Cortocircuitos entre Pro y los libertarios por las excepciones al negocio del tabaco en la ley de Bases

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar del proyecto de la nueva ley bases el capítulo vinculado a los impuestos que pagan las tabacaleras provocó un cortocircuito entre la Casa Rosada y el bloque de Pro en Diputados que conduce Cristian Ritondo.

En la bancada del macrismo hubo enojo por las acusaciones que circularon respecto a una supuesta resistencia de Pro a aprobar los cambios en los impuestos internos al tabaco. Ritondo negó a LA NACION que desde su bloque hayan reclamado a la administración de Milei que eliminara los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos para beneficiar a Pablo Otero, Tabacalera Sarandí, a quien Milei denominó como el “señor del tabaco” y acusó de hacer lobby para frenar los cambios.

Según indicaron autoridades del bloque macrista y fuentes de la UCR, los interlocutores que designó Milei para negociar con la oposición dialoguista -Nicolás Posse y Guillermo Francos- fueron quienes les comunicaron que habían decidido postergar el tratamiento del capítulo de las tabacaleras debido a la falta de consenso con los gobernadores y los distintos espacios opositores sobre los cambios en el tributo. Es una discusión con fuertes intereses cruzados ya que se trata de un negocio millonario.

“La posición de Pro es ni Massalin Particulares ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para buscar la evasión fiscal y suprimir la estructura de controladores que planteaba el Gobierno”, aseguró Diego Santilli a LA NACION. El diputado negó los presuntos vínculos con Otero, influyente en ese mercado.

La discusión sobre los artículos vinculados a las tabacaleras había desatado una guerra entre las empresas Tabacalera Sarandí (Red Point y Kiel) y Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros) por el impacto que tendrían las modificaciones en la normativa en las reglas de juego del sector. A su vez, la decisión del Gobierno de postergar la reforma que proponía Milei puso en pie de guerra al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El salteño está convencido de que “un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la ‘casta’”.

“No claudique ante las presiones que usted mismo ha atacado en público”, le pidió Sáenz a Milei.

Frente al revuelo político, el bloque de Pro salió a despegarse de las presuntas gestiones para frenar los cambios en la ley. Y afirman que promovían aumentar la presión fiscal para desalentar el consumo de tabaco y fijar un precio mínimo. “Nos informaron en una reunión en la Casa Rosada que retiraban el capítulo de las tabacaleras porque quieren que se trate aparte, ya que es un tema que requiere un nivel de profundidad, análisis y debate mayor que el que puede darse dentro de la ley bases”, indicaron desde las filas del macrismo.

El Pro, a través de Santilli, había impulsado una propuesta para quitar el Impuesto Interno Mínimo para terminar con “las distorsiones” que provocó la reforma implementada por Macri en 2017.

La iniciativa que elevó el macrismo planteaba aumentar la presión del impuesto ad valorem en un cinco por ciento. Es decir, volver al esquema anterior a la reforma de 2017 que hizo Mauricio Macri y fijar el gravamen en el 75%. Aseguran que su propuesta replicaba el modelo que se aplica en Estados Unidos o Brasil, que fijan un gravamen de entre el 75% y el 82% para el tabaco, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con el modelo americano o brasilero, proponían establecer un precio mínimo del tabaco -8 dólares en EE.UU.-, y establecer “mecanismos que eviten la evasión de este impuesto”. Además, consensuaron aumentar las penas por contrabando y otras prácticas ilegales en el traslado y despalillado.

“No estamos de acuerdo con un ejército de burócratas yendo por cada puesto de venta del país para fijar un precio. Es impracticable, discrecional y generaría un gasto público enorme”, apuntaron.

En Pro reconocen que la reforma desató una guerra entre las tabacaleras nacionales y multinacionales. “Es importante terminar con el esquema actual que genera esas distorsiones y avanzar en una nueva ley, como tiene Brasil o Estados Unidos, que permita un marco claro y más justo para todos los jugadores”, señalaron.

En las filas de Pro también circuló un fragmento de una entrevista que concedió José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a LN+ después de que se cayera la ley ómnibus en Diputados. “Señores de Massalins: si quieren un monopolio para los que fuman ‘pucho’, díganlo, en lugar de mandar una ley hecha para ustedes”, señaló Espert.

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