Horacio Rosatti se apresta a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, en medio de una dura resistencia oficialista

Vencido a la medianoche del viernes el plazo impuesto para la normalización del Consejo de la Magistratura, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se preparar para asumir la presidencia del cuerpo que nombra y designa jueces, contra los deseos del Gobierno y el kirchnerismo, que hizo todo lo posible para controlar ese organismo. Ayer mismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner quebró su silencio para volver a criticar que la Corte Suprema se encamine a asumir al frente del Consejo, con un tuit que remata: “La casta de la que nadie habla”.

Momentos antes, en un domingo inusual, el juez federal de Paraná Daniel Alonso rechazó una apelación del fiscal y así mantuvo vigente su medida cautelar que impide al Congreso designar a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. Alonso respondió a un requerimiento del peronismo, en otro de los intentos oficialistas de frenar la llegada de la Corte.

La llegada de Rosatti es así una carrera de obstáculos.

El Congreso, con Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados y Cristina Kirchner como titular del Senado, no envió a los dos consejeros en representación de los legisladores por las segundas minorías. La cautelar dictada por el juez Alonso le ordena no hacerlo.

Hoy, apenas comience la semana, Rosatti será el titular del Consejo. El presidente saliente del Consejo, el juez Alberto Lugones, ya liberó su despacho. Hay un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad, que inició esta causa, para que evite que se frene el funcionamiento del organismo.

La Corte se apresta a reunirse mañana para dictar una acordada ante la medida cautelar que obstaculiza la ejecución plena de su sentencia. Asimismo, dispondrá lo necesario para tomarles juramento a las nuevas consejeras, ya elegidas, y permitir que asuman sus cargos.

Hasta el domingo a la noche no habían sido enviadas invitaciones para jurar, pero todas la nuevas consejeras esperaban una señal de la Corte en ese sentido.

Los antecedentes

Este conflicto se inició cuando, a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura con la actual la integración de 13 miembros, impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora.

Entendió la Corte que la reforma de Cristina Kirchner provocó su desequilibrio en favor de la política (diputados y senadores) y en desmedro de los jueces, académicos y abogados, los cuatro estamentos que integran el Consejo.

Por eso, la Corte dio un plazo, que venció la medianoche del viernes, para que el Congreso dicte una nueva ley o que se regrese a la integración original de 1999, de 20 miembros, con más jueces, abogados y académicos, y menos legisladores. Y presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Vencido el plazo, el Gobierno fracasó en el Congreso y los bloques oficialistas no pudieron aprobar una nueva ley. Por eso se debe retornar al cuerpo de 20 integrantes.

Fueron elegidas dos consejeras abogadas (Jimena de la Torre, apoyada por Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, con el apoyo del oficialismo) y una consejera jueza (Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno), pero el Congreso aún no envió a sus dos consejeros políticos y resta elegir al consejero académico que complete el número.

El juez Alonso, a instancias de un diputado peronista, pero empujado por el massismo, dictó una medida precautelar que prohíbe al Congreso enviar a sus consejeros. Le dio así una salida política al kirchnerismo, que no quería legitimar esta integración del Consejo.

Para remover este obstáculo, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Alberto Garay, presentó un escrito en la Corte para reclamar que se aboque al caso y declare nulo todo lo que hizo Alonso. En paralelo, el radical Mario Negri prepara la presentación de un recurso de per saltum, firmada por quienes a su juicio deben ser los consejeros del Congreso: Luis Juez, por el Senado, y Roxana Reyes, de Santa Cruz.

La Corte se reunirá este martes para tratar los escritos del abogado Garay y el per saltum de Negri para despejar el obstáculo del fallo entrerriano. Basta con la firma de tres de los cuatro jueces de la Corte que votaron en forma coincidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti, que emitió un voto con sus propios argumentos, se encontraba la semana pasada en el exterior.

En paralelo, hoy se realizará la elección del consejero en representación de los académicos, pero también está cargada de controversias. En principio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales públicas de todo el país, reformó el mecanismo de elección de ese representante. Y dispuso que en lugar de que lo voten de manera directa los profesores titulares de las facultades de Derecho, lo vote de manera indirecta un colegio electoral.

La UBA objetó esta decisión y un grupo de profesores pidió una medida cautelar a la Justicia para que la elección sea de manera directa y no por vía de este colegio electoral. Pero ayer la Justicia rechazó el pedido y avaló la elección. Ya hay una candidata votada por los delegados, Pamela Tolosa, una profesora de la Universidad del Sur, apoyada por un sector del radicalismo y por el consejero Diego Molea, que también apoya a una de las abogadas elegidas.

Sin embargo, el máximo tribunal no está dispuesto a tolerar un alzamiento contra su fallo, de alto contenido político, por lo que busca despejar los obstáculos que la propia política, amenazada por esta decisión, viene dejando en el camino.

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