1
Clases. Tras un fuerte debate parlamentario, el oficialismo ratificó el decreto presidencial
La oposición no suscribió el dictamen y criticó al Gobierno por pretender “gobernar por decreto” y violar la autonomía de la Capital
5 minutos de lectura'
LA NACIONLaura Serra
En medio del conflicto desatado entre el Gobierno y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la continuidad de las clases presenciales, el oficialismo y Juntos por el Cambio protagonizaron esta mañana un fuerte debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, convocada por el Frente de Todos para blindar el último decreto de necesidad y urgencia (el DNU 241/2021) por el que el Poder Ejecutivo dispuso una serie de restricciones en el AMBA para enfrentar la segunda ola de la pandemia.
Los legisladores de Juntos por el Cambio enfatizaron que dicho decreto es inválido porque el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para dictar medidas de carácter legislativo, menos aún para restringir las libertades individuales. Además, cuestionaron por inconstitucional la violación de la autonomía de la Capital al pretender suspender las clases presenciales.
“Este país está siendo gobernado por decreto –enfatizó el diputado radical Gustavo Menna-. Desde que asumió Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo dictó 134 decretos, de los cuales 96 son de necesidad y urgencia. No podemos permitir que se naturalice esta práctica. Acá estamos edificando un César que gobierna por decreto”.
El senador oficialista Mariano Recalde refutó con dureza los argumentos opositores. “Quienes dicen que hay que esperar todo el trámite legislativo para dictar medidas de emergencia están atentando contra la vida”, retrucó, y embistió contra Rodríguez Larreta y los líderes de Pro, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “El presidente tomó una medida moderada, con un cierre acotado de algunas actividades. Acá hay una decisión de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta de utilizar la autonomía de la ciudad con fines electoralistas poniendo en peligro la salud de la gente”, asestó.
Los legisladores de Juntos por el Cambio rechazaron, con argumentos reglamentarios y constitucionales, la decisión del oficialismo de apurar la ratificación del decreto. El mendocino Omar de Marchi (Pro) advirtió, por caso, que el protocolo actual que rige en la Cámara baja no habilita el despacho de dictámenes virtuales. Sin embargo, el oficialismo, comandado por el jefe de la Comisión Bicameral, el kirchnerista Marcos Cleri, impuso su mayoría y finalmente aprobó el dictamen, el cual sería llevado al recinto del Senado la semana próxima.
De esta manera, el oficialismo buscará blindar el DNU al bloquear cualquier posibilidad de que pueda ser rechazado por el Congreso.
Ni bien arrancó el debate en la comisión, el diputado oficialista Pablo Yedlin justificó el decreto presidencial a partir del inusitado aumento de los contagios en las últimas semanas, sobre todo en el área metropolitana.
“Queremos evitar que el sistema de salud colapse para que la letalidad de esta enfermedad no se dispare y nos dé tiempo a poder seguir vacunando, con las condiciones que el mundo tiene hoy para vacunar”, enfatizó el diputado tucumano, médico de profesión.
Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) planteó que la emergencia provocada por la pandemia no justifica que el Poder Ejecutivo reemplace al Congreso en su función de legislar.
“No existe razón alguna para que el Poder Ejecutivo sustituya al Congreso en el rol de legislar sobre todo cuando se trata de imponer restricciones tan severas a los argentinos –advirtió-. El decreto es invalido. Las restricciones deberían haber sido discutidas, analizadas y eventualmente aprobadas por el Congreso y no imponerse por la sola autoridad del Poder Ejecutivo.”
El legislador también cuestionó el avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía porteña. “Hizo uso de un poder de policía que no le correspondía. Está clarísimo que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución de regular en materia de educación; esta es una potestad exclusiva de las provincias y de la ciudad autónoma”, sostuvo.
La catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente de Todos, respondió indignada. “¡A alguien se le ocurre que el presidente cierra por gusto las escuelas, pagando el costo político y cuando todos somos conscientes de la importancia de la educación!”, retrucó. La senadora enfatizó que la emergencia no admite demoras y justificó el dictado de los decretos.
“La pandemia existe y hay que tomar medidas sanitarias que van a ir cambiando día a día de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región. La urgencia en las cuestiones de salud es una realidad. Estamos frente a la imperiosa necesidad de preservar la vida y el sistema de salud, que no da abasto”, exclamó.
En la misma línea se expresó el senador José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, quien cerró el debate. “No estamos hablando de una situación administrativa, hay algunos que vienen con el tema del reglamento, es algo increíble. Las fuerzas políticas deberíamos dar el ejemplo, tenemos muchas disidencias, pero en este tema tenemos que buscar las coincidencias”, enfatizó.
Tras el debate, y pese a las quejas de la oposición, el oficialismo avanzó con la ratificación del decreto que, además de disponer la suspensión de las clases presenciales presenciales en el área metropolitana hasta el 30 de este mes, ordenó también el cese de la circulación desde las 20 hasta las 6 del día siguiente.
El DNU dispuso, además, que los bares, restaurantes y locales comerciales en general cierren sus puertas a las 19 y que los lugares gastronómicos solo puedan atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. Asimismo, prohibió la apertura de shoppings y centros comerciales, y la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.
El oficialismo también ratificó el decreto 235/21, anterior al 241/21, mediante el cual el Gobierno nacional ya había tomado medidas más restrictivas a causa de la segunda ola de casos de coronavirus. Ese decreto impulsa el teletrabajo; prohíbe los viajes de egresados y de contingentes y limita las reuniones sociales, entre otros puntos.
Más leídas de Política
2Quién es Eduardo Elsztain, el empresario argentino que tiene inversiones en las Islas Malvinas
3Solo en Off | Cuatro mujeres libertarias, en la danza de nombres para acompañar a Milei en 2027
4Incautaron más de US$360.000 en allanamientos por presuntas coimas vinculadas al astillero estatal Tandanor