Chubut: condenaron por corrupción durante una emergencia climática a exfuncionarios y empresarios

Un tribunal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a dos exsecretarios municipales acusados por el desvío de fondos en el marco de la emergencia climática que vivió esta ciudad en el año 2017.

Se trata de Abel Boyero y Rubén Palomeque, a los que se sumaron cuatro inspectores municipales -con penas que varían entre los dos y tres años de prisión, algunas en suspenso- investigados por haber falsificado informes sobre obras no ejecutadas. El entramado de corrupción y la lista de condenas sumó a 4 empresarios implicados en el fraude.

Los hechos ocurrieron durante la gestión como intendente del actual senador nacional por el PJ Carlos Linares, sobre el que no recayeron acusaciones. En 2017, Comodoro Rivadavia vivió el peor temporal de su historia: no hubo víctimas fatales pero sí daños en viviendas a raíz de una inundación sin precedentes que provocó el avance de un alud de barrio sobre viviendas y las principales arterias de conexión dentro del ejido urbano.

Además de Boyero y Palomeque, cuatro inspectores municipales fueron condenados a penas que varían entre los dos y tres años de prisión, algunas en suspenso. Se trata de Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen, quienes además fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia también alcanzó a los empresarios Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas, quienes deberán cumplir penas de entre tres y cinco años de prisión efectiva, además de pagar considerables sumas como reparación del daño causado.

La causa, que ahora tuvo su fallo en primera instancia, se denominó Emergencia Climática I. Se originó tras la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó a Comodoro entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017. En ese lapso cayeron 400 milímetros de lluvia, lo que se registra en todo un año en esta ciudad. El fenómeno climático generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.

El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo de Comodoro Rivadavia a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así, y con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contrataron desde el municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial.

En medio de la catástrofe y según la sentencia de primera instancia, se confeccionaron partes diarios fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.

El tribunal de debate fue presidido por Mariano Nicosia, e integrado por los jueces penales Martín Cosmaro y Carlos Tedesco. En el fallo aseguraron que “lo que hemos juzgado en esta causa son comportamientos delictuales que han hecho blanco en un bien jurídico, el patrimonio estatal, que se encontraba en una situación de particular vulnerabilidad y desprotección, por cuanto la situación de crisis humanitaria que afectaba a la comunidad, y el consecuente estado de emergencia en el que se encontraba la Administración Municipal por la celeridad que debía imprimir a la contratación de servicios de terceros, hacía que hubiera muy poca capacidad institucional de poner en práctica mecanismos de resguardo patrimonial”.

“No creo equivocarme cuando pienso que ‘el temporal de 2017′ constituyó una catástrofe social y humanitaria antes que climática. Fue una adversidad colectiva que sacó lo mejor de nosotros, porque nunca antes alcanzamos el grado de cohesión social de esos días”, dijo el juez Nicosia en su fallo, al referir a las muestras de solidaridad y redes de ayuda entre vecinos.

Y agrega: “sin embargo, después de rendida la prueba del caso, tenemos la certeza de que, también, hubo empresarios que decidieron aprovechar esa calamidad humanitaria, no para asistir a las víctimas sino para saquearlas, sustrayendo dinero público que estaba destinado a solventar tareas de remediación, valiéndose de la corrupción de un sector de funcionarios estatales encargados de la custodia de esos fondos”.

El mismo tribunal resolvió en la sentencia el envío de los antecedentes del caso hacia la Procuración General de la Provincia, para que considere la apertura de una nueva investigación penal, por hechos surgidos durante el proceso judicial cerrado en primera instancia.

Se trata de una nómina de otras 12 personas, entre empresarios y ex funcionarios con rango de secretarios, que podría derivar en la apertura de la causa Emergencia Climática II, tal como había anticipado en su momento el fiscal de la causa, Cristian Olazábal.

En ese caso, se deberá investigar la eventual comisión de delitos como falso testimonio, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones Ilegales y negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública, lo que involucra nuevamente al recientemente condenado Abel Boyero, por su doble rol de empresario y funcionario público.

La lista incluye a dos exfuncionarios de la gestión del exintendente y candidato a gobernador por el Frente de Todos en 2023, Juan Pablo Luque, quien era el vice de Linares durante el temporal cuyas consecuencias investiga la justicia. Es el caso de Germán Issa Pfister e Israel Cohen.

Se suman a la nómina Ángel Rodolfo Zanotti, Luciano David Soto, Pablo Andrés Menor, Marcelo Agustín Monsalve, Jeremías Ezequiel Moreno, Hernán Alberto Sáez, Rubén De Vadillo, José Silvino Garrido, Esteban Julián Astiz y Abel Horacio Boyero.

Por Ana Tronfi

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