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Ahora Carlos Raimundi dice que no rechazó el informe de Michelle Bachelet sobre violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela
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LA NACION
El representante argentino en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, negó que haya "discrepancias" en el gobierno de Alberto Fernández sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y contó que habló hoy con el Presidente para "sellar la posición argentina".
"Gracias a una gestión de Eduardo Valdés, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores en Diputados, logré intercambiar dos mensajes con el Presidente para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina, que tiene ser única y seria", afirmó el embajador, en diálogo con radio El Destape
La cancillería argentina tomó ayer distancia de la defensa del régimen del venezolano Nicolás Maduro que hizo Raimundi frente a la denuncia de violaciones de los derechos humanos que expuso la ONU.
"Hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos", había dicho Raimundi el martes, lo que provocó fuertes críticas de la oposición argentina y venezolana. La Cancillería dijo que no representaba la opinión del Gobierno.
"Dijeron que yo rechacé el informe de Bachelet. No se trató ese informe, sino el de otro organismo independiente de Naciones Unidas. Segundo, yo no tenía por qué rechazarlo. Nosotros hicimos comentarios desde la posición argentina, que es encontrar salidas pacíficas, no sumar sanciones", se defendió el funcionario.
Las críticas de Raimundi estuvieron dirigidas, según indicó, a un informe publicado el 16 de septiembre, en el que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela detalló que el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su gobierno estarían vinculados a posibles crímenes de lesa humanidad.
"La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado, desde 2014, graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad", había dicho, en ese entonces, la presidenta de la misión, Marta Valiñas. Los investigadores, incluso, habían alertado sobre la opción de darle intervención al Tribunal Penal Internacional (TPI) por tales hechos.
"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", había sostenido, también, Valiñas.
Unos meses antes, en julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había sentado su posición sobre la situación en Venezuela, al presentar un trabajo en el que denunciaba "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas". El mismo fue actualizado hace pocos días y según Raimundi "el informe de Bachelet es serio". En relación con el mismo, sostuvo: "Expresa violaciones importantes a los Derechos Humanos y Argentina no puede no estar preocupada por eso".
El representante argentino en la OEA dijo que el gobierno de Fernández "busca facilitar caminos de salida" a la crisis venezolana. "Esto hablé con el Presidente. Disipa cualquier operación de prensa", expresó. "Buscan ahondar grietas en el oficialismo argentino y nosotros tenemos que sellar la unidad del Frente de Todos", cerró.
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