Debe abrirse la discusión en el Congreso Nacional

El Gobierno resolvió cambiar el paradigma de subsidios a las empresas de servicios públicos. Hasta ahora subsidió a las empresas; ahora, con mejor criterio, va a subsidiar a los usuarios. Primero fue la quita de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural y al agua potable a empresas y usuarios residenciales a los que nunca se debió haber subsidiado por los altísimos niveles de rentabilidad y la situación económica social privilegiada.

Ahora se está preparando el camino para quitar el subsidio a los usuarios de trenes de pasajeros y colectivos del área metrolitana. El instrumento elegido para determinar la capacidad económica de los pasajeros es el SUBE. A través de ese sistema seguramente cruzarán datos con la AFIP, Anses, y Desarrollo Social. De esa manera, el Gobierno obtendrá la información para saber la capacidad económica de los pasajeros y tener un perfil de gastos del usuario a partir de la cantidad de colectivos o trenes que utiliza a diario, frecuencia, trayecto y horarios.

Todas estas cuestiones tienen una importancia tal que ameritan la inmediata participación del Congreso en la discusión y sanción de una ley que establezca la denominada Tarifa Social, que seguramente evitará caer en improvisaciones, en marchas y contramarchas y, lo que es aun peor, en injusticias sociales.

Además, el Congreso nacional está en deuda con los usuarios porque viene demorando inexplicablemente la sanción de la ley que regule el funcionamiento de la telefonía celular, consagrando a esta actividad como un servicio público.

La puesta en marcha a partir de marzo de la denominada portabilidad numérica será un paso importante, pero insuficiente para evitar abusos, como el aumento de las tarifas cuando se les ocurre a las empresas, con la única obligación de comunicar los nuevos cuadros tarifarios con 30 días de anticipación. Esto se hace sin obligación de presentar sus estructuras de costos, sin audiencias públicas y sin la intervención de ningún organismo oficial.

Revisiones

Por otra parte, el Congreso debe intervenir para que el Poder Ejecutivo explique por qué razón no se llevaron a cabo las revisiones tarifarias integrales cada 5 años, como se acordó en los procesos de renegociación de los contratos.

La normalización de los organismos de control de los servicios públicos privatizados no puede continuar demorándose por más tiempo. No es concebible en un país normal que existan entes intervenidos durante 22 años, como es el caso de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), y el resto de los organismos están integrados por funcionarios designados a dedo por el Poder Ejecutivo. La sanción de una ley que establezca la selección por concursos de antecedentes y oposición es una necesidad insoslayable en el actual proceso político nacional. Y esto no significa emitir un juicio de valor sobre la calidad y méritos de los funcionarios que hoy integran los entes de control.

Por último, el Congreso debería pedir explicaciones al PEN para saber por qué razones, después de haber aprobado casi por unanimidad en 2011 la ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga, éstas continúan aumentando las cuotas sin la debida aprobación de la autoridad de aplicación. Las cuotas aumentadas ilegalmente son las que comenzaron a regir a partir del 1° de diciembre de un 9,5%,y la anunciada a partir de mañana, del 5,5%.

Los servicios públicos tienen una importancia tal en la vida cotidiana que no deben ser discutidos únicamente en la soledad de algunos despachos oficiales, sino que debe abrirse el debate en el Congreso y en la sociedad, con la necesaria participación de las asociaciones de consumidores reconocidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

El autor fue diputado por el socialismo y hoy es representante legal de Consumidores Libres

Héctor Polino