Causa Cuadernos | Rechazan un planteo de Cristóbal López para anular la confesión de un financista clave en la trama de las presuntas coimas

El empresario patagónico Cristóbal López sufrió otro revés judicial en su intento por derribar la acusación que afronta en la llamada “causa Cuadernos”. Esta vez, el Tribunal Oral rechazó su planteo para anular la confesión del financista Ernesto Clarens, quien resultó decisivo para que lo imputaran y procesaran en esa investigación.

Los camaristas del Tribunal Oral Federal Número 7 -Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero-, concluyeron que la petición de López y sus abogados no podían prosperar en esta instancia, más allá de que pudieran volver a invocarla durante las audiencias del juicio, donde además podrían presentar nuevas objeciones, plantear nuevas nulidades e interrogar a Clarens y otros “arrepentidos”.

“Más allá de las conjeturas que hace el incidentista [por López y su defensa] sobre las razones que, a su juicio, llevaron a Clarens a declarar del modo en que lo hizo, no ha aportado argumentos novedosos de peso”, concluyó el Tribunal, para luego reafirmar que la instancia oral “es el ámbito natural de discusión y que caracteriza a nuestro sistema procesal (con sus conocidas notas de oralidad, publicidad, concentración, inmediación) de acuerdo a la Constitución Nacional”.

El empresario patagónico había cuestionado la confesión de Clarens, financista clave para entender el sistema de recaudación delictiva que se montó alrededor de los Kirchner, la cartelización de la obra pública y muchos otros negocios ilícitos, al sostener que ofreció versiones distintas sobre los mismos hechos en las tres declaraciones que brindó en los tribunales federales de Comodoro Py.

López cuestionó, además, que el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadío no hayan registrado en video o audio las audiencias en las que Clarens declaró, de modo de tener certeza fehaciente de lo que dijo y de cómo se desarrollaron esas audiencias. Alegó que eso afectaba su defensa como acusado en el capítulo del “caso Cuadernos” que se centra en la presunta cartelización de la obra pública.

“Si contáramos con medios aptos de reproducción de las declaraciones podríamos observar con detalle lo exactamente sucedido para llegar a tales afirmaciones –argumentó el dueño del Grupo Indalo junto a Fabián de Sousa-. La carencia de esos medios aptos de registro nos impide el control y contradicción efectiva de esa situación.”

El planteo de López se topó con la negativa del Tribunal Oral, en línea con la decisión de la Cámara de Casación Penal –la máxima instancia penal del país, sólo por debajo de la Corte Suprema- de rechazar planteos similares de otros procesados en la “causa Cuadernos”.

López también sostuvo que tanto la confesión de Clarens, dueño de la financiera Invernes, como los actos procesales que derivaron de su declaración y de la documentación que aportó, son “frutos del árbol venenoso” y que, por tanto, deberían ser declarados nulos, retrotrayendo la investigación a la etapa anterior.

¿Cuál fue uno de los ejes en que se centró la defensa de López? En el llamado “Anexo 6″. Es decir, un registro personal que Clarens aportó en su tercera declaración y que sirvió para reafirmar lo que había declarado en sus anteriores dos declaraciones. “Si se trataba de sus anotaciones personales y de casos respecto de los cuales tenía la máxima certeza” -argumentaron los letrados de López- “es paradójico que no lo haya declarado y presentado en la primera oportunidad y que ni siquiera haya aportado o se le hayan requerido”.

Tanto ese, como los otros argumentos defensivos, sin embargo, fueron desechados por los jueces del TOF 7. “Las declaraciones prestadas por Ernesto Clarens no han omitido ninguna forma que merezca tal remedio procesal”, estimaron Méndez Signori, Castelli y Canero que, por tanto, concluyeron que “la nulidad [planteada por López] carece de asidero”.

Además de los planteos de las defensas, el TOF 7 lidia desde hace años con la falta de recursos e infraestructura para avanzar con el juicio oral de un expediente que tiene más de 420 cuerpos, además de cerca de 240 cajas con documentación y evidencias, y que llevaría a 229 empresarios y exfuncionarios, entre otros, a sentarse en el banquillo de los acusados.

“Frente a tal magnitud de responsabilidades, el tribunal vio sus capacidades tanto de recursos humanos como de espacio físico colapsadas”, le alertaron Méndez Signori, Castelli y Canero a la Corte Suprema de Justicia en 2023, en línea con sus siete reclamos de más personal y espacio físico enviados desde 2019 a la misma Corte y al Consejo de la Magistratura.

El expediente se inició con las anotaciones que un chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, volcó en diversos cuadernos sobre los bolsos con dinero que recolectaba Roberto Baratta, por entonces número 2 de Julio de Vido, entre empresarios y lobistas, cuadernos que también quedaron bajo la lupa y afrontan cuestionamientos.

La investigación registró un impulso determinante, sin embargo, cuando múltiples acusados decidieron acogerse al régimen del “imputado colaborador” y obtener beneficios procesales y judiciales a cambio de confesar ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadío. Entre ellos, Clarens, quien prestó servicios a Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros, para lavar al menos US$160 millones, según surge de una investigación paralela que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita.

Dealer de euros y negociados

Proveedor de los billetes de 100 dólares y 500 euros que muchos empresarios entregaban luego a Daniel Muñoz y Claudio Uberti, entre otros colaboradores de los Kirchner, Clarens confesó en los tribunales de Comodoro Py que se movió con la ayuda de al menos un operador de la City porteña, Marcelo Vallarino. Y aludió al banco Finansur, la entidad que compró Cristóbal López y que cerró sus puertas en marzo de 2018.

En su tercera declaración, Clarens fue más a fondo: “Deseo agregar que un día José López [por entonces secretario de Obras Públicas] me llamó y me dijo que la Presidenta [por Cristina Fernández de Kirchner] le había dicho que se le adjudique una obra en el sur a Cristóbal López, creo que era la Ruta 40 tramo Perito Moreno - Bajo Caracoles, pero ya se había hecho la licitación. Entonces, me encomendó llamar a todos lo que habían comprado el pliego explicándoles que la obra era para Cristóbal López y que se tenían que hacer a un lado o acompañar. Finalmente, se la dieron a López”.

Clarens aclaró, no obstante, que había otros carriles de recaudación delictiva que lo excedían a él. “Ciertas empresas como [la constructora] CPC de Cristóbal López y Electroingeniería tenían línea directa. La recaudación no me la traían a mí”, precisó, dando a entender que tenían llegada a la familia Kirchner y su entorno más íntimo.

Para el TOF 7, los cuestionamientos de Cristóbal López a esos y otras afirmaciones de Clarens deberán esperar a la instancia oral para no vulnerar así “los derechos de las restantes partes y de la sociedad toda de debatir, por regla, en un debate oral y público, la inocencia o culpabilidad de las personas imputadas”.

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