Correo Argentino: Carlos Zannini rechazó la propuesta de los Macri y pidió la quiebra

El Gobierno rechazó hoy la oferta que presentó la familia Macri por el Correo Argentino para acordar con sus acreedores y pagarle al Estado nacional todo lo que le adeuda, al contado y en un pago, y le solicitó a la Justicia que, por el contrario, avance con la declaración de la quiebra de la empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde 2001.

En un escrito de 17 carillas, el procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, sostuvo que el Grupo Socma incurrió en numerosas “falacias” al presentar su propuesta, como así también en una “serie de planteos absolutamente improcedentes”, por lo que solicitó rechazarla.

Zannini remarcó, además, que el Grupo Socma tiene “la carga de aportar las conformidades en tiempo y forma” para alcanzar las mayorías requeridas para levantar el concurso, tarea que considera que tampoco alcanzó.

Ante esa situación, Zannini afirmó que el único camino dispuesto por la ley es que la jueza en lo Comercial a cargo del concurso, Marta Cirulli, decrete la quiebra del Correo Argentino, lo que conllevaría que el Grupo Socma deba afrontar las deudas con el riesgo latente de, en caso contrario, que la quiebra alcance al propio holding.

Para la Procuración, el último intento de los Macri por evitar la muerte comercial del Correo Argentino no fue más que una “reedición de cuestiones resueltas con carácter firme” en el expediente que, incluso, ya se encuentran “pasadas de cosa juzgada”.

El escrito firmado por Zannini llegó como respuesta a la propuesta que el Grupo Macri presentó la semana pasada. Le ofreció al Estado nacional “el pago íntegro (100% cien por ciento) del capital verificado y/o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”. Eso se abonaría, propuso, “en una única cuota con vencimiento a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.

El monto de la deuda que el holding mantiene con el Estado nacional, sin embargo, es objeto de todo tipo de cálculos. Si para el Grupo Socma apenas superaría los $ 1000 millones, para la Procuración podría rondar los $ 4300 millones, en tanto que un cálculo actualizado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal elevó ese monto –de haberse aceptado una propuesta anterior del Grupo Socma- hasta superar los $70.000 millones.

Sin entrar en la discusión sobre la cuantía de la deuda, de todos modos, Zannini objetó una premisa previa del Grupo Socma. “El Estado nacional no es acreedor hostil, ni abusa de su posición”, por lo que le pidió a la jueza Cirulli que rechace el pedido de quitarle al fisco su derecho a votar a favor o en contra de la propuesta que presentaron los Macri.

“El único objetivo del Estado nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino”, argumentó.

Propuesta de pago “superadora”

En ese sentido, Zannini afirmó que la nueva propuesta de pago que presentó el Grupo Macri es solo podría calificarse de “superadora” si se la compara con la que planteó en 2016, que calificó a su vez de “irrisoria” y que remarcó que fue desestimada por la Cámara en lo Comercial en diciembre de 2019.

Por el contrario, la Procuración defendió el procedimiento en curso de “cramdown”, durante el cual sostuvo que no se incurrió “en irregularidad de ningún tipo”, a pesar de las observaciones que había planteado el holding familiar.

“El salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad”, remarcó Zannini, “sino que se agota en las gestiones que haga el interesado para obtener conformidad y lograr un acuerdo”. Por eso, concluyó, la Justicia debe avanzar hacia la quiebra del Correo Argentino.

La jueza Cirulli deberá ahora definir los pasos a seguir ante las presentaciones de Zannini, como así también del holding familiar, que anteayer presentó un segundo escrito, en el que informó 35 acreedores más dieron su conformidad a su última propuesta. Contaría así con el respaldo de los acreedores que representan el 59% del capital total y cerca del 85% del capital verificado en el expediente. ¿Su meta? Lograr que la Justicia disponga la cancelación de su deuda con el Estado o, de no ser posible, que lo corra a un costado para cerrar el expediente que se inició en 2001.