Diputados: presión kirchnerista para avanzar con la reforma del Ministerio Público

La convocatoria sorprendió por lo inesperada. De buenas a primeras, el oficialismo convocó para esta tarde a un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para avanzar con el debate sobre la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal, iniciativa que impulsó Cristina Kirchner en el Senado. El bloque de Juntos por el Cambio, que sospecha que el oficialismo está preparando el terreno para la sanción de la ley en el recinto, decidió no participar del plenario.

El bloque del Frente de Todos, que comanda Máximo Kirchner, ya convocó para el martes próximo a un plenario de comisiones: en la oposición intuyen que su objetivo es despachar el dictamen con cambios al texto que cuenta con media sanción del Senado para conseguir el puñado de votos que le hace falta para alcanzar el quorum. Las alarmas se encendieron en el tablero de Juntos por el Cambio, que llamará a una movilización con audiencias públicas para frenar la avanzada oficialista.

El oficialismo, mientras tanto, acelera los tiempos y apura el tratamiento del proyecto kirchnerista en las comisiones de la Cámara baja. Sin consultar a la oposición, convocó el viernes a la tarde a abogados y magistrados cercanos al oficialismo para que expongan su posición.

“Esta reunión es una farsa para darle un barniz de legalidad al tratamiento de este proyecto de ley que busca lograr la impunidad judicial y avasallar el Ministerio Público Fiscal lo que es de una gravedad institucional inmensa”, advirtió el diputado radical Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El legislador cuestionó que los presidentes de ambas comisiones, Rodolfo Tailhade y Hernán Pérez Araujo, llamaran de improviso al plenario de las comisiones y no les haya abierto el juego a la oposición para la convocatoria de los expositores.

“No vamos a hacer como que estamos escuchando exposiciones de tono académico en una lista armada solo por el oficialismo para pretender avanzar en el tratamiento de este proyecto”, enfatizó Menna. “Impulsan esta ley –continuó- con el argumento de que está vacante la Procuración General, pero es el propio oficialismo el que no inicia en el Senado el tratamiento del pliego para procurador que propuso el Presidente de la Nación (Daniel Rafecas). Vienen prendiéndola contra el procurador adjunto (Eduardo Casal), que no está allí porque lo puso un Gobierno, sino que lo puso una ley, y porque hay una vacante.”

También la diputada radical Karina Banfi criticó la avanzada oficialista. “Tolerancia cero frente al intento del krchnerismo de corromper el Ministerio Público Fiscal. No vamos a permitir que la política domine a los fiscales. La independencia de poderes es la base de la democracia. Está claro: buscan la impunidad y persecución de sus disidentes”, sostuvo.

Poco después que Juntos por el Cambio emprendiera la retirada, llegó la reacción del Frente de Todos.

“De manera insólita Juntos por el Cambio se niega a debatir en el ámbito natural que el Congreso –acusaron los legisladores oficialistas en un comunicado-. Nada impedía al bloque opositor proponer expositores, algo que no hizo. Lamentamos que una ley tan importante no cuente con la participación en el debate de la oposición; con la excusa de discrecionalidades y cuestiones administrativas que no son ciertas se niegan a dar una discusión e insisten con su posición de no debatir proyecto en el ámbito correspondiente”.

Así las cosas, el oficialismo continuó la reunión del plenario, que recibió la presencia del abogado Alberto Binder; de la fiscal Mariela Labozzetta; de Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; y José Fabián Asís, juez de la Cámara Tribunal Oral N°2 de Córdoba. Todos ellos promovieron la sanción de la ley en debate.

El proyecto del oficialismo propone modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

El oficialismo anticipó que habrá modificaciones al texto con media sanción del Senado. Entre ellos en la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público –la oposición advirtió que, de aprobarse la iniciativa original, la continuidad de los fiscales quedará a merced de la mayoría oficialista de turno- y de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Ministerio Público, con atribuciones excesivas, según Juntos por el Cambio.