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Cinco medidas de cara al voto de octubre
La elección tucumana, como varias este año, evidenció algunos problemas comunes a las instituciones electorales, que afectan dos principios fundamentales: la representatividad y la equidad.
La representatividad es la capacidad de un sistema político de construir la representación de modo eficaz. Si un votante debe elegir entre 110 listas a concejales, se complica discernir qué está eligiendo. Si además no está claro (acoples mediante) el vínculo de esas 110 listas con los 15 candidatos a la intendencia, también es difícil saber, una vez electos, a quiénes representan esos representantes y a quién exigirle qué.
La equidad es el principal déficit de casi todas las democracias, y se refiere a que ningún jugador disfrute de una ventaja indebida derivada de controlar un recurso escaso (principalmente, el dinero).
Paliar estos problemas requiere reformas legislativas nacionales y provinciales. Por ejemplo, en 21 provincias (entre ellas, Tucumán), la ley no obliga a auditar los gastos de campaña. No es realista implementar una reforma antes del 25 de octubre. Aun así, es posible hacer mucho de cara a la elección presidencial.
Uno: extremar las medidas para garantizar y cuidar las boletas, y reforzar los controles, desde el cuarto oscuro hasta el centro de cómputos. Por ejemplo, las Juntas Electorales podrían asumir un rol más activo en el despliegue de las boletas.
Dos: aumentar la cobertura del responsable de la justicia electoral en los 13.000 centros de votación, bien entrenados y con un protocolo de actuación ante situaciones críticas.
Tres: asegurar un esfuerzo uniforme en todo el país por reclutar y capacitar a las autoridades de mesa, especialmente sobre el escrutinio. Un estudio de Cippec mostró que en 2013 la mitad de los presidentes de mesa del Conurbano bonaerense no se habían capacitado. Esta tarea se facilitaría -y mejoraría la calidad del escrutinio- si los 24 distritos del país adoptaran un diseño uniforme para el acta y el telegrama. Hoy los documentos donde se vuelcan los votos a la Presidencia de la Nación difieren entre las provincias.
Cuatro: difundir información clara y completa sobre la oferta electoral, especialmente en las provincias que eligen cargos nacionales, provinciales y locales. Debemos garantizarle al votante algo básico: que pueda conocer todas las boletas (especialmente cómo están pegados los tramos de candidatos nacionales con los provinciales) antes de ingresar al cuarto oscuro.
Cinco: garantizar la equidad en la competencia durante la campaña. La ley electoral es laxa pero regula el uso de los recursos del Estado y los gastos de campaña. Un rol activo de los fiscales electorales en el control contribuiría a fortalecer la equidad.
Los partidos políticos, la justicia electoral y la Dirección Nacional Electoral podrían suscribir una agenda de medidas para los próximos 60 días que fortalezcan la integridad de la elección presidencial más reñida de los últimos 12 años.
La autora es directora del Programa de Instituciones Políticas de Cippec
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