¿Cuál es la “prueba nueva” y qué cambia en el frente internacional? Claves del anuncio de los abogados de Cristina Kirchner

La defensa de la expresidenta tiene listo un informe técnico que incorporará a la causa que abrió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pretende apuntalar su planteo general contra el fallo de Vialidad, que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo está firme y el año pasado se agotaron todos los recursos cuando la Corte rechazó la última queja de la defensa. Por eso, desde hace poco más de un mes, la expresidenta explora un camino incierto en el terreno internacional, cargado de interrogantes.

El informe todavía no fue presentado, aseguraron esta tarde.

Asegura que las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez (Grupo Austral) representaron menos del 1% de los desembolsos ejecutados desde una de las fuentes de financiamiento de Vialidad, mediante la cual la Justicia acreditó la participación de la expresidenta en el manejo de la obra pública.

Se trata de la “Fuente 14”, una nomenclatura presupuestaria asociada a un fideicomiso nutrido principalmente con impuestos al gasoil.

Es decir que, de esa fuente en particular, de la que se partieron 2.200 millones de dólares hacia varias empresas constructoras, Báez habría recibido poco más de 18 millones de dólares; un 0,85% del total.

El trabajo fue elaborado por especialistas de una consultora brasileña y utilizó como base una planilla de Vialidad que fue recientemente incorporada al juicio de los Cuadernos de las Coimas.

En ese otro proceso, la expresidenta y muchos de los empresarios favorecidos por la “Fuente 14″ son acusados de intercambiar coimas por obra pública.

Busca atacar uno de los ejes del fallo: el decreto 54/2009, que incorporó formalmente a Vialidad como beneficiaria de la “Fuente 14”. Los jueces del tribunal -y luego los de la Casación al confirmar la sentencia- entendieron que la expresidenta, al firmarlo, tuvo una participación directa en la maniobra.

El estudio busca relativizar la relevancia que la condena atribuyó al decreto. No menciona -como sí lo hicieron los jueces del TOF 2 en los fundamentos del fallo- el “incontrovertible” vínculo comercial que Báez mantenía con la familia Kirchner. Parte de esos hechos se investigan en la causa Hotesur-Los Sauces.

Por ahora, nada. La defensa presentará el informe antes de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se reúna en octubre.

Los abogados de Cristina Kirchner consideran que este nuevo elemento refuerza el planteo realizado tiempo atrás, pero por estas horas trabajan —especialmente el brasilero Rafael Valim— para que el caso de la expresidenta, que espera junto a muchos otros, sea atendido en las sesiones previstas para el próximo mes.

Nada garantiza que eso ocurra y por eso la estrategia es secuencial: si el Comité no trata el caso o el resultado es adverso, la defensa avanzará con un pedido de revisión en el país.

El Comité está integrado por 18 miembros y, en líneas generales, resuelve a través de una mayoría simple. La mitad de sus miembros se renueva cada dos años y en enero próximo habrá un recambio. Eso abre una particularidad: puede ocurrir que quienes habiliten el tratamiento del caso podrían no ser exactamente los mismos que después lo analicen.

Aun si el Comité le diera la razón a la expresidenta, quedaría abierta una discusión en torno a si la Justicia argentina debe o no adecuarse a ese eventual pronunciamiento.

Formalmente, el Comité emite un “dictamen”. Para la defensa de la expresidenta, la Justicia argentina está “constitucionalmente” obligada a respetarlo por los compromisos internacionales asumidos, aunque entre especialistas no está claro que esto sea así.

La Corte, de hecho, al referirse a otro órgano internacional (la Corte Interamericana) sostuvo que ese tribunal no constituía una “cuarta instancia” para revisar o anular decisiones jurisdiccionales estatales, sino que su intervención es “subsidiaria, coadyuvante y complementaria”.

El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.