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Crece la presión del kirchnerismo por un salario universal que costaría $825.000 millones al año
Como no avanzaría en el Congreso, organizaciones sociales y legisladores afines a Cristina Kirchner reclaman al Presidente que lo saque por decreto; alcanzaría a 13,9 millones de personas
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LA NACIONMariano Spezzapria
Algunas bancas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados aparecieron hoy “adornadas” por un cartel que reclamó por un “salario básico universal ya”. El proyecto, presentado por Itai Hagman, afín a Juan Grabois, cuenta con el respaldo político de Cristina Kirchner, pero eso no es suficiente como para que sea aprobado en la Cámara baja. Por eso, la vicepresidenta le planteó directamente a Alberto Fernández que avance con la puesta en marcha desde el Poder Ejecutivo. Esto es, que use la lapicera.
De acuerdo a las cuentas que hacen los diputados con pertenencia a las organizaciones sociales oficialistas, el salario básico universal tendría un costo fiscal bruto anual de $826.068 millones, lo que equivaldría al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Eso le saldría al Estado la creación de una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena”, ya sea que se desempeñen como “cuentapropistas” o en la “economía informal”, según explica el proyecto.
De acuerdo a la letra de la iniciativa, que se basó en el trabajo del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) que dirige Hagman, el Salario Básico Universal (SBU) se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto, que en mayo pasado fue estimada en $14.401. Grabois, a quien responde políticamente el diputado Hagman, exigió este martes que el proyecto salga “por decreto”, porque “es hora de actuar” para “recuperar -según denunció- un poquito de lo que nos robaron”.
En los estudios técnicos en los que se basa el proyecto kirchnerista, que la vicepresidenta puso sobre la mesa de Alberto Fernández en la cena de ayer en la quinta de Olivos, se calcula una “población objetivo total de 13,9 millones de beneficiarios”, si es que no se establecen límites por grupo familiar ni condicionamientos patrimoniales o de consumo. Mientras que esa cifra baja a 11,2 millones si se fija un tope de dos SBU por grupo familiar. La iniciativa también tiene un modelo más acotado para 7,5 millones de personas.
El objetivo del proyecto sería darle ingresos al 27% de la población adulta, de entre 18 y 64 años, con un foco de cobertura sobre “la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada”. La iniciativa de Hagman hace receptores del salario básico universal a “trabajadores desocupados, informales, monotributistas sociales, del sector agrario (trabajo temporario) y de casas particulares”; y también a “monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de $38.850 mensuales en 2022″.
“Vamos a empujar el debate nosotros”, aseguró el diputado sindical Hugo Yasky, uno de los firmantes del proyecto de Hagman junto a colegas oficialistas como Carlos Selva, Mónica Macha, Jorge Romero, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Verónica Caliva, Claudia Ormachea, Mara Brawer, María Rosa Martínez y Leonardo Grosso. Del lado de enfrente, Juntos por el Cambio ya avisó que no acompañará porque se pretende “romper la relación entre el esfuerzo y el salario”.
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