Carlos Rosenkrantz: "El tema del impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio"

Ricardo Lorenzetti fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El cambio inspiró un sinfín de interrogantes sobre el tribunal. ¿Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda forman una mayoría peronista contra Mauricio Macri? ¿Hay que reemplazar al administrador de la Corte y modificar el sistema de escuchas judiciales, como pide la diputada nacional Elisa Carrió?

¿A qué se debe la mala imagen de la Justicia? ¿Se está exagerando con las prisiones preventivas en casos de corrupción? ¿Y en los casos de delitos de lesa humanidad? Si Macri volviera a invitarlo, ¿Rosenkrantz volvería a almorzar a la Casa Rosada?

Mientras atardecía sobre la Plaza Lavalle, el presidente de la Corte Suprema se definió ante LA NACION en todos estos temas y se refirió a la exención de Ganancias de la que gozan los jueces: "La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio. El impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio".

- Lo han elegido presidente de la Corte. ¿Cómo interpreta el contexto en el que le toca actuar?

Mi nominación y la de Rosatti fueron importantes porque éramos dos miembros de cinco. De modo que las expectativas de renovación son altas, no es lo mismo uno de nueve que dos de cinco. El país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja. Y la de la Corte también. Pero cuando se pregunta a los que litigan en el sistema, la reputación sube notablemente. La baja reputación en parte es producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. Una de las cosas que el Poder Judicial tiene que hacer es comunicar mejor, hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor.

- ¿Por ejemplo?

El tema del impuesto a las ganancias. No quiero prejuzgar, solo establecer el marco de la discusión. La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio. No es la consagración de un privilegio, sino cómo se hace para que los jueces paguen ganancias sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido. La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía.

- Hablábamos de la imagen del Poder Judicial. ¿En qué medida no está condicionada por la mala imagen de muchos jueces penales federales de la Capital, que tienen responsabilidad en sancionar la corrupción de los gobernantes?

Seguramente la imagen que tiene el país de esos juzgados influye en la imagen que tiene el país de la Justicia. Es injusto imputarle toda la responsabilidad por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes que tenemos. Puede haber casos en los que las responsabilidades se pueden individualizar. Es verdad que la impunidad deslegitima el sistema penal. Pero para adjudicar responsabilidades debemos esperar sentencias definitivas. No deberían existir ni la impunidad ni la condena mediática. Además, los jueces no eligen ni remueven a los jueces.

- ¿Qué valoración hace de la causa de los cuadernos para la lucha contra la corrupción?

Con independencia de cualquier particularidad, esa causa puede representar un antes y un después.

- ¿Está de acuerdo con la figura del arrepentido?

Sí, porque sin esa figura se vuelve demasiado difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal.

- ¿Qué piensa del uso que se está haciendo de la prisión preventiva en causas de corrupción?

Le voy a decir un criterio sobre el que he fijado posición. En el voto que ratificó la prisión preventiva de Milagro Sala sostuve que la prisión preventiva debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse. Para prorrogar prisiones preventivas se necesitan referencias específicas a las constancias de la causa. La prisión preventiva nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso.

- ¿Eso incluye a los imputados por delitos de lesa humanidad?

La ley no establece distinciones. Y debe ser aplicada con principios neutrales sin importar la identidad de las partes.

- Vayamos a su rol como presidente de la Corte. ¿Tiene alguna prioridad en ese trabajo?

Yo quiero que la Corte sea el lugar en el que todo el país da por sentado que los conflictos se resuelven de acuerdo con el derecho. Es un ideal ambicioso porque el país dejó de creer en sus instituciones. Pero creo que es un ideal realizable, porque hay funcionarios ejemplares y porque los ministros del tribunal comparten este ideal. En cuanto al trabajo, el presidente de la Corte tiene funciones representacionales, administrativas y maneja el flujo de casos.

- ¿Usted se siente obligado a generar consensos?

No. El único consenso que se necesita es el de servir al derecho. Las disidencias, cuando están bien planteadas, nos ayudan a descubrir el camino correcto. Entre nosotros hay trayectorias distintas. Los jueces Maqueda y Rosatti tienen una larga experiencia política. Cuando yo asesoraba a Alfonsín en la Constituyente, ellos ya eran figuras estelares en el campo constitucional. Lorenzetti tiene una experiencia más parecida a la mía. Ligada al ejercicio de la profesión. La doctora Highton siempre fue jueza. Son distintas historias de vida y eso puede dar lugar a sensibilidades diversas.

- Acaba de decir que asesoró a Alfonsín. ¿No tiene usted también un pasado político?

Sí, pero no hice una carrera. Fui alfonsinista. Milité en Renovación y Cambio. Más confiado en la renovación que en el cambio. La renovación incluye la referencia al pasado, que no puede estar ausente de la construcción del futuro.

- Le recuerdo que gobierna una coalición que se llama Cambiemos...

(Risas) Bueno, yo estaba pensando más en la Corte que en el Ejecutivo. Pero creo que la idea vale para todos los campos...

- ¿Usted se siente llamado a liderar una mayoría?

Para nada. Eso sería faltarles el respeto a los demás ministros del Tribunal. Sería infantilizarlos. Por supuesto que cuando uno está convencido de la corrección de lo que propone intenta persuadir a los demás. Pero persuadir a otros es una atribución que tienen todos los ministros y que, de hecho, la ejercemos con asiduidad. Interpretar el funcionamiento de la Corte con el criterio de victorias o derrotas de mayorías y minorías, como si fuera el Congreso, es un grave error. El de la Corte es un ejercicio de razón, no de poder.

- Su participación, con la jueza Highton, en el almuerzo con el Presidente se leyó como una señal de debilidad y hasta de oficialismo. Si se repitiera la secuencia, ¿usted volvería a concurrir?

Por supuesto, sí. Nos pareció a todos que debía aceptarse la invitación del Presidente. En el acuerdo se decidió que la representación institucional le cabe a las autoridades. Con la doctora Highton sabemos que un almuerzo no compromete ni nuestra imparcialidad ni la independencia del tribunal. Fue un almuerzo frugal. Demasiado frugal. Conversamos sobre las necesidades presupuestarias del tribunal, la necesidad de aumentar los salarios y el estado de los tribunales. Hay que aclarar que en la Corte no hay mayoría de ningún tipo. O hay tantas como casos decidimos.

- ¿Sabe que en el oficialismo hay quienes esperan que usted sea más sensible que el resto a las necesidades del Ejecutivo?

Yo estoy seguro de mi independencia. No voy a entregarla pero tampoco la sobreactuaré, que también es una manera de dejar de ser independiente. A quienes no me creen, estoy seguro de que el paso del tiempo les demostrará su error.

- Ha habido acusaciones muy severas de Elisa Carrió contra el juez Lorenzetti. Algunas se refirieron a la conducta del contador Marchi, el encargado de la administración de la Corte. ¿Usted cree que son suficientes como para el reemplazo de Marchi?

La cuestión no es el contador Marchi sino cuál es el diseño de la administración para hacerla más eficaz, transparente y eficiente. Hay que hacer algunas reformas estructurales. Todos los ministros ansiamos una Corte más eficaz, transparente y eficiente, por lo que las reformas más tarde o mas temprano se lograrán.

- Otro asunto muy polémico ha sido el de la utilización incorrecta de las escuchas judiciales, que dependen de la Corte. ¿Usted propone algún cambio allí?

Es un problema que tenemos que tratar con seriedad. El gran desafío es si uno puede protocalizar las tareas para garantizar que se hace solo lo que un juez ordena, y eso depende del protocolo de acción y de la gente que está al frente. Yo me propongo esperar la auditoría que tiene el Congreso y después convocar a quienes están trabajando en el área para elaborar políticas que garanticen el control.

- ¿Qué le gustaría renovar en lo inmediato del funcionamiento del tribunal?

La Corte debe revisar las reglas de circulación de expedientes para hacer más ágil el trabajo. Ya lo hemos discutido en varias oportunidades a lo largo de los últimos años. En los próximos días lo pondré nuevamente en la agenda del tribunal. Intentaremos también anunciar con anticipación las causas importantes que serán sentenciadas a lo largo del año. De ese modo la labor de la Corte se hará más predecible y permitiremos que más gente interesada exprese su intención de participar presentando escritos como amigos del tribunal. Por otro lado, de ese modo se terminarán las especulaciones acerca de las razones que explican los tiempos del tribunal. Habría que mejorar también la educación legal. Hoy, buena parte de los recursos que la Corte analiza son rechazados por el incumplimiento de condiciones formales. Exceso de páginas, falta de documentación adjunta, etcétera. Muchos se quedan sin ser escuchados porque sus abogados son incapaces de prestar atención a las reglamentaciones. Esto no puede seguir así.

Rosenkrantz defiende su postura en el polémico pronunciamiento sobre el caso Muiña

-Durante la cumbre judicial del G-20 usted sostuvo que los jueces deben fallar con arreglo a las normas, despojándose de su ideología y de sus condicionamientos culturales. Supongo que Highton, Rosatti y usted siguieron ese criterio al beneficiar al represor Muiña con el cómputo del 2 x 1. Pero debió soportar una plaza en contra. ¿Qué sintió?

-Cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables. Elizondo echó a Zidane en el Mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo mismo debe hacer un juez. El 2 x 1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna.

-¿Cree que un juez puede aislarse tanto de la opinión de la mayoría?

-Hay dos tipos de jueces. Los que quieren determinados estados de cosas para los que el derecho y sus tradiciones de interpretación son obstáculos que hay que salvar. Y los que solo creen que deben juzgar a la luz del derecho y las tradiciones de interpretación. Estos últimos, entre los que me incluyo, creen que la responsabilidad de cambiar el estado de cosas es de los órganos representativos de la voluntad popular.

-Eso puede dar lugar a algún malentendido. Por ejemplo: como no estoy de acuerdo con el 2 x 1, espero que el Congreso cambie la ley y desisto luego de conceder ese derecho. ¿Eso no violaría el principio de que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente?

-Claro. Debemos recordar que los jueces somos los garantes de que los demás poderes no tomen decisiones inconstitucionales.

-No me respondió qué sintió cuando se llenó la plaza en contra del fallo.

-Yo tuve el honor de colaborar en los comienzos del restablecimiento de la democracia en la tarea que se realizó a favor de restaurar el respeto por los derechos humanos. Mis emociones estaban en la plaza. Pero yo no juré por mis emociones, juré por la Constitución y las leyes. En este contexto, debemos reflexionar mucho sobre el poder que tiene un juez en la Argentina.

-¿Por qué?

-Porque somos muy poderosos. Podemos declarar la inconstitucionalidad de las leyes. En otros países solo lo pueden hacer tribunales especializados. Somos elegidos de por vida. En otros países la elección es por términos más reducidos. No estamos constreñidos por la regla del precedente, no existe una comunidad jurídica que nos controle y tampoco una sociedad civil que nos someta a un escrutinio muy severo.

Por Carlos Pagni

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