo desde hace 15 años como consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso?

Su propuesta se basa en tres pilares. El primero es la generación de un seguro de salud por provincia con libre elección del usuario de hacerlo por obra social, prepaga o, si no cuenta con los recursos, a cargo del Estado; y de dónde atenderse, sea en el sector público o privado. Plantea que, así, se pasa a financiar la demanda, en lugar de la oferta. Sería con asistencia técnica a las provincias y de manera progresiva en un primer año.

Un segundo eje es la desregulación absoluta del sistema de seguros (PAMI, obras sociales nacionales y coberturas privadas). “Que el contribuyente pueda optar dirigir su aporte a la obra social que más le guste y que las obras sociales peleen por captar afiliados ofreciéndoles mejores servicios –explicó en aquella entrevista–. Esto es un mecanismo que da más calidad porque la población elegirá lo que más le convenga. Ya ocurrió y tuvieron que adecuar sus estrategias porque perdían afiliados. Por un decreto de 2021, se retrocedió a que mantengan cautivos a sus afiliados por un año.”

El tercer pilar está relacionado con la organización del ex ministerio como una Secretaría de Estado, que, a la vez, tendría dos subsecretarías, una de políticas y otra técnico operativa. Además, Filgueira Lima ya había adelantado a LA NACION que entiende como “indispensable” la creación de la demorada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) para definir qué procedimientos o tratamientos son útiles y en qué población para asegurar su cobertura y en qué medida, lo que, según su visión, termina por reducir la judicialización de los reclamos.

En lo relativo a la hoja de ruta laboral, se supo poco a pesar de las advertencias kirchneristas sobre una eventual poda de derechos contemplados en la ley, como el aguinaldo o las vacaciones, algo que a priori no estaría en los planes. Se sabe por ahora que el Ministerio de Trabajo bajaría a rango de secretaría y que la ocuparía Gustavo Morón, extitular de la superintendencia de Riesgos del Trabajo durante la gestión de Cambiemos. Pero también surgió otro nombre: Omar Yasin, abogado laboralista y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA.

Junto con Morón o Yasin, trabaría Miguel Ángel Ponte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión macrista y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint. Durante su paso como funcionario de Macri, Punte ganó notoriedad por una frase que terminó minando los puentes con los gremios para avanzar con una reforma que hasta había alcanzado un fugaz visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos. Esta frase, sumado al fracaso del “plan empalme”, cuyo objetivo era reconvertir planes sociales en empleo genuino, sentenciaron su suerte en la administración pública, en la que duró casi dos años como Secretario de Empleo.

En su plataforma de gobierno, Milei propone ligeramente una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera” en reemplazo de la indemnización. Se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Macri quiso impulsar y que también fue alentada por Roberto Lavagna durante la pandemia.

El área estaría manejada Pablo de la Torre, exsecretario de infancia y familia de San Miguel y que ahora será secretario de Desarrollo Social.

En su plataforma de gobierno, La Libertad Avanza precisó sobre las funciones del Ministerio de Desarrollo Social: “Tiene como función asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración socio urbana, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales”.

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