Caputo Hermanos fue sancionada por la IGJ y presentó un nuevo descargo en la Justicia

La IGJ ordenó este lunes fiscalizar a Caputo Hermanos y la multó en 1.800.000 pesos por no haber presentado los últimos 18 estados contables. Fue el mismo día que la sociedad presentó un nuevo descargo en la justicia federal, que la semana pasada allanó sus oficinas en el marco de la causa que investiga a integrantes del grupo radicalizado Revolución Federal.

La resolución de la IGJ afirma que el motivo de la investigación sobre la sociedad de los Caputo fue su presunta relación con Revolución Federal y la “enorme y lógica repercusión” que tuvo el atentado contra Cristina Kirchner.

Caputo Hermanos, a través de fideicomisos, hizo transferencias este año por 6,5 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, hoy preso por amenazas y actos violentos; a Ailen Cintia Vallero, presunta empleada de la carpintería de Morel; y a Evelyn Balboa, según los investigadores, expareja de él. Las operaciones llamaron la atención porque nunca estas personas habían recibido pagos semejantes.

Este lunes, Flavio Caputo, como presidente del directorio de Caputo Hermanos, se presentó en la causa que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y dijo que “es falso” que su empresa haya financiado a Revolución Federal. Relató que se contrató a la carpintería de Morel para que le vendiera objetos que estaban destinados a equipar inmuebles que estaban construyendo en Añelo, Vaca Muerta, Neuquén, donde la mano de obra es “escasa y muy cara”. Que por ese motivo habían decidido recurrir, para toda la obra, al sistema prefabricado Steel Frame “tanto para el edificio como para el amoblamiento de sus unidades funcionales”, y que todo se pagó con lo que abonaron inversores y compradores. Afirmó también que la búsqueda de muebles se la encargaron a Rosana Caputo, su hermana, que habitualmente se ocupa de la decoración de sus obras. Rosana y Flavio son hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

Flavio Caputo relató en su escrito que Rosana identificó en la zona del tren de Boulogne al carpintero Morel y que era más barato que los proveedores con los que ella solía trabajar. “Hizo muy bien su trabajo”, dijo Caputo, que relató que Morel “se nutrió de colaboradores” para la tarea. Alegó además que si hubieran contratado a un carpintero de Añelo eso le hubiera exigido a la decoradora viajes periódicos para controlar la marcha de lo encargado. Destacó que ni la empresa ni Rosana habían tenido un trato previo con Morel y que desconocían “sus posibles actividades ajenas a la carpintería”.

El escrito que firman Caputo y su abogado, Matías Cuneo Libarona, incluye 55 páginas con fotos de los trabajos, mensajes de WhatsApp y presupuestos, y facturas. La semana pasada, la empresa ya había presentado un escrito similar. Fue una hora después, dice el escrito de este lunes, de que se ordenara el allanamiento en sus oficinas que se hizo un día más tarde.

La resolución de la IGJ

La resolución de este lunes de la IGJ lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen, y responde a actuaciones que comenzaron el 13 de octubre. Nissen relata en su disposición que se inició un “minucioso examen” sobre “la constitución y el funcionamiento” de Caputo Hermanos “ante la enorme y lógica repercusión pública derivada de los acontecimientos sucedidos el 1° de septiembre de 2022 en el que se intentó llevar a cabo un intento de homicidio de la señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina E. Fernández de Kirchner y las investigaciones realizadas en el fuero criminal, que supuestamente involucran a la sociedad Caputo Hermanos SA en la celebración de ciertos contratos comerciales con algunas de las personas humanas que integran un grupo denominado Revolución Federal y que importó para dicha compañía un importante desembolso de fondos que son objeto de investigación”.

Nissen ordenó en su resolución una “fiscalización estatal limitada” sobre la sociedad y le otorgó una prórroga de cinco días para que presente todos sus libros de comercio. En cuanto a la multa, es de 100.000 pesos por cada estado contable “cuya presentación omitió” Caputo Hermanos. La resolución firmada por Nissen enumeró 18, desde 2005 hasta 2022.