Doce mil hombres bajo sospecha

LA PLATA.- Los casi 12 mil agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron pasados a disponibilidad en el marco de la emergencia decretada por el gobernador Felipe Solá que pretende modificar por completo el organigrama de la institución, reformar su escalafón, modificar el régimen de ingreso al servicio y establecer sistemas de control de gestión hoy inexistentes.

"No existen mecanismos de control efectivos", aseguró ayer el subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, Carlos Rotundo.

Como ejemplo el funcionario citó una resolución que permitía al SPB contratar en forma directa servicios por un monto de hasta 323 mil pesos sin ningún tipo de fiscalización.

En el plan de reformas, encomendado al interventor Ricardo Cabrera, se prevé incorporar un régimen de selección de aspirantes (hoy no existe) y modificar por completo el organigrama que, según Rotundo, "no es dinámico y permite superposición de funciones".

Ayer, el secretario de Derechos Humanos (SDH) provincial, Remo Carlotto, señaló a cuatro funcionarios del servicio por su presunta vinculación con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Carlotto, que ya logró la separación de cuatro agentes por los mismos motivos, investiga los legajos de 225 penitenciarios -de los cuales 25 corresponderían a oficiales-, principalmente aquellos que se desempeñaron entre 1976 y 1983.

Un ex funcionario de la SDH denunció penalmente maniobras administrativas; procedimientos irregulares en la provisión de alimentos; medicamentos y otros productos; justificación de gastos de compras no realizadas; incumplimiento en el pago del peculio a internos; sobreprecios y otras anomalías detectadas en cárceles bonaerenses.

En la presentación ante la Fiscalía General de San Martín, el abogado Juan Manuel Casolati señala que en el SPB "existe una estructura sistemática que permite la corrupción".

La denuncia se basa en un trabajo de investigación realizado por Casolati iniciado en febrero de 2003, cuando era responsable de programa de auditoría constante de cárceles dependiente de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia provincial.

En su recorrida por la mayoría de las 40 unidades penitenciarias, el funcionario fue reuniendo información que lo lleva a asegurar que "los manejos espurios en todas las cárceles y en la jefatura del servicio tienen como denominador común la falta de controles efectivos".

La mayor cantidad de anomalías se detectó en la provisión de alimentos.

"En las unidades hay un previo acuerdo entre algunos proveedores de alimentos, en el que se dividen las ganancias entre éstos, los funcionarios de las unidades y los de la propia jefatura del SPB", según indica uno de los párrafos de la denuncia presentada ayer, a la que accedió LA NACION.

La maniobra consiste en reducir el alimento a los internos y guardar en stock productos. Luego, según la denuncia, se falsifican remitos de mercadería nunca entregada para justificar nuevos gastos.

Irregularidades

• Denunciaron que en la mayoría de las cárceles se reducía la ración de alimentos para los presos y se guardaban los productos. También se falsificaban remitos de mercadería nunca entregada para justificar nuevos gastos.

• El prefecto mayor Marcos Fernández, separado de su cargo por supuestos hechos de corrupción en la cárcel de Batán, fue designado luego al frente de la oficina de Provisiones y Almacenes de la jefatura provincial.