Diputados continuará el lunes con el análisis en comisiones de la ley ómnibus

Después de tres días de exposiciones, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley ómnibus retomará la tarea el próximo lunes a las 10. Está prevista la participación de integrantes de empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y distintos sectores de la sociedad alcanzados por las disposiciones que plantea la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Tras cumplirse esta madrugada la tercera jornada de trabajo de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el presidente de la primera de estas, Gabriel Bornorioni -de La Libertad Avanza (LLA)-, confirmó de esta manera así que se accedería al pedido de bloques opositores para abrir el ámbito de la comisión a estos expositores.

Según se espera, los invitados plantearán sus observaciones desde las 10, en bloques de cinco minutos cada uno, y alternando una presentación presencial y otra virtual, dado que algunos son del interior del país y las invitaciones se terminarán de formalizar en el transcurso de este viernes.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UP) solicitaron que si el lunes no se agotan los testimonios se pueda continuar al día siguiente, una idea que fue respaldada por la legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carla Carrizo.

La intención del bloque del oficialismo era comenzar el martes con el debate interno de los diputados, de manera tal que ese mismo día se definirá cual será el cronograma de trabajo para el resto de la semana.

El debate en comisiones comenzó este martes y, desde entonces, pasaron por la sala la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Guillermo; Francos; su par de Infraestructura; Guillermo Ferraro; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el titular de la Secretaría de Comercio, Pablo Levigne.

La norma en cuestión -denominada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos- pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social y se habilita a imponer sanciones a la protesta hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con la propuesta, el Gobierno se propone avanzar, entre otras cosas, en la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, modificaciones tributarias y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

LA NACION

• Javier Milei

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