Claudio Poggi denuncia que Alberto Rodríguez Saá vació las reservas provinciales tres meses antes de dejar el gobierno en San Luis

Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis, denunció que el mandatario actual, Alberto Rodríguez Saá, retiró 88 millones de dólares de las reservas provinciales en el Banco Nación y deja “sin fondos” al Estado provincial. Para la oposición provincial, se trata de un vaciamiento de los ahorros puntanos para pagar nuevos empleados públicos y dejar sin respaldo financiero a la nueva gestión, que asumirá en diciembre.

“El gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, tomó la decisión de vaciar las arcas provinciales, retirando los últimos 88 millones de dólares de reservas que el Estado provincial tenía en caja de seguridad. Culmina su mandato dejando a San Luis sin fondos y comprometiendo recursos de presupuestos futuros”, escribió Poggi en su cuenta de la red social Twitter.

“Pretende finalizar su mandato dejando tierra arrasada e intentando destruir la paz social de nuestra provincia. No tengan dudas de que, sobre las ruinas que deja este gobernador, desde el 10 de diciembre vamos a construir un futuro que le devuelva la esperanza y alegría a todos los sanluiseños”, concluyó Poggi en su mensaje.

Según informaron desde el Banco Nación, no es necesario que se emita una autorización desde la entidad para ese retiro, ya que los recursos y su disposición es un tema “netamente provincial”. LA NACION consultó a voceros del gobernador Rodríguez Saá por el retiro de fondos, pero no obtuvo respuestas.

Para la oposición puntana, la medida de Rodríguez Saá se conecta con la ampliación del número de empleados públicos en la provincia que busca el mandatario antes de dejar el cargo. El lunes, el Senado provincial dio media sanción a una modificación del artículo 11 de la ley de presupuesto 2023, que limita a 33.757 la cantidad de trabajadores estatales que el gobierno puede contratar y señala que “el Poder Ejecutivo provincial no podrá aumentar el número total de cargos”.

La nueva redacción elimina esa prohibición de forma expresa. “El Poder Ejecutivo provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos, y deberá priorizar la designación de aquellas personas beneficiarias del Plan Inclusión Social que se encuentren cumpliendo funciones en los establecimientos públicos, y que reúnan el perfil y función requerida. El aumento sólo podrá realizarse cuando se cuente con el recurso presupuestario correspondiente; asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos”, se lee en la modificación que avanzó en la Cámara de Senadores, pero ayer no se trató en Diputados porque la sesión se cayó por falta de quorum.

“Previo a la elección, Rodríguez Saá prometió contratar a gente. Estos 90 millones de dólares, que vienen de ahorros, permitirían pagarles. En 2015, él se quejaba de que había 20.500 empleados públicos”, reprochan en las filas de Poggi.

Después de ganarle las elecciones provinciales a Jorge “Gato” Fernández (candidato de Rodríguez Saá), Poggi advirtió sobre decisiones del gobernador que afectarían su próximo mandato. Entre ellas, la creación de 53 cargos en la Legislatura, y el nombramiento de dos funcionarios del gobernador como miembros del Tribunal de Cuentas y un Defensor del Pueblo. Las decisiones del gobernador tras la derrota provocaron una marcha en su contra liderada por Poggi, de la que participó el senador y hermano del mandatario, Adolfo Rodríguez Saá, aliado de Poggi en los comicios.

En San Luis, la restricción en la cantidad de empleados públicos provinciales y en los gastos corrientes dentro del presupuesto, para priorizar la obra pública, fue una de las marcas registradas del Estado provincial durante años. Desde 2004, en la provincia rigió la “Ley Permanente de Presupuesto” que imponía que el 50% de los gastos provinciales debían estar atados a inversiones de capital -infraestructura-, fijando el mismo tope para los gastos en personal.

Pero esa línea se cortó en agosto de 2020, cuando el gobierno de Alberto Rodríguez Saá logró aprobar en la Legislatura provincial un cambio en la Ley Permanente de Presupuesto, que suspendió la vigencia del inciso B del artículo 2, que señalaba que “el gasto corriente no deberá superar el 50% del presupuesto total”, tanto para el ejercicio 2020 como para el presupuesto plurianual 2021-2023.

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