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De la Rúa, al borde del juicio oral por la causa del jardinero
La Cámara del Crimen rechazó nulidades presentadas por la defensa; sólo falta que el juez pida la elevación
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El ex presidente Fernando De la Rúa quedó hoy al borde del juicio oral y público por la presunta contratación de un jardinero para su quinta de la localidad bonaerense de Villa Rosa, quien por esa tarea habría cobrado su sueldo como empleado del ex Concejo Deliberante metropolitano.
La Sala I de la Cámara del Crimen desestimó las nulidades planteadas por Fernando Díaz Cantón, uno de los abogados del ex mandatario, por lo que se agotaron las instancias para impedir la concreción del juicio, según confirmaron a LANACION.com fuentes con acceso al expediente.
A un paso. Tras la decisión adoptada por los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi, sólo resta que el juez de instrucción Alberto Baños eleve la causa a un tribunal oral que se designará por sorteo, ante el cual de la Rúa deberá responder por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
Este expediente dio el puntapié inicial, hace diez años, al escándalo de los "ñoquis del Concejo Deliberante", en el que se reveló un mecanismo por el cual personas discapacitadas, carecientes y analfabetas aparecían como empleadas del cuerpo deliberativo comunal, sin saberlo.
Financiamiento. La fiscal Mónica Cuñarro, indicó que esa operatoria financió durante años la actividad de diversos partidos políticos en la capital.
José Pasó, el jardinero de de la Rúa, fue una de las personas que constaban en los registros del Concejo como empleado, cuando en realidad, según la fiscalía, desempeñaba tareas en la quinta del ex presidente.
En mayo de 2005 la Cámara de Casación rechazó un recurso de queja planteado por los defensores del imputado y en 2006 Cuñarro insistió en la elevación a juicio del expediente.
Pedido anterior. Los abogados del ex jefe del Estado presentaron entonces una serie de nulidades sobre la base de la presunta violación del derecho de defensa y del principio de congruencia, rechazadas ahora por la Cámara del Crimen.
La causa acumuló en estos diez años alrededor de 50 imputados, 80 cuerpos y dos oficinas abarrotadas de documentación, aunque sólo la impulsa la Fiscalía porque Aníbal Ibarra no sostuvo al llegar a la Jefatura de Gobierno porteño el rol de querellante que ejerció cuando era concejal.
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