Documento exclusivo de La Nación

El informe que presentó el ex titular de Economía ante el juez Jorge Urso, en noviembre último, abunda en detalles sobre las presuntas maniobras del empresario; el magistrado rechazó parte de la prueba por ser ajena al objeto procesal.
Mariano Obarrio
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26 de enero de 1997  

Domingo Cavallo acusó al intendente de Pinamar, Blas Altieri, y al ex secretario de Turismo de ese municipio bonaerense, Luis Abruzzo, de recibir "sueldos, honorarios y contratos" a cambio de "colaboración" por parte del megaempresario Alfredo Yabrán, quien a través de Bosquemar Emprendimientos Turísticos SA se habría transformado en uno de los principales inversores de ese balneario costero.

La imputación surge de la presentación escrita de 282 páginas que el ex ministro hizo ante el juez federal Jorge Urso, el 12 de noviembre último.

La Nación es el primer medio que tiene acceso a la tan controvertida carpeta, sobre la cual se dice en círculos políticos que podría servir de base al libro "La mafia", que el ex ministro medita tras un fin de año convulsionado, donde descargó una artillería de acusaciones a miembros del gabiente que vulnera todos los códigos de la política y que parece tener su origen en el procesamiento y detención de uno de sus hombres más cercano, el ex interventor de la Aduana Gustavo Parino.

La carpeta yace en el juzgado de Urso, quien tramita la querella que Yabrán le inició al ex ministro de Economía por el delito de "calumnias e injurias".

Cavallo comenzó con sus denuncias el 23 de agosto de 1995. Disparó entonces ante el Congreso, que Yabrán era el "jefe de una mafia enquistada en el poder", lo que motivó la querella y, según el vocero del empresario, Wenceslao Bunge, le ocasionó grandes perjuicios económicos a sus empresas.

Si bien Cavallo ofreció elementos de prueba de las incursiones pinamarenses de su enemigo número uno, Urso las rechazó por entender que "resultan absolutamente ajenas al objeto procesal de esta causa".

Sin embargo, en el espíritu de la defensa de Cavallo aparece explícitamente la intención de demostrar que la acusación de agosto de 1995 tiene bases ciertas en diversos episodios que describe como sospechoso o, directamente, delictivos.

Además de la querella de Yabrán, el ex ministro -hoy de vacaciones en Francia y próximo a concurrir al importante foro económico de Davos- enfrenta una veintena de procesos judiciales.

En su escrito, Cavallo intentó demostrar la supuesta vinculación ilícita de Yabrán con funcionarios políticos "encumbrados".

Y dio dos nombres que hasta ahora no había mencionado, pero remitidos a supuestos hechos que datan de hace varios años: los de los ex ministros de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi y de Economía y, posteriormente de Defensa Antonio Erman González.

Los involucró en terminos potenciales: dijo que éstos "habrían favorecido en 1990 a la firma de transporte y correo Villalonga Furlong S.A., cuyo dueño es Yabrán, con un contrato de 25 millones de dólares por un servicio de transoporte y correspondencia que debía prestar la ex Econtel (correo estatal).

El intendente de Pinamar

Respecto del intendente Altieri, especificó que tuvo participación directa en una inversión de Bosquemar Emprendimientos Turísticos SA, propiedad de Yabrán, y por la cual se construye el hotel cinco estrellas "Terrazas al Golf" (originalmente se habría llamado Glorias del Golf).

Según sus allegados, Yabrán "es un enamorado" de Pinamar -tiene casa en De la Ballena...- y se propone convertir el tradicional balneario de la costa en una suerte de Punta del Este del mercado turístico. Es así como inauguró en diciembre último el apart-hotel Arapacis y sueña con instalar un puerto deportivo, para lo cual gestiona la compra de terrenos con Pinamar SA. Versiones periodísticas dan cuenta de que el total de sus inversiones pinamarenses superarían los 100 millones de dólares.

Además de defender el proyecto "Terrazas al Golf", Altieri, según reveló Cavallo, es propietario de la firma Organización Itar, la cual proveyó de materiales y maquinarias para movimientos de suelos a Bosquemar. Inclusive, Altieri y el arquitecto Ramiro Sansó intervinieron en las obras a través de Constructora Edilizzia SA, con domicilio en el mismo edificio que la Organización Itar (Júpiter, entre Rivadavia y De las Medusas).

Las pruebas suministradas por Cavallo contra Yabrán en la Justicia, al margen de la querella en cuestión, procuran demostrar que Altieri y Abruzzese favorecieron un emprendimiento privado "confundiendo intereses de la comunidad con los suyos propios".

El 27 de enero de 1995 se conoció en Pinamar la noticia del comienzo de los movimientos de suelos y desmonte de las adyacencias al campo de golf (Del Valle Fértil y Fragata 25 de Mayo), en una superficie de cinco hectáreas. El proyecto estaba en manos de Sansó; como asesor integral aparecía el ingeniero Luis Abruzzese, entonces secretario de Turismo, Cultura y Producción de Pinamar.

El hotel, de cinco estrellas, se concibió a todo lujo. Terrazas del Golf constará de un sector apart-hotel, club house, un centro Spa, salón de convenciones para 1000 personas, lago artificial y un centro comercial.

Tras innumerables presiones políticas y periodísticas, Abruzzese renunció a su cargo el 7 de junio de 1995. Previamente, había defendido el proyecto con uñas y dientes, al tiempo que se ufanaba de su estrecha relación con el grupo inversionista.

En base a la confianza enorme que me tienen, pude lograr que esta inversión se canalizara para Pinamar", dijo el 17 de marzo de ese año el todavía funcionario. Una semana después, aclaró: "No he tenido ni tengo comercialmente nada que ver con ellos.

Cavallo sostiene que sólo el 9 de julio de 1995 apareció el nombre de Yabrán en el negocio. Recuerda que Abruzzese hizo declaraciones en el sentido de que "las obras del complejo Glorias del Golf, cuyo principal inversor es el empresario de correos Alfredo Yabrán, no sufrirán demoras". A renglón seguido, deslizaba que si continuaban las presiones políticas y las oposiciones al proyecto, "en el término de un mes y pico habrá un replanteo de mudarse a otra ciudad, provincia o país".

Al día siguiente, Altieri aclaró públicamente que directivos de Bosquemar Emprendimientos Turísticos SA y del complejo Glorias del Golf, le habían garantizado la continuación de la obra, pese a las críticas periodísticas.

A fines de 1995, la obra superaba los 6000 metros cuadrados construidos y, según Cavallo, no tenía aún los planos aprobados, requisito sin el cual legalmente no está permitido en Pinamar edificar más allá de los cimientos.

Terrazas del Golf -denuncia el escrito de Cavallo- es una de las obras que más excepciones a los códigos de Ordenamiento Urbano y de Construcción detentan en Pinamar.

Se erigió -añade Cavallo_ un muro perimetral de casi tres metros de altura cuando las normas no permiten más de un metro y de cerco vivo.

Al referirse a Dromi y a Antonio Erman González, dijo que habrían favorecido en 1990 a la firma de transporte y correos Villalonga Furlong S. A., cuyo dueño es Alfredo Yabrán, segúnagregó Cavallo, con un contrato de 25 millones de dólares por un servicio de transporte y correspondencia que debía prestar a la ex Encotel (correo estatal).

Cavallo, también involucró a funcionarios de menor rango, con lo cual engrosó su agenda de enemigos clásicos a los que relaciona sistemáticamente con los intereses yabranianos: los ministros Carlos Corach (Interior), Elías Jassán (Justicia), el juez penal económico Guillermo Tiscornia o el diputado radical Enrique Benedetti.

En el escrito de ofrecimiento de prueba ante Urso, Cavallo relató que Dromi y Erman González aprobaron en una resolución conjunta una transacción por 66 mil millones de australes, el 14 de marzo de 1990, pagaderos mediante entrega de Bonex. Para aprobar el financiamiento de la operación, señaló, se dictó el decreto 605/90.

Esa resolución mereció serias observaciones sobre irregularidades del Tribunal de Cuentas de la Nación (3 de agosto de 1990), especialmente porque la Sindicatura General de la Nación había cuestionado (5 de diciembre de 1984) el trámite de la licitación y contratación de la ex Encotel a la firma Villalonga Furlong S. A., que presentaba similares características, y que se celebró el 27 de junio de 1983.

Por esa adjudicación, la ex Encotel contrataba a Villalonga Furlog S. A. para el transporte y correspondencia en todo el país, pero el plazo de cinco años. Pero, las irregularidades reseñadas por la Sigen produjo la escisión del contrato el 18 de junio de 1985.

Las observaciones más severas del Tribunal de Cuentas a la resolución de Dromi y Erman González -enumeró Cavallo- fueron:

  • Para una erogación estimada, en cinco años, de diez millones de dólares, la transacción estipulaba 25 millones.
  • Resulta flagrante indemnizar despidos de personal, cuando en las planillas de Villalonga Furlong S. A. de diciembre de 1985 no consta indeminización alguna.
  • El pliego de la licitación incluía la renuncia expresa de reclamar el lucro cesante. Erman González y Dromi acordaban indemnizar a Villalonga Furlong.
  • El monto pesupuestario previsto en el decreto era todavía superior.
  • Compra de voluntades

    El ex ministro de Economía Domingo Cavallo está "íntima y honestamente convencido" de que el multiempresario Alfredo Yabrán soborna a funcionarios públicos para obtener "jugosos negocios", pero admite no tener la prueba fehaciente. Empero, ante la Justicia relató un encadenamiento de hechos y conexiones, de las cuales espera que surja una investigación a su archienemigo.

    "Nunca dije que Yabrán hubiera sobornado a Raúl Alfonsín, a Horacio Jaunarena, o a otro funcionario en particular", se atajó Cavallo en su presentación.

    Sin embargo, el ex ministro de Carlos Menem fue contundente al señalar: "...pero estoy seguro de que ha sobornado a funcionarios, probablemente de rango inferior a aquellos que finalmente aprueban con su firma los actos que los benefician. No tengo un video que grabe el momento de los cobros y de los pagos, pero hay evidencias harto elocuentes de ello, tan verosímiles como una filmación o un recibo.

    Y añade que "nadie puede conseguir negocios semejantes a los de Alfredo Enrique Hallib Yabrán sin comprar la voluntad de la otra parte. Si el soborno consiste en dinero, fama, poder u otro precio es probable que no podamos saberlo, pero que esas voluntades fueron compradas es irrefutable".

    Con esta convicción es que , por ejemplo, Cavallo acusó al ex interventor en Encotel Raúl Carmelo Vaccalluzzo de haber renovado con enorme anticipación los permisos para funcionar como correo privado a todas las empresas que, según el ex ministro, tienen "denominador común" en Alfredo Yabrán. Cavallo aportó pruebas sobre este asunto, que el juez Urso denegó por exceder el objeto procesal de la causa.

    En este caso, la voluntad de Vaccalluzzo estaría comprada porque -consignó Cavallo- se trataría de un abogado que compartía su estudio jurídico en Lavalle 1290, subsuelo, oficina 18, Capital Federal, con su par Carlos Alberto Sofiño, "quien fue apoderado de OCA (firma postal del grupo Yabrán) en numerosas presentaciones de esta empresa en Encotel". Pero Cavallo, además, especificó que Vaccalluzzo fue nombrado interventor de la entonces Encotel por decreto 398/90 el 26 de febrero de 1990 y que veinte días después designó (resolución 638/90 Encotel) al comisario Carlos Juvenal Romero Villar como asesor en el correo estatal. Romero Villar se desempeñaba también como presidente de Orgamer S. A., firma que Cavallo incluye dentro del grupo Yabrán y cuya función es brindar servicios de seguridad.

    Las renovaciones de permisos apresuradas, que Cavallo le imputa a Vaccalluzzo, son a Ocasa, firma reconocida como propia por Yabrán hasta su venta (abril de 1996), a OCA y a Sky Cab S.A., todas empresas postales. Pese a los dichos de Cavallo, Yabrán niega su propiedad sobre OCA y sobre Sky Cab. El permiso de Ocasa caducaba el 26 de marzo de 1995: le fue renovado el 30 de noviembre de 1990, hsta el 2000. El de OCA vencía el 20 de enero de 1995: se renovó el 26 de septiembre de 1990, hasta el 2000. La licencia de Sky Cab. prescribía el 22 de noviembre de 1992: fue extendida el 25 de octubre de 1990, hasta el 1997. Según Cavallo, se estilaba otorgar las renovaciones, por cinco años, pero con sólo cinco o seis meses de anticipación a su vencimiento.

    Sin embargo, para el ex ministro, resultó más grave aún el cierre del registro para nuevos permisionarios -dispuesta por Vaccalluzzo, el 20 de junio de 1990; prorrogada el 26 de diciembre de ese año- y la prohibición "para todos aquellos que, habiendo obtenido la autorización, no hubieran comenzado a operar".

    Amenazas y atentados

    Domingo Cavallo enumeró y describió detalles de una significativa nómina de amenazas, atentados e intimidaciones que atribuye, en su "íntima y honesta convicción", a circunstancias que respondieron a los intereses del "grupo Yabrán" y de su jefe.

    Así lo manifestó en su ofrecimiento de prueba ante el juez federal Jorge Urso, quien tramita la causa por "calumnias e injurias" que el empresario múltiple Alfredo Yabrán le inició al ex ministro de Economía. Cavallo, como se recuerda, calificó a Yabrán de "jefe de una mafia enquistada en el poder".

    En su resolución, Urso accedió a recibir sólo los elementos de prueba que Cavallo aportó respecto de las amenazas, atentados o intimidaciones a los empresarios Aldo Roggio y Enrique Pescarmona y a los funcionarios Abel Cucchietti, Pablo Rojo y Luis Cerolini. El magistrado, en cambio, rechazó la prueba ofrecida acerca de hechos similares perpretados contra otras personas por entender que, el no haberse agraviado por éstosYabrán en su querella, no forman parte del objeto procesal de la causa.

    La enunciación de Cavallo sobre atentados y amenazas ocurridas en el sector postal incluye los siguientes episodios:

  • Abel Cucchietti (ex interventor de Encotel ). Tras abrir el registro de permisionarios hasta entonces restringidos a pocas empresas, fue interceptado el 6 de agosto de 1992 y agredido en su pierna derecha (doble fractura de peroné). En los días previos, recibía amenazas telefónicas reiteradas ("vas a ser boleta"). Luego de otros hechos graves, el 15 de abril de 1993, recibió en su domicilio cordobés un sevicio de Oca -Pak, que contenía el libro "Abriendo las puertas de tu interior", perforado en sus páginas y con una leyenda que rezaba "Si fuera verdad no podrías leerlo porque morís". Cucchietti le confió a Cavallo su convencimiento de que el autor intelectual de esos hechos era el "grupo Yabrán".
  • Guillermo Seita (ex funcionario de Economía). Una bomba estalló en su domicilio particular en Mar del Plata el 5 de septiembre de 1992. Su esposa, Teresita Soalleiro,recibió el 14 de enero de 1993, una encomienda por OCA con el libro "Más allá de la vida", deVíctor Sueyro; tenía un hueco por dentro con el mensaje "Esta vez fue de juguete. Si hubiera sido de verdad no alcanzabas a leer el libro". Seita no descartó ante Cavallo que "tales actos hubiesen sido ordenados por Yabrán".
  • Pablo Rojo (Como secretario de Desregulación, redactó el decreto 1187/93, que desreguló el mercado postal. Días después fue amenazado de muerte. Cavallo vincula las intimidaciones con el "grupo Yabrán".
  • Luis Cerolini (Vicepresidente del Banco Hipotecario). Sufrió un atentado en su domicilio el 18 de julio de 1994. El 15 de junio de ese año había dejado sentada su oposición a marginar a Encotesa en una contratación con ese banco. El anterior proveedor del servicio postal del Hipotecario era Ocasa. Cerolini le transmitió a Cavallo que sospechaba que los autores fuesen "gente de Yabrán".
  • Visita

    Cavallo adjuntó a la prueba una noticia publicada por el diario Clarín, el 6 de noviembre último, en la cual e informó que el interventor en la Aduana y la DGI, Carlos Silvani, recibió una visita por esos días que le advirtió: "Debería tener cuidado porque podían matarlo, como hicieron con el brigadier Echegoyen (quien ocupó la titularidad de la Aduana hace algunos años)". Cavallo volvió así a plantear judicialmente sus dudas sobre el supuesto suicidio de Echegoyen.

    El visitante de Silvani también le aconsejó que "le dijera a su chofer que no se alejara del auto en ningún momento, porque podría producirse un sabotaje". No se sabe, sin embargo, la identidad de quien previno de todo esto a Silvani.

    " Yabrán copó empresas"

    El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, le imputó a Yabrán la utilización de métodos extorsivos e intimidatorios y de otras prácticas delectivas para lograr el copamiento de sociedades de correo privado que competían con las suyas.

    Según afirma Cavallo, Yabrán tomó el control de la firma Ciccone Calcográfica SA (impresiones gráficas); logró poner un pie en DHL (correo); intentó copar Expreso Los Pinos SRL (correo) y le quitó mercado y provocó la quiebra de Rhodas Cargo Service SA, AB Transportes SRL y de Autocompensación SA (correo).

    Según pudo saber La Nación NACION, esta parte de la defensa cavallista -que intenta probar las "prácticas mafiosas"- fue rechazada por Urso casi en su totalidad. El magistrado sí aceptó, en cambio, la prueba informativa y testimonial sobre la supuesta operatoria respecto de Ciccone Calcográficos SA.

    La denegatoria resuelta por Urso de los argumentos acerca de las otras empresas se fundamenta en que "excede el objeto procesal", de la causa.

    Cavallo sostiene a rajatabla que Yabrán controla "desde hace un tiempo" la firma Ciccone Calcográfica SA, a través de un crédito de aproximadamente 25.000.000 de dólares que la Banca della Svizzera Italiana le habría otorgado a esa sociedad, crédito que habría sido extendido "con fondos del propio" Yabrán.

    El 19 de enero de 1995 -relató Cavallo- el empresario encuestión depositó 25.000.000 millones de dólares en el Banco de la Provincia de Córdoba, con vencimiento el 19 de abril de ese mismo año y a una tasa del 14 % anual. Se consignan dos certificados: el 101.538 C, por 6.700.000 dólares a nombre de María Cristina Pérez (esposa de Yabrán), y el 101.539 C, por 18.300.000 dólares a nombre de Alfredo Yabrán.

    Vencido el depósito, según el ex ministro, los Yabrán ordenaron a la entidad cordobesa girar los fondos a la cuenta BA51420A, de su titularidad, en la Banca della Svizzera Italiana, sucursal Nueva York.

    Al margen de esa maniobra de triangulación, Cavallo enfatizó en su presentación que el ex director y gerente general de OCASA, Alberto Isacc Chinkies, "hoy detenta el cargo de gerente general de Ciccone Calcográfica SA. Chinkies, recuerda, fue despedido hace varios años -en la década del 70- de la empresa Burroughs junto con el hasta entonces trabajador de esa firma Alfredo Yabrán.

    "Mientras me desempeñaba como ministro, recibí al señor Ciccone, quien me solicitó apoyo para conseguir un crédito sustitutivo del que -según me refirió- le había hecho dar a Yabrán por medio de la Banca della Svizzera Italiana y cuyos intereses se le hacían insoportables", señaló Cavallo.

    Puntualizó también, que Yabrán se reunió a mediados de 1984, con los propietarios de la firma entrerriana de correos Expreso Los Pinos SRL, los hermanos Mario Alberto y Enrique Carlos Harispe, en sucesivos encuentros en los que les exigía la venta de la empresa en favor del "grupo". Discutieron en varias ocasiones y "la verdadera guerra comenzó cuando los Harispe no se avinieron a negociar", dice Cavallo.

    Existiría una grabación en la que surge que Hugo Benjamín Lifschitz, ex empleado de los Harispe y colaborador de Yabrán, mantuvo una conversación con éste. Según ese documento -aseguró el ex ministro-, Yabrán tenía como objetivo destruir a Expreso Los Pinos SA y quedaba en evidencia que OCASA había producido atentados contra móviles y propiedades de la empresa de los Harispe.

    El de AB Transportes SRL, según Cavallo, es un caso en el cual "mediante atentados asaltos y presiones ilegítimas a través del poder de policía que tenía la ex Encotel (correo estatal) se llevó a la quiebra a una empresa". Similares métodos persecutorios terminaron con la sociedad Autocompensación SA; Cavallo atribuye esas presiones al "grupo Yabrán".

    También por presuntos operativos de presión, amenazas e intimidaciones, uno de los dueños de la empresa DHL, Ricardo Gianchino, se vio obligado a reconocer la propiedad el 50 por ciento de las acciones en favor de Natalio Carlos Levitán, apoderado y ex presidente de Aylmer SA y síndico de Yatito SA, ambas firmas de propiedad reconocida por Yabrán.

    Ello ocurrió en diciembre de 1988 y, aunque Cavallo aporta un sinfín de anécdotas, sobresale un almuerzo (septiembre de 1988) entre Yabrán y Giachino en el hotel Libertador, durante el cual según el testigo Héctor Lanzani -al que Cavallo da crédito- Yabrán amenazó reiteradamente a Giachino y hablaba de DHL como propia.

    El ex ministro añadió en su escrito que Rhodas Cargo Service SA era una permisionaria postal cuyo presidente, Raúl Sei, padeció persecuciones para ser desplazado del mercado, lo cual ocurrió a fines de 1992, cuando su empresa quebró.

    Entre privaciones de su libertad, lesiones, y amenazas de muerte, apuntó Cavallo, Sei recibió en 1990 la visita de Alberto Issac Chinkies, gerente general de OCASA, quien -según Sei- le habría solicitado la cesión gratuita del 30 % de las acciones de Rhodas, a cambio de "solucionar todos sus problemas".

    Domingo Cavallo describió ante la Justicia los supuestos mecanismos de evasión impositiva que practica el "grupo Yabrán" y puntualizó que, básicamente, consisten en "comprar" facturas "truchas" a firmas verdaderas y fantasmas; sobrefacturar supuestos servicios entre empresas del grupo yen incurrir fraude laboral, un sistema mediante el cual se acreditarían ante el Estado indemnizaciones por despidos sin justa causa de empleados a los que se forzaría a renunciar.

    Todo esto tiende, segun el ex ministro de Economía, a "simular gastos de las empresas" de Alfredo Yabrán, con tres objetivos precisos:

  • -Disminuir ficticiamente las utilidades para pagar menos impuestos a las ganancias.
  • Incrementar el supuesto pago de IVA-comras para disminuir el pago del IVA.
  • Generar dinero negro para erogaciones que no pueden declararse.
  • El juez Urso rechazó casi toda la prueba proporcionada por el ex funcionario. Además de argumentar que ella excede el objeto procesal de la causa, le dio la razón a Yabrán en el sentido de que Cavallo no demostró con los elementos portados que el empresario es director, gerente, síndico, miembro del consejo de vigilancia, administrador, mandatario o representante de OCASA, OCA, EDCADASSA, Interbaires, Intercargo o Zapram.

    La ley 23.771 (penal tributaria) establece que el delito de evasión sólo se le puede imputar a personas que desempeñan esos cargos. En cambio, Cavallo buscó demostrar en sus probanzas que Yabrán controla esas firmas -les adjudica su propiedad aunque reconoce que no ocupa funciones directivas o ejecutivas.

    Empero, el exministro acompañó como prueba una grabación en video con declaraciones de tres ex empleados de OCASA y una supuestamente realizada con cámara oculta en la que un gerentede esa firma explica el fraude laboral. Según Cavallo, consiste en provocar la renuncia de empleadosdel grupo empresario y hacerla figurar como un despido sin justas causa, por el cual se deben abonar indemnizaciones; sin embargo, el trabajador sólo percibirá el importe correspondiente a una renuncia y un certificado de despido para poder acceder al subsidio por desempleo.

    Según declaraciones de los ex empleados de OCASA Fernando Aníbal Ojeda, Julio César Juárez y Ramón Antonio Rocha -reseña Cavallo- los "autores de estos manejos" eran los directivos de la empresa Roberto Calassi y Osvaldo Melchís.

    El caso más relevante de la facturación dentro de las empresas de "el grupo", aseveró Cavallo, resulta de la tre sociedades Zapras (empresas de seguridad) que, puntualizó, "se dedicaban a proveer servicios al grupo y sobrefacturarlos; con ello Edcadassa, Intercargo e Interbaires acrecentaban su crédito fiscal".

    Para el rubro "compra de facturas" a terceros -con el que según Cavallo se incrementan gastos y aumenta el crédito fiscal por IVA- el grupo contaría con una organización que se divide en operadores "comerciales" y "técnicos".

    En su presentación de prueba, el ex ministro aportó los nombres de algunas "sociedades fantasmas" que le "venden" facturas a firmas de Yabrán.

    -Diptrifti y Asociados S.A. (Arenales 2575, PB A, Capital Federal).

    Héctor Eduardo Varela (Ferré 956, J. Mármol, Buenos Aires).

    Cooperativa de Trabajo Ven Ser Venta y Servicios Ltda. (Paraná 597, 7mo piso, 47, Capital Federal).

    Binary System S.A. (Paraná 597, 7mo piso, 47, Capital Federal).

    T.R.E.T.M.I S.A. (Junín 546, 2do, oficina 8, Capital Federal).

    Cavallo hizo notar que el domicilio Paraná 597 corresponde al mismo edificio de Bridees S:R:L:, una de las empresas de seguridad que vincula al "grupo Yabrán".

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