Casos que ponen en duda la validez de la cesión de las tierras a los mapuches en Mendoza

Tres casos ponen en duda las atribuciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un órgano administrativo del Estado nacional, para desconocer fallos de la justicia provincial y fundamentar la cesión de unas 25.000 hectáreas del sur de Mendoza a comunidades que reivindican un origen mapuche.

Inmerso en ese tema está el exsenador nacional Ernesto Sanz, que ejerce desde hace unos años su profesión de abogado en San Rafael. Interviene en los juicios por la propiedad de las tierras, en representación de dos de las empresas afectadas. En diálogo con LA NACION, cuestionó los títulos de “propiedad comunitaria” que pretende valida rel INAI.

“Está totalmente desvirtuada la cuestión aborigen. El INAI construye identidades originarias que no son tales y asigna posesiones virtuales, que tampoco son reales. Inician un expediente en el INAI y, así, ya cuentan con la protección jurídica de la ley 26.160″, advirtió el doctor Sanz-

Sanz considera grave que “un órgano administrativo nacional se ponga por encima de la Justicia provincial” y ataca las resoluciones del INAI que convalidan las cesiones.

“Dos de las resoluciones del INAI se ponen por encima de fallos judiciales y la tercera intenta incidir en un juicio en trámite, lo que es totalmente inválido”, sostuvo el exlegislador radical.

Como abogado, Sanz representa a Sominar SA, una empresa minera de capitales argentinos, propietaria de 328.400 hectáreas, conocidaa como Estancia El Sosneado, y al holding Valle de Las Leñas, que agrupa a otras sociedades, con 488.500 hectáreas, donde se encuentra el conocido centro de esquí.

Sanz contó que todos los conflictos tienen el mismo origen. “Los ocupantes de las tierras son familias de puesteros con muchos años de permanencia en el lugar, bajo una relación de arrendamiento. Renovaban los contratos periódicamente y las compañías propietarias de las tierras se las alquilaban por dos pesos”, relató. Y explicó que siempre quedaba claro que las tierras pertenecían a la compañía.

Y dijo que a partir de 2010, con la expansión del kirchnerismo, se encendió la “primera luz amarilla”, con el caso de la familia Verón.

“Al morir uno de los puesteros, su hija Nilda Verón, que vivía en El Sosneado, se negó a renovar el contrato de arrendamiento con Sominar. Tal vez con influencia del kirhnerismo, la asesoraron para que armara una comunidad originaria y se quedara con las tierras”, reveló Sanz, quien inició un juicio de desalojo.

“Al contestar la demanda, Nilda Verón ya se llamaba Warke, un título de jefa dentro de una comunidad mapuche y había iniciado los trámites para fundar la comunidad Lof El Sosneado”.

Si bien todavía hoy esa comunidad no tiene personería jurídica, el INAI reconoció la ocupación originaria de las tierras que reclama como propiedad comunitaria.

“El juicio de desalojo le dio la razón a Sominar y quedó demostrado que nunca hubieron mapuches en esa zona”, aseguró el letrado. Sin embargo, el fallo se encuentra en la Suprema Corte de Mendoza, a la espera de sentencia.

La resolución 47/2023 del INAI afecta, en tanto, una propiedad que pertenece a Las Leñas. “El INAI se excedió en sus competencias y actuó por encima de la Justicia, en un juicio en trámite, decidiendo sobre la posesión”.

A diferencia del caso anterior, la comunidad Lof Limay Kurref tiene personería jurídica.

El tercer caso se refiere a Elio López, que tiene un negocio frente al hotel Lahuencó, pero reclama tierras y se hace llamar Lonko Hue. La propia resolución de la Corte puso en evidencia sus contradicciones. “Pasó de un juicio laboral a uno por usucapión, y luego se convirtió en mapuche”, reveló.

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