Cuestionaron que Trabajo no controle los planes sociales

Hubo reparos de Camaño y de Caritas La idea de que Desarrollo Social maneje el programa de jefes y jefas de hogar generó dudas Sólo la cartera laboral tiene estructura en todo el país Presentan a Kirchner un informe crítico
Martín Dinatale
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23 de mayo de 2003  

Será uno de los principales sostenes del gobierno de Néstor Kirchner para mantener la pacificación social lograda desde aquel violento 20 de diciembre de 2001. Pero, a la vez, su erradicación paulatina significará un termómetro claro de que la economía real del país habrá mejorado.

Por todo ello, la decisión del presidente electo de traspasar el control del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, de la órbita del Ministerio de Trabajo a la cartera de Desarrollo Social, generó no pocos interrogantes.

Apenas unas horas después de que el designado ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció a LA NACION la decisión de traspasar al ministerio que conducirá Alicia Kirchner el megaplán social destinado a dos millones de personas desempleadas, tanto desde el consejo consultivo nacional -que controla el programa asistencial- como desde la actual jefa de la cartera de Trabajo, Graciela Camaño, se escucharon reparos.

Autoridades de Caritas Argentina, de la AMIA, de la Federación de Iglesias Evangélicas y cientos de organizaciones no gubernamentales congregadas en el Foro para el Tercer Sector (todas se encargan de controlar el plan de jefes y jefas de hogar) plantearon que "conceptualmente" puede ser atinado que un programa social sea manejado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero, inmediatamente, el director de Caritas Argentina, Eduardo Cerantes, destacó a LA NACION que "operativamente sería un error que el plan de desocupados pase a ser manejado por la cartera de la hermana de Kirchner porque el poder de control real del programa en todo el país sólo lo puede hacer el Ministerio de Trabajo".

Estructura nacional

Por otra parte, Camaño evitó una crítica frontal a la decisión del presidente electo. Sólo deslizó que "Duhalde pensó que sea Trabajo el ministerio que controle el plan de jefes y jefas desocupados porque es de los pocos ministerios que tienen la infraestructura nacional para llevarlo adelante. Tiene gerencias de empleo que administran, agencias territoriales que controlan y la Anses, que ofrece la depuración de datos".

Con ello, Camaño dio a entender que Desarrollo Social no podría contar con esa estructura nacional para controlar a los dos millones de beneficiarios repartidos en el país.

De todas maneras, Camaño agregó que "si el nuevo gobierno tiene otra estrategia para administrar este plan no será para desatenderla".

Caritas, AMIA, el Foro Social y las iglesias evangélicas -que integraron originalmente la Mesa de Diálogo Argentino- presentarán a Kirchner un crítico informe del megaplán social.

El texto del documento, que pudo obtener LA NACION, principalmente prevé un cambio conceptual de ese programa: propone modificar el carácter de "desocupados" de los beneficiarios por el de "indigentes". De esta manera, estiman que unas 600.000 personas que hoy reciben el plan de 150 pesos mensuales y que son pobres, pero no indigentes, serían dados de baja en forma paulatina para incorporar la misma cantidad de beneficiarios situados por debajo de la línea de la pobreza.

Se buscaría establecer la idea de "indigencia cero", en sintonía con el plan de hambre cero que impuso el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Según el parámetro del Indec, una persona considerada indigente es aquella que, para sostener una familia de cuatro personas, tiene menos de $ 624 mensuales, mientras que pobre se considera al que maneja un presupuesto de $ 716 mensuales.

"Por irregularidades, falta de tiempo o por un exiguo presupuesto, el plan de jefes y jefas de hogar dejó afuera a unas 600.000 personas que viven por debajo de la línea de pobreza, y por el cruce de datos que hicimos comprobamos que hay un 35% de los dos millones que hoy cobran el plan que no son indigentes", dijo Cerantes a LA NACION.

Además, el documento redactado por los gestores del megaplán social propone:

  • Impulsar la creación de una base única de beneficiarios que permita tener datos de planes sociales provinciales, municipales y nacionales en una misma red a fin de poder cruzarlos con facilidad y evitar la superposición de programas, como ocurre en la actualidad.
  • Utilizar los consejos consultivos del plan de jefes y jefas desocupados para realizar un control de los planes sociales de todo el país. En la actualidad, los consejos consultivos sólo controlan el plan social de jefes y jefas. Pero queda afuera el control de planes alimentarios y sanitarios de parte de la sociedad civil. Además, se propondría la creación de consejos consultivos barriales para realizar un seguimiento en aquellos municipios con una alta densidad poblacional y un territorio amplio.
  • Poner énfasis en el cumplimiento de la contraprestación laboral que deben realizar los beneficiarios y que en algunas provincias sigue siendo baja.
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