Conflicto mapuche: se multiplican las denuncias judiciales, pero las causas avanzan lentamente y no hay condenas
En los últimos cinco años, los incidentes generaron decenas de causas en los tribunales de la Patagonia
PARA LA NACION
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las demandas territoriales de grupos indígenas, con sectores que se definen como mapuches y que muchas veces recurren a la violencia, multiplicaron en los últimos cinco años las denuncias judiciales en la Patagonia. Pero las investigaciones avanzan lentamente y encallan antes de alcanzar una resolución.
Los conflictos más relevanes involucran usurpaciones de tierras fiscales o terrenos privados, quema de viviendas, hechos vandálicos contra edificios públicos, amenazas y agresiones. Y si bien distintos funcionarios impulsan esporádicamente mesas de diálogo, la mayoría de las situaciones terminan en la Justicia y allí parecen empantanarse.
¿Cuáles son las causas judiciales abiertas vinculadas con conflictos territoriales y su estado actual?
Villa Mascardi
La comunidad Lafken Winkul Mapu usurpó en noviembre de 2017 tierras de Parques Nacionales en el kilómetro 2006 de la ruta 40, y luego fue extendiendo la toma a propiedades aledañas. Por las distintas usurpaciones y decenas de otros delitos denunciados en la zona existen múltiples causas abiertas, tanto en la provincia de Río Negro como a nivel federal.
La causa por la primera usurpación -entre el 10 y el 23 de noviembre de 2017- tiene siete personas imputadas: la fiscal federal Sylvia Little solicitó en julio del 2021 la elevación a juicio oral.
En ese momento, Parques Nacionales no acompañó el pedido de elevación a juicio y solicitó que antes se realizara una audiencia de conciliación. Sin embargo, como la comunidad Lafken Winkul Mapu mostró “nula intención de diálogo”, la administración que depende del Ministerio de Ambiente adhirió al pedido de la fiscal.
Y en octubre de 2021, Little solicitó a la jueza federal Silvina Domínguez elevar a juicio la causa por la segunda usurpación,del 25 de noviembre de 2017. Por esa causa, hay tres personas imputadas.
En otro expediente se investiga el crimen del joven Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017, durante un intento fallido de desalojo del predio: en esa causa hay cinco efectivos de Prefectura procesados.
En tanto, en la Justicia rionegrina, en septiembre del año pasado, se formularon cargos a dos hombres y una mujer integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu por la usurpación perpetrada el 1° de abril de 2020 en un predio perteneciente al Obispado de San Isidro, conocido como “Cabaña Hueche Ruca”, también en Villa Mascardi. Otras cuatro mujeres habían sido imputadas previamente por la misma usurpación.
A su vez, se espera que tres miembros de la comunidad mapuche vayan a juicio por lesiones leves calificadas perpetradas a un vecino de Villa Mascardi en el marco de un corte de la ruta 40 que se produjo el 25 de noviembre del 2020.
Cuesta del Ternero
Desde el 18 de septiembre del año pasado, miembros de la comunidad Quemquemtreu ocupan dos predios en la localidad ubicada a 30 km de El Bolsón. Si bien el lugar fue restituido a su ocupante fiscal menos de una semana después de la ocupación, algunas personas reingresaron al terreno.
Por el delito de usurpación hay seis personas imputadas: “Todos ellos, conjuntamente con otras personas aún no identificadas pertenecientes a la Comunidad Mapuche autodenominada “Lof Quemquemtreu”, ingresaron clandestinamente y despojaron de la posesión pacífica que se detentaba desde el año 1981, invadiendo el predio e impidiendo realizar las actividades forestales y ganaderas, cortando especies arbóreas, manteniéndose dentro del predio e instalando pancartas y una bandera mapuche”, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El 16 de diciembre, el juez de Garantías Ricardo Calcagno dispuso una orden de desalojo que sigue vigente.
En tanto, a fines de noviembre, Martín Cruz Feilberg (48) y Diego Alejandro Ravasio (44) fueron formalmente imputados en la causa penal por la muerte de Elías Garay (29) y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera (21), ambos integrantes de la comunidad mapuche Quemquemtreu. Los delitos que se les endilgan están agravados por el uso de arma de fuego.
Ambos acusados cumplen actualmente prisión preventiva en el Complejo Penal de Viedma, mientras el Ministerio Público Fiscal rionegrino avanza en la unificación de pericias que permitirán llegar a la instancia de debate oral y público. Según la acusación vigente, los dos imputados actuaron “en acuerdo de voluntades y convergencia intencional”.
La investigación penal preparatoria se extenderá durante los próximos dos meses y en marzo se llevará a cabo la audiencia de control de acusación.
El Bolsón
Durante el primer fin de semana de octubre de 2021, el Centro de Informes Turísticos de esa localidad (próximo a inaugurarse) fue incendiado, al tiempo que un predio de Vialidad Rionegrina ubicado en Bariloche fue atacado: tres encapuchados prendieron fuego dos máquinas viales y un depósito. En el lugar se hallaron mensajes amenazantes dirigidos a la gobernadora Arabela Carreras: “Fuera winkas terratenientes de wall mapu”.
Asimismo, el 30 de diciembre pasado, un grupo de manifestantes -muchos de ellos con la cara cubierta- vandalizó la oficina de Turismo de El Bolsón y realizó pintadas en las que se leía “Si desalojan Quemquentrew, #chau turismo”.
Por ese último hecho, dos mujeres fueron imputadas a principios de enero, mientras que desde el Ministerio Público trabajan en la individualización del resto de las personas que ingresaron a la oficina turística portando banderas mapuches. Los atacantes también impidieron durante algunos minutos que los empleados del lugar se retiraran.
A las dos mujeres imputadas, habitantes de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, se las acusa de los delitos de turbación de la posesión y daño agravado, ya que en interior del lugar se constataron cuadros y vidrios rotos, cámaras de seguridad, computadoras y monitores pintados con aerosol y golpeados con elementos contundentes.
Por ese ataque, se abrió recientemente una investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
Entre otras aristas, un estudio realizado por la consultora Trespuntozero durante diciembre de 2021 en Neuquén, Río Negro y Chubut analiza la percepción social sobre la gestión de los conflictos territoriales en la Patagonia. Entre los encuestados predomina la percepción de que tanto la Justicia (72,5%), como el Gobierno Nacional (65,9%), los gobiernos provinciales (65,4%) y las fuerzas de seguridad (51,9%) han actuado “mal o muy mal”.
Y sobre las posibles soluciones, el 32,5% de los encuestados considera que la Justicia debería condenar a los usurpadores, mientras que el 32% cree que debería llegarse a un acuerdo entre todas las partes y un 24,7% afirma que debería respetarse el derecho de los pueblos indígenas y permitirles que ocupen las tierras que reclaman.
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