Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.

Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.

El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.

Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.

“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.

La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.

Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.

“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.

Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.

En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.

Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó LA NACION, el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.

Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (...), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.

Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.

Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso LA NACION.

Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.

La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.

La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.

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