Crímenes de odio en la Argentina: falta un cambio cultural para convertir las leyes en igualdad social

A Mónica Ortiz, una persona trans de 53 años, la encontraron muerta en su casa en junio del año pasado. La habían atado a la cama y su cuerpo estaba calcinado. El hecho ocurrió en Rosario, en la provincia de Santa Fe. La autopsia reveló la atrocidad con la que se cometió este crimen de odio: Mónica tenía siete puñaladas en la zona del tórax, cuello y abdomen.

Mónica era solidaria y muy querida en el barrio. Según relataron sus propios vecinos tras el crimen, era frecuente ver a niños de la zona en su casa, en donde ella solía darles de comer. Hasta el día de hoy no hay ningún detenido por el homicidio.

El caso es apenas un ejemplo de todos los crímenes de odio que ocurren en la Argentina.En noviembre de 2012 se aprobó la Ley 26.791, que introdujo modificaciones al Código Penal. Entre esos cambios, en el inciso 4º incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual de las personas, la identidad de género y/o su expresión.

Cifras que preocupan

Si bien no hay un relevamiento oficial que permita determinar cuántos crímenes de odio ocurren en la Argentina, la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, realiza un informe anual que da cuenta de estos hechos.

Según ese relevamiento, en 2016 hubo 31 crímenes de odio en el país. El informe aclara que no son datos exactos, ya que solo incluye los casos que fueron publicados en medios de comunicación o las denuncias que entran en la Defensoría.

“Encontrar los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades particulares, ya que por ejemplo no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odios de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales”, detallan desde la Defensoría LGTB. “Por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas y su pertenencia a esta comunidad”, añaden.

De las víctimas de crímenes de odio en 2016, el 77% eran personas trans, el 13% lesbianas y el 9% gays.

En tanto, el 43% de estos crímenes fueron homicidios, mientras que el resto fueron hechos de violencia física que no terminaron en muerte. Las víctimas mortales fueron 13: doce mujeres trans y una lesbiana.

En ese sentido, el informe destaca que “la violencia a la comunidad LGBT está particularmente dirigida a travestis, transexuales y transgénero mujeres”.

Violencia institucional

En los casos de violencia física que no terminan en homicidio, el informe detalla que el 33% de los victimarios eran personal de fuerzas de seguridad en funciones. Es decir, estos crímenes se encuadran en el marco de la violencia institucional.

Por otra parte, el informe da cuenta de que la mayoría de las víctimas tenía entre 30 y 39 años, aunque detallan que en la mitad de los casos no hay datos sobre la edad.

“Todos los casos que constituyen este porcentaje se corresponden con mujeres trans y tiene relación directa con el fenómeno de invisibilización de las mismas”, indican desde la Defensoría.

En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio, la mayoría ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Le siguen, los ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, luego, en la provincia de Salta.

Por último, el informe destaca que los casos relevados fueron catalogados como crímenes de odio porque:

• Han sido cometidos en contra de una persona de la diversidad sexual, con conocimiento previo por parte del agresor de la orientación sexual o identidad de género de su víctima.
• Han implicado el ejercicio de agresión o violencia con la intención de lesionar derechos, causar daño físico o psíquico y/o castigar.
• La motivación de la persona perpetradora ha sido el rechazo, el desprecio o el odio hacia la orientación o identidad de género asumida de la persona lesionada

“Estos relevamientos siempre son importantes para diseñar políticas públicas. Se están mejorando los canales por los que llega esta información. Hubo avances importantes en materia de leyes, con algunos retrocesos en los últimos años”, explicó María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y añadió: “Pero queda pendiente una batalla cultural para convertir esas leyes en igualdad social”.

*Este texto es parte del reportaje multimedia A NADIE LE IMPORTÓ, elaborado por la Unidad de Datos de EL TIEMPOen alianza con periodistas del Grupo de Diarios América (GDA) y colaboración desde Honduras.