Cristina Kirchner hizo 194 vuelos a Santa Cruz en los cuatro años como vicepresidenta, a cargo del erario público

Usó aviones de la flota presidencial y también taxis aéreos pagados por el Estado o naves de YPF, en general para vuelos desde la ciudad a sus casas en el Sur, sin agenda oficial

Durante los 12 años consecutivos del primer kirchnerismo el uso discrecional de los aviones presidenciales, que iban desde Buenos Aires a Río Gallegos o El Calafate, generó polémica y causas judiciales. Los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner marcaron un regreso a esa dinámica. No tanto por la actividad del Presidente, sino por el uso que hicieron tanto la primera dama, Fabiola Yáñez, como la propia vicepresidenta y, hasta hace unos días, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

El caso de Cristina Kirchner retrata la magnitud de este uso discrecional de la flota presidencial: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate, a 3000 kilómetros de la Casa Rosada y del Congreso. Para ello, la vicepresidenta no solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.

El gasto total de esos viajes -en promedio, uno por semana- le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.

La diputada Mónica Frade (Coalición Cìvica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.

Ahora LA NACION accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación -a cargo de la logística y traslados del primer mandatario- y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de -entre otras tareas- relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como “Flighradar24″) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.

El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02″ a toda aeronave que traslada a un vicepresidenta.

Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023.

Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al Sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados -cotizados en dólares- fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 -en plena pandemia- por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta el 15 de diciembre de 2020, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz: el fin de semana largo del 1 de mayo, el 2 y 7 de junio y el 25 de julio. Todos ellos en aeronaves de la Agrupación Aérea Presidencial. Con permiso de circulación por ser considerada “trabajadora esencial”, la expresidenta estaba autorizada a viajar, como cualquier funcionario, por motivos laborales. Sin embargo, en ninguno de esos casos tuvo algún tipo de agenda oficial.

Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” -esto es, vacías- tanto por haber tenido que ir a buscarla al Sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos.

El caso del T-10 y T-11 es curioso: son dos Learjet 60 que habían sido comprados originalmente por la Fuerza Aérea para realizar tareas de verificación aérea, pero fueron rápidamente derivados a Presidencia para traslados vip. Esta “apropiación” por parte de Presidencia de dos aviones que en primera instancia habían sido adquiridos para cumplir tareas relacionadas con la seguridad operacional argentina también fue denunciada ante la Justicia el 14 de octubre por la fundación Apolo, por considerar que el gobierno actuó en desmedro de la prevención de incidentes y accidentes de aviación.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini e incluye a otros asiduos usuarios de los emblemáticos Tango 10 y Tango 11: Yáñez, quien los utilizó para ir a visitar a su familia en Misiones, y Massa, quien los usó para recorrer el país durante su campaña electoral. El costo operativo de los 93 vuelos que realizó el excandidato en campaña, según calculan los expertos consultados, es de no menos de 2.378.074 dólares.

Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal): un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado como LV-KGJ. Este último avión le costó a la compañía 20 millones de dólares. Según fuentes consultadas, era el favorito de Cristina.

Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares sólo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la Bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.

El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la Ciudad de Buenos Aires a La Plata.

Cabe destacar que el uso de la flota aérea presidencial le genera al país más costos que los estrictamente operativos antes mencionados: hace que las aeronaves ingresen a mantenimiento programado antes de tiempo, se descompongan más o necesiten reparaciones menores y utilicen más combustible, entre otros gastos extra. De acuerdo a las licitaciones y contrataciones publicadas por el gobierno en el portal “Compr.Ar”, en este período el Estado debió comprar para la flota presidencial combustible extra, seguros de aeronaves y de hangar, mantenimientos programados, no programados, repuestos y catering. Este último incluyó productos premium de la más alta calidad para degustar a bordo, y un “menú infantil” pedido expresamente ya que, según lo confirmado por fuentes cercanas a LADE, Helena, hija de Florencia Kirchner y nieta de la vicepresidenta, viaja asiduamente con su abuela a Santa Cruz. De acuerdo a fuentes de Presidencia, Cristina viajaba, además de con su nieta, con una niñera, su secretario privado, un custodio y Simón, el caniche que le regaló el gobierno de Venezuela.

Así como el martes la vicepresidenta se despidió del personal del Senado, el próximo domingo, 10 de diciembre, deberá despedirse también de este beneficio.

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