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Citan a indagatoria a Cristóbal López y Fabián de Sousa por otra retención de fondos multimillonaria
Deberán declarar por la presunta apropiación indebida de los aportes previsionales de los empleados de su holding de medios
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Mientras las miradas se concentran en el juicio oral que afrontan por la petrolera Oil Combustibles, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa lidian con otra investigación por la presunta retención indebida de fondos. También por sumas millonarias. Y también hubo novedades.
El juez en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway citó a indagatoria a López y De Sousa por la presunta apropiación indebida de los aportes previsionales de los empleados de una de sus empresas de medios, DH Com, como también del impuesto a las ganancias de esa compañía.
López y De Sousa deberán presentarse a declarar el 1° y 2 de diciembre próximo, a las 10.30, para explicar por qué se quedaron con esos aportes de la seguridad social y los impuestos desde octubre de 2013 -es decir, durante el kirchnerismo-, y hasta noviembre de 2017, cuando su conglomerado de empresas vinculadas a la comunicación ya se encontraba en concurso de acreedores.
Galván Greenway avanzó así con las indagatorias que estaba previsto que se desarrollaran en 2019, pero que quedaron en una impasse que luego se prolongó por la pandemia.
Tanto López como De Sousa deberán acudir a los tribunales ubicados en la zona de Retiro, sobre la Avenida de los Inmigrantes, al igual que Mariano Frutos, uno de sus máximos colaboradores en el área de medios.
En el expediente, López, De Sousa y Frutos ya se encuentran con sus procesamientos confirmados por la retención indebida de aportes a los empleados de otra empresa del holding de medios de comunicación, Telepiú, controlante de señales como C5N, Radio 10 y One, entre otras.
La Cámara de Apelaciones también confirmó los embargos que afrontan los empresarios y que en su momento dispuso la jueza de primera instancia María Verónica Straccia, y que llegaron a los 250 millones de pesos.
Ya en septiembre de 2018, Straccia se declaró incompetente para continuar con la instrucción de la causa, que pasó a manos de su colega, Galván Greenway, quien ahora impulsó las indagatorias de López y De Sousa por lo ocurrido en otra de las empresas de medios del holding, una de las más pequeñas, llamada DH Com, con una retención indebida de fondos que podría rondar los $200 millones.
Según reveló LA NACION en 2016, López y De Sousa evitaron pagar los aportes previsionales de sus empleados en una lista larga de empresas. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que comparten con Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación.
“Apalancamiento”
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios implicó, en la práctica, otra fuente de financiamiento o “apalancamiento” a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
Ahora, en tanto, en la investigación por DH Com -y a diferencia de lo ocurrido" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo"> a diferencia de lo ocurrido en el juicio oral por Oil Combustibles- la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúa como querellante, rol que comparte con el abogado de los perjudicados, Gonzalo Espinosa Paz.
Titular de la señal de FM Pop Radio 101.5, la empresa DH Com contaba con pocos empleados registrados; por un lado, porque su personal solía emitir facturas; por el otro, porque varios de sus empleados trabajan también para otras empresas del holding -en particular, Telepiú-, en el que ya estaban registrados.
Para la Justicia, ahora tanto López como De Sousa deben explicar por qué no hicieron los aportes jubilatorios ni tributaron por DH Com desde octubre de 2013, retención que continuaron durante años.
En el caso de Oil, los empresarios comunicaron que consolidaron su deuda fiscal con dos planes de pagos a 97 cuotas que suman más de $12.700 millones y que deberán devolver durante los próximos años, con una tasa de interés fijada por debajo de la inflación.
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