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Dictaron prisión preventiva contra una aliada de Alberto Rodríguez Saá y el exgobernador cargó contra Poggi
La exdiputada provincial Lucero está acusada de perjudicar al Estado de San Luis en más de $900 millones durante su gestión al frente de un complejo cultural; el PJ la respaldó y denunció “connivencia” entre el mandatario puntano y la Justicia
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LA NACION
La exdiputada provincial de San Luis Anabela Lucero, dirigente alineada con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, fue enviada a prisión preventiva por dos meses en una causa en la que se la investiga por asociación ilícita durante su gestión al frente de un complejo estatal.
La decisión judicial elevó la tensión política en la provincia y Rodríguez Saá respaldó a la exfuncionaria investigada con un comunicado del Partido Justicialista local, en el que denunció “una preocupante connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi y la Justicia puntana.
Lucero tuvo mandato como diputada provincial entre 2019 y 2023, el último período de Alberto Rodríguez Saá al frente del gobierno provincial, y durante esos años se desempeñó también como titular del Complejo Molino Fénix, un predio ubicado en la ciudad de Villa Mercedes en el que se desarrollan actividades culturales que maneja el gobierno provincial. Durante la gestión al frente de esa dependencia, según la investigación, habría provocado un fraude al Estado provincial mayor a los $900 millones, mediante el uso de facturas falsas, contrataciones directas a empresas de otras provincias.
Entre otras acusaciones, la fiscalía (a cargo de José Olguín) consideró que Lucero promovió el vaciamiento de la Casa de la Música, una dependencia del Molino Fénix y que, junto al resto de los imputados, destruyeron evidencias en 2023, cuando se aproximaba el recambio de autoridades provinciales que implicaba la llegada de Poggi y el retiro del poder de Rodríguez Saá. Entre otras formas relevadas por la Justicia, se habría utilizado un horno de barro para esos fines, informaron medios puntanos como El Chorrillero.
El Juzgado de Garantías Nº4, a cargo de Santiago Ortiz, decidió la medida de prisión preventiva para la exdiputada, para Enzo Lucero y para Exequiel Scarel. La dirigente alineada con Alberto Rodríguez Saá fue trasladada desde Villa Mercedes hasta un penal de la ciudad de San Luis, el martes por la noche. Hay un diputado provincial con mandato vigente también alcanzado por la prisión preventiva, Joaquín Beltrán, pero su ejecución quedó subordinada a que se apruebe su desafuero en la Cámara legislativa.
La prisión preventiva contra la exdiputada Lucero generó la reacción de Alberto Rodríguez Saá contra Poggi. En un comunicado del Partido Justicialista provincial −que el exgobernador preside− se denunció “una preocupante connivencia entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado”, además de “decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial”.
“Tenemos que decirlo con todas las letras, desde hace casi tres años los dirigentes de este espacio opositor que defiende a San Luis por sobre todas las cosas están siendo perseguidos y disciplinados judicialmente, convirtiéndose en una situación sin precedentes que viola todas las garantías constitucionales”, se subrayó en el texto del peronismo de San Luis.
La decisión judicial, reprochó el PJ puntano en el comunicado, “constituye un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para San Luis”.
“Los tres compañeros privados de su libertad carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar. No existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga. Sin embargo, el juez Ortiz rechazó las alternativas propuestas por la defensa y dispuso su alojamiento durante 60 días en el Servicio Penitenciario, decisión que ya fue sometida a revisión”, se argumentó en el documento difundido por el partido de Rodríguez Saá tras la decisión judicial.
Lucero supo ser una dirigente con poder en la localidad de Villa Mercedes, donde gobierna el intendente Maximiliano Frontera, un dirigente que supo estar alineado con Alberto Rodríguez Saá, pero que pasó a respaldar a Poggi y, en 2024, fue apartado del PJ puntano cuando pretendía una interna contra el exgobernador. Una fuente cercana al intendente Frontera consideró que manejaba “una intendencia paralela” en la ciudad. El Molino Fénix “era el verdadero centro cívico y espacio del gobierno provincial en Villa Mercedes”, subrayó la fuente consultada, que añadió que a la exdiputada, “además, le dieron el manejo de todos los planes sociales”.
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