Despidos y ajuste: el Gobierno avanza con el plan para achicar y reformular las empresas públicas antes de la ola privatizadora

Mientras apela a una mezcla de posibilismo y pragmatismo para desbloquear la negociación en el Senado para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno de Javier Milei avanza con el plan para reducir los costos operativos y reformular el perfil de las nueve empresas públicas que pretende privatizar de forma total o parcial, en caso de que, finalmente, consiga los apoyos en el Congreso para sancionar las reformas económicas del Presidente.

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo comenzó a preparar el terreno para la ola privatizadora al intensificar su política de recortes de gastos en empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, AySA o el Correo Argentino, que reciben aportes del Tesoro Nacional y son deficitarias, con el propósito de equilibrar sus cuentas. De esa forma, Milei pretende encontrar una vía para hacerlas más rentables y, a mediano o largo plazo, convertirlas en un negocio atractivo para el sector privado de cara al eventual proceso de venta integral, concesión o esquema mixto. Sin embargo, al Gobierno aún le queda un camino cuesta arriba para lograrlo.

Por el momento, se activaron miles de despidos de personal -el set de empresas a privatizar abarca un universo de unos 70 mil empleados-, y se abrieron programas de retiros voluntarios para achicar las plantas de un puñado de las nueve compañías que el Gobierno intentará desprenderse. A su vez, se ejecutan una batería de medidas, como planes de reestructuración o eliminación de cargos políticos, para ajustar los presupuestos de las empresas y lograr una mayor productividad y eficiencia, según fuentes de la jefatura de Gabinete.

Los colaboradores de Milei consideran que la cantidad de empleados que requieren para funcionar y brindar sus servicios AySA, Trenes Argentinos o el Correo, entre otras, fue incrementada por “cuestiones políticas”. Es decir, que las últimas gestiones sumaron casilleros como herramienta de política partidaria para premiar a seguidores leales. “Durante mucho tiempo, las empresas sobredimensionaron el personal”, justifican en despachos de la Casa Rosada. No obstante, Milei aún mantiene en sus puestos a 1867 funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, según admitió Nicolás Posse en su reciente informe al Senado.

Como ocurre con sus periplos parlamentarios, la vocación reformista de Milei nada contracorriente. Es que la avanzada para achicar de forma drástica costos y plantillas de empleados de las empresas estatales -unas 108 mil personas, lo que representa un 7,6% del empleo público nacional- pone en pie de guerra a los gremios en plena tensión social por los efectos de la recesión, los despidos y la caída del poder adquisitivo del salario. Por ese motivo, tras una fase inicial de diagnóstico, los funcionarios de Milei analizan caso por caso la situación de las nueve compañías sujetas a privatización y negocian con los sindicatos del sector.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aventuró el Presidente desde que puso un pie en la Casa Rosada. Al igual que la “motosierra” en el ámbito fiscal o el plan de “dolarización”, una idea que ya abandonó, las privatizaciones fueron una de las banderas del libertario en la última campaña. Es sabido que su única receta para luchar contra la inflación se centra en el ajuste de las cuentas públicas y el achicamiento del Estado.

A la espera de la sanción de la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno enfrenta el desafío de “sanear económicamente” y mejorar la productividad de las empresas estatales antes de iniciar el largo camino para privatizarlas o implementar esquemas mixtos. Si bien Milei sueña con reeditar la ola privatizadora de la década de los noventa, que llevó adelante Carlos Menem, el trámite legal es largo y engorroso. De hecho, estiman que duraría al menos un año en los casos más complejos. Está claro que instrumentar una privatización requiere de equipos con capacidad de gestión y pericia. Y, hasta ahora, ese ha sido uno de los grandes déficit del gobierno Milei.

El programa privatizador de Milei está a cargo del secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, un hombre de confianza de Posse, y su mano derecha, Patricio Jaccoud, quien fue funcionario de la Anses durante el macrismo. Ambos contaron con una asesoría externa de Martín Maestu, quien, a diferencia de Mario Lugones, omnipresente y poderoso consejero en la cartera de Salud, no fue designado en un cargo. La figura de Maestu, que se involucró en el proceso y aportó “ideas”, quedó en la mira del kirchnerismo en los últimos días.

La oposición más dura ya siembra sospechas y advierte sobre negocios, eventuales conflictos de interés o presuntos hechos de corrupción que escondería el rumbo privatizador que lidera Milei. Es que en los pasillos del poder comienzan a circular nombres de importantes empresarios que estarían interesados en intervenir. “Dos fondos de inversión muy grandes preguntaron abiertamente para desarrollar el sector ferroviario”, reveló el Presidente en una entrevista que concedió a Todo Noticias.

Con ese trasfondo, la administración de Milei puso en marcha un plan de despidos y retiros voluntarios para reducir las plantillas de personal. A su vez, diseñan e instrumentan nuevos esquemas de negocio que, argumentan en el Gobierno, apuntan a mejorar la eficiencia, achicar los costos y mejorar los ingresos de las compañías públicas antes de llegar a la etapa de tasación, que prevé la ley 23.696 de reforma del Estado.

Con la idea de achicar el déficit del Estado, Milei procura desprenderse de Aerolíneas Argentinas (AA), Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA) e Intercargo (SAU). Esas empresas forman parte del anexo del capítulo de privatización de la Ley Bases que recibió la media sanción en Diputados y ahora se discute en el Senado. La nómina del modelo de privatización parcial -concesión o esquema de capitales mixtos- incluye a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); el Correo Argentino; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Belgrano Cargas; y Corredores Viales.

Si bien la reforma ya cuenta con media sanción, un nuevo obstáculo podría empantanar la ofensiva libertaria del Presidente. Ante la presión de un sector de la oposición dialoguista, sobre todo de los gobernadores y representantes patagónicos, el oficialismo podría verse forzado a excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. La compañía aérea tuvo un déficit de 7 mil millones de dólares en los últimos quince años, según informó Posse durante su paso por el Senado.

Recortes en Aerolíneas Argentinas

Desde el arribo de Fabián Lombardo, quien ingresó a la empresa estatal durante la gestión del camporista Mariano Recalde y fue promovido a presidente por Milei, Aerolíneas Argentinas apunta a reducir un 50% del déficit operativo de 2023 con un nuevo plan de negocios y recortes de costos para lograr una mayor eficiencia, según señalan fuentes oficiales. Prometen que avanzarán “sin afectar la operación ni la presencia de la compañía en el interior del país”

Desde que asumió Milei en diciembre, AA recibió giros por 40.000 millones del Tesoro y logró reducir su planta de empleados en un 3,5%. Y, con la reestructuración de sucursales en el exterior, Lombardo se jacta de haber logrado un ahorro de más de US$1.5 millones al año.

Para reducir la plantilla de personal -unos once mil-, Lombardo accionó un régimen de retiro voluntario y acuerdos “prejubilatorios” para el personal. No tiene demasiado margen para achicar de manera drástica el personal de pilotos y técnicos sin afectar la operación de vuelos. Por eso, Lombardo priorizó la cancelación de las rutas deficitarias, como Nueva York o La Habana, y reforzar las de “mayor rentabilidad”, como Miami, Madrid o el Caribe. También implementó una optimización de vuelos en la temporada baja. Hasta hoy no está previsto que AA se encamine a cerrar nuevas rutas internacionales o de cabotaje, según indicó Posse en el Senado.

Con la meta de amenguar gastos, la nueva dirección de AA redujo postas y viáticos y avanzó con la renegociación de contratos con proveedores. E implementó una política de “branded fares”, con la que aspiran a conseguir US$15 millones durante el próximo año.

En ese contexto, Lombardo emprende una delicada negociación con los gremios del sector para rediscutir las condiciones laborales de los convenios colectivos. Es un punto estratégico para bajar costos y mejorar la productividad. Y una pulseada que pone en pie de guerra a los gremios. Mientras tanto, el Ejecutivo insistirá con el impulso de la política de “cielos abiertos”. Hasta hace poco tiempo, los popes de los sindicatos temían que se concretara la amenaza de Milei de reducir alrededor del 30% el plantel de AA, pero por ahora contabilizan unos 200 retiros voluntarios en personal de tierra y despidos en escalas de cabotaje e internacionales o empresas tercerizadas -sobre todo, GPS, de seguridad privada-.

Respecto de Intercargo -que cuenta con más de mil empleados-, Posse informó al Senado que “no se prevé un plan de desvinculación masivo” del personal y que los despidos registrados desde la asunción de Milei responden a cuestiones puntuales o retiros voluntarios.

Planes para AySA y el Correo

Las autoridades de AySA y Correo Argentino también principiaron planes de reestructuración y despidos o retiros voluntarios para reducir el déficit operativo de las empresas. Alejo Maxit, que tomó las riendas en abril de la compañía prestadora de agua potable, ansia obtener una “mejora operativa del orden del 20%” y un ahorro de 100.000 millones de pesos hacia fin de año, según fuentes oficiales. Para lograr ese propósito, agiliza una serie de medidas para bajar costos en vigilancia (30%), limpieza (29%), telefonía (50%), flota de vehículos (24%) y masa salarial (15%). En la jefatura de Gabinete creen que, con el nuevo bosquejo del plan de negocios y el aumento tarifario del 209%, la empresa podría “funcionar sin depender de las transferencias del Tesoro”. Por otra parte, se agiliza las tareas de “revisión” y “priorización” de las obras destinadas al mantenimiento o mejora del servicio. En el Gobierno aseguran que continuarán los proyectos que cuentan con financiamiento de organismos bilaterales y multilaterales de crédito. Hasta conciben un modelo en el que las cloacas queden en manos de municipios.

AySA tiene un plantel de alrededor de 7 mil empleados. Además de ejecutar unos 200 despidos vinculados a cargos políticos -gran parte de las personas que habían ingresado durante las gestiones de Malena Galmarini o el macrismo-, Maxit procuró reducir un 15% las horas extras y lanzar un programa de retiros voluntarios que estará abierto hasta el mes próximo. Unas 754 personas ya iniciaron ese trámite.

Como consignó el viernes pasado LA NACION, Camilo Baldini, al frente de Correo Argentino, apresura el achique de la empresa estatal que tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones. Además de aplicar un plan de competitividad y saneamiento económico, Baldini, que arribó al puesto con Alberto Fernández, se empeña en encoger el plantel de 16.858 empleados. Por consiguiente, abrió un proceso de retiros voluntarios y prejubilaciones. Si bien ya hubo unas 2000 cesantías, el Gobierno proyecta más de 7000 despidos en la empresa que compite con Mercado Libre, de Marcos Galperín, uno de los empresarios más cercanos a Milei. Y quiere preservar solo 500 de las 1452 sucursales que tiene Correo en todo el país.

Trenes, sin avances concretos

El Gobierno avanzó más lento en reconvertir dos empresas estatales que tienen un papel crucial: SOFSE, que administra las líneas de trenes del AMBA y larga distancia, o Belgrano Cargas. Fuentes oficiales señalan que ambas compañías públicas siguen en la etapa de auditoría. Por el momento no hubo despidos masivos en SOFSE y Belgrano Cargas, que tiene unos 4596 empleados, según datos del Indec. Pero se abrió un leve goteo de desvinculaciones vinculadas a temas puntuales.

Eso sí: el gobierno de Milei impulsó recortes de plantilla de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF). Tras el choque de trenes en Palermo, el Ejecutivo negó que su política de minoración de costos en ADIF haya impactado “negativamente en la eficiencia del servicio ni que afecten la seguridad de los usuarios”.

Entre tanto, las autoridades armaron un comité de crisis junto a representantes de los gremios nucleados en el servicio que se reúne para discutir la optimización de recursos. A lo largo de esas reuniones los representantes oficiales anticiparon que evalúan disminuir un 15% los costos y el personal de SOFSE, que emplea a unas 23 mil personas. Incluso se especula con que se abriría un retiro voluntario en junio. Según fuentes sindicales, el freno de la inversión deriva en una falta de mantenimiento del material rodante -debido a que no llegan los repuestos- y de las vías, lo que afecta la prestación del servicio.

El caso de RTA

El Gobierno también traza un nuevo plan de negocios para RTA, que tiene unos 2387 empleados. En las próximas semanas se abrirá un proceso de retiros voluntarios para reducir el personal. Según fuentes oficiales, Eduardo González, coordinador de RTA, consiguió reducir unos 5600 millones de pesos en el costo operativo, ya que suprimió direcciones (género, institucionales, administración financiera, recursos humanos y la dirección ejecutiva) y canceló renovaciones de contratos -se cayeron 50 directores de radio nacional-. Al reducir la programación y el pago de horas extras, se mermaron costos. “Nuestra idea no es cerrar RTA; es diferente al caso de Télam”, arguyen en el Gobierno.

En ese sentido, hacen hincapié en que relanzarán la programación con un fórmula mixta para achicar costos. Anticipan que participarán productoras que asumirán los gastos de realización, técnica y producción a cambio de utilizar la pantalla y recursos de la TV Pública. “Luego, los ingresos que se generen por venta publicitaria se repartirán cincuenta y cincuenta”, señalaron fuentes oficiales involucradas en las tratativas.

Entre tanto, Milei se apresta a desguazar y transformar a la agencia Télam, sin ejecutar el cierre tan promocionado. Un 50% de los empleados que tenía la empresa ya adhirieron al régimen de retiro voluntario, que se extenderá hasta la próxima semana, remarcan en la Casa Rosada. El interventor de medios públicos, Diego Chaher, analiza la posibilidad de rebautizar a Télam y utilizarla como una agencia de publicidad del Gobierno libertario. Avances y retrocesos de la batalla cultural de Milei.

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