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Crecen las críticas al proyecto antipiquetes
Varias ONG denuncian un mayor número de causas penales y temen una escalada represiva
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El proyecto para regular los piquetes , que impulsa el Frente para la Victoria en el Congreso , reabrió el debate por la criminalización de la protesta. Además, desde un amplio espectro político -oficialistas incluidos- se expresó prudencia ante la posibilidad de que se habiliten acciones represivas con esta propuesta.
"Vemos en este proyecto un salto más, desde una política represiva que se viene dando en todo el país, desde hace bastantes años, que es la criminalización de la protesta social", explicó a LA NACION Nicolás Tauber, abogado de la CTA e integrante de la ONG Liberpueblo. Y agregó: "Después del asesinato de Kosteki y Santillán se pasó de una represión abierta a mecanismos más sofisticados de represión, como el procesamiento penal. Desde 2003 hubo un salto exponencial y ya no hay protesta social que no derive en una causa penal abierta".
Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en el Espacio Memoria Verdad y Justicia realizaron en 2012 un informe, en el que relevaron más de 4000 casos de procesamientos penales por acciones de protesta social. Sólo en la provincia de Neuquén, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a un pedido de la Legislatura, se indicó que el número de procesados por protestas alcanzaba a 950 personas.
Aunque no hay datos oficiales a nivel nacional, y algunas de las provincias en las que más causas hay tampoco ofrecen estadísticas públicas, quienes elaboraron el informe estiman que el número creció desde su publicación hace tres años.
En su informe 2013, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, abonó esta percepción, al señalar que "el principio de no represión no ha tenido un correlato en materia de no persecución penal de referentes sociales bajo los últimos gobiernos".
La abogada Myriam Bregman (PTS) indicó a LA NACION: "El número de procesados subió mucho en los últimos años, por eso estimamos que son hoy más de 5000; sin embargo, es difícil conocer el número exacto de causas abiertas porque hay muchas que van prescribiendo o los abogados defensores logramos que sean cerradas".
Esta preocupación por los procesos penales abiertos alcanzó incluso a la Cámara de Diputados bonaerense, integrada por una mayoría kirchnerista.
En marzo pasado, este cuerpo legislativo envió a la Justicia una nota en la que expresó "su preocupación por la reciente citación a indagatoria del diputado provincial Christian Castillo (PTS en el Frente de izquierda) y dirigentes obreros por parte del Juzgado Federal de Tres de Febrero". Esta expresión contó con el apoyo mayoritario de los diputados. La causa surge por un proceso penal iniciado tras los cortes de tránsito que se realizaron durante el paro nacional de noviembre de 2012.
"En la práctica, el Gobierno mantuvo hasta ahora una política de no intervenir de manera directa, pero hay una creciente tendencia a reprimir manifestaciones en el interior, con el auxilio en algunos casos de fuerzas nacionales, como ocurrió en Misiones, Chubut y Chaco", explicó el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular). Desde su perspectiva, el nuevo proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo busca "darle legalidad nacional al proceso de criminalización y represión que ya se da en las provincias".
A contramano de 2003
Varias organizaciones de derechos humanos y referentes del oficialismo salieron anteayer a cuestionar el proyecto de ley e indicaron que "expresa un espíritu contrario a los estándares que ha sostenido el Estado frente a la protesta social desde 2003". A modo de ejemplo, indicaron que en el marco legal propuesto "la manifestación realizada en apoyo de la ley de matrimonio igualitario hubiera sido caratulada ilegítima".
En la nota, que lleva, entre otras, las firma del CELS, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y los legisladores porteños Pablo Ferreyra y Maria Rachid, también indicaron que existe un peligro de que la norma derive en una nueva escalada represiva, al destacar que "el caso de Mariano Ferreyra muestra el rol que debe tener el estado en la protección de la vida de las personas que ejercen el derecho" a la protesta. Además, recordaron que aún hay casos irresueltos por "represión violenta de manifestantes".
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