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Condenaron a a seis años de prisión a un hombre que había detonado una artefacto explosivo en un local de La Cámpora
Fue en el marco de un juicio abreviado; el acusado también aceptó haber liderado una asociación ilícita destinada a “combatir ideologías por la fuerza y cometer actos discriminatorios”
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LA NACION
Un hombre de 50 años fue condenado a seis años de prisión por haber detonado un artefacto explosivo frente al local de La Cámpora en la ciudad de Bahía Blanca.
Por el hecho, que había ocurrido en la madrugada del 25 de mayo de 2021, el ciudadano Pablo Antonio Ceferino Dahua fue considerado responsable del delito de explosión con peligro común para los bienes por haber peligro de muerte para alguna persona y por dos hechos de fabricación o tenencia de materiales explosivos.
Además, en el marco de un juicio abreviado, Dahua también aceptó su responsabilidad por haber liderado por más de tres años una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor” y por haber cometido diversos actos discriminatorios.
Otro miembro de esa agrupación identificado como Francisco Rosales había sido condenado a su vez a tres años de prisión de cumplimiento condicional.
Dahua, por su parte, está detenido en el marco de otra causa por homicidio que tramita en la justicia penal bonaerense.
La decisión fue tomada el lunes último por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado de manera unipersonal por el juez federal Ernesto Sebastián, y dada a conocer este martes.
La explosión en el local de La Cámpora
Según se probó en el juicio, la madrugada del 25 de mayo de 2021, Dahua llegó hasta el local llamado “Ateneo Néstor Kirchner” (conocido en la ciudad por ser la sede de la agrupación La Cámpora) y utilizó un artefacto explosivo de construcción casera contra la fachada, lo que ocasionó que se desprendiera toda la persiana de hierro del inmueble. Además, varios locales comerciales cercanos quedaron con sus vidrieras destruidas.
Al llegar la policía, encontró a varios vecinos que también habían sufrido daños en sus casas por la onda expansiva.
Los efectivos observaron que en la vereda había panfletos que decían: “Políticos cínicos y corruptos. Sindicalistas millonarios y ladrones. Periodistas cómplices y militantes. Matan niños con el aborto. Hipersexualización a nuestros hijos –ESI y pornografía. Subvierten los valores naturales. Se pasan la Constitución por el traste. Traicionan a nuestra patria. Y cuantas razones más para empezar ‘la purga’ ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. Hartos!!! De todos ustedes”.
Según quedó establecido, el ataque al local fue cometido por Dahua junto con otra persona que no fue identificada aún. Para el tribunal, ambos actuaron “como parte de un colectivo radicalizado e intransigente en su ideología política con accionar violento”.
Tras la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, se pudo determinar el rol de Dahua y se solicitaron una serie de allanamientos, tanto en su domicilio como en el de su padre, en septiembre de 2024.
Allí se encontraron múltiples elementos para la fabricación de explosivos caseros que iban desde sustancias químicas como pólvora, nitrato de potasio, azufre, carbón y ácido muriático hasta baterías, detonadores, plaquetas electrónicas, handy talkies, celulares y sistemas de iniciación eléctrica.
En aquel momento, el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero había repudiado el atentado desde sus redes sociales. “Esto es muy grave. El odio pasó del lenguaje a los hechos. No tenemos que permitir que se naturalice la violencia en Argentina”, sostuvo desde sus redes sociales, al convocar a “toda la dirigencia política” a rechazar lo ocurrido.
La investigación
Para el fallo se tuvo en cuenta el hallazgo de revistas, panfletos y distintos elementos con simbología nazi, además de múltiple evidencia digital con contenido extremista, lo que reveló “la intencionalidad del hecho cometido dado por la elección del lugar como escenario del ataque perpetrado el 25 de mayo de 2021”.
En ese sentido, se indicó que la existencia y operatividad de “Nueva Soberanía” (donde Rosales cumplía funciones de reclutamiento) surgía también de informes y peritajes informáticos, donde se advirtió que se trataba de “una organización con estructura jerárquica, métodos de adoctrinamiento y una agenda de acción orientada a la imposición violenta de su ideario”.
De acuerdo con un trabajo realizado por la Dirección de Contraterrorismo del Ministerio de Seguridad provincial, la agrupación que integraban los imputados era “un grupo radicalizado de ultraderecha con ideas neonazis/fascistas” que operaba en Bahía Blanca y en otras localidades de diferentes provincias.
“Se identifican múltiples personas vinculadas, algunas con antecedentes de discriminación y expresiones de odio, así como con actividades relacionadas con la venta y distribución de material vinculado al nazismo”, se especificó en el informe.
En la causa también se hizo foco sobre un dispositivo que le secuestraron a Rosales, que estaba vinculado a varias cuentas de mail con alias de “contenido ideológico extremo” como una denominada “hitler.tenia.razon.hh@gmail.com”.
LA NACION
