Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron a la Corte que "de inmediato" evite sus traslados y hoy se reúne el tribunal

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, a quienes el oficialismo busca remover de la Cámara Federal, pidieron que la Corte Suprema dicte "de inmediato" una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo y el Senado no continúen avanzando con el procedimiento para invalidar sus traslados.

Los magistrados presentaron un recurso de per saltum que ingresó en la Corte en la secretaría 4, donde primero se analizará su admisibilidad. Si bien hoy al mediodía la Corte tiene su habitual acuerdo semanal, no trascendió si tratará el caso o que temperamento adoptaría el tribunal.

No obstante, en los tribunales miraban con desconfianza la solución del per saltum para este caso. Algunos funcionarios del fuero contencioso en charlas entre colegas tildaron el recurso como un "piletazo" y realizaron observaciones de técnica jurídica sobre su pertinencia.

El per saltum es un mecanismo excepcional

El texto del recurso de per saltum que presentaron los jueces implica acudir a la Corte sin pasar antes por la Cámara de Apelaciones, luego de que la jueza de primera instancia María Alejandra Biotti les rechazó un pedido similar.

La urgencia de los camaristas de buscar amparo en la Corte se debe a que el Senado convocó para el viernes 4 de septiembre a una audiencia para analizar si presta acuerdo a sus traslados. Los camaristas dicen que no lo necesitan, porque ya tienen acuerdo.

Lo más probable es que los jueces no asistan a la audiencia del viernes de la semana próxima, porque el Frente de Todos pretende usar su mayoría para no prestarles acuerdo a sus traslados, con lo que el Poder Ejecutivo quedaría liberado para removerlos de inmediato de sus actuales cargos.

Bruglia fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 a la sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py por una resolución aprobada por el Consejo de la Magistratura más un decreto del presidente Mauricio Macri en abril de 2018. Bertuzzi tuvo dos traslados firmados por dos presidentes distintos. Primero, fue trasladado desde el TOF N°1 de La Plata al TOF N°4, en abril de 2010, después de obtener el aval del Consejo y la firma de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Volvió a ser trasladado, desde el TOF N°4 a la Cámara Federal, en septiembre de 2018, con otra resolución del Consejo y el aval de Macri.

El Consejo de la Magistratura, por impulso del kirchnerismo, dijo este año que para integrar la Cámara ambos camaristas necesitaban un nuevo acuerdo del Senado, aunque la Corte ya había sostenido que mientras ambos sean jueces federales y con funciones similares no era necesario un nuevo acuerdo.

En la misma situación está el juez Germán Castelli, que debe juzgar a Cristina Kirchner por el caso los cuadernos de las coimas. Castelli acudió a la Justicia y recusó al juez que le tocó, pero esa recusación fue rechazada.

La oposición sostiene que todo se trata de una venganza porque los jueces dictaron fallos contra Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas.

"Inmediata suspensión de los efectos"

En su escrito ante la Corte, los dos camaristas dijeron que quieren que el tribunal decrete "la inmediata suspensión de los efectos" de la resolución del Consejo de la Magistratura que dispone su traslado, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación que se abstengan de seguir avanzando con el procedimiento". Y que la Corte declare expresamente que los traslados "resultan definitivos y no requieren un nuevo acuerdo" del Senado.

Insistieron en que se trata de un caso de "notoria gravedad institucional", porque entendieron que "se ha desafiado la autoridad de los pronunciamientos" de la propia Corte cuando dijo que en la Acordada 7 de 2018 que "era innecesario un nuevo acuerdo del Senado cuando un Juez de Cámara de un Tribunal Oral Federal, regularmente designado, pasa a desempeñarse como Juez de Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital".

"Los restantes poderes del Estado han desafiado la autoridad de los pronunciamientos de V.E. [la Corte] e incluso los de la jueza de primera instancia y denotan una gravedad institucional adicional que reclama la intervención inmediata" del máximo tribunal, escribieron los jueces.

Indicaron que si "el poder de turno tiene la posibilidad de revisar la composición de una gran cantidad de tribunales" con este argumento, se está frente a una "violación de las garantías de inamovilidad e independencia" de los magistrados.

Entendieron que el Gobierno y el Senado desconocieron lo que había decidido la Corte en la acordada 7, "ya suficientemente como para que puedan tolerarse nuevos alzamientos". Dijeron que el agravio que sufren es actual y no futuro si es que no les dan un nuevo acuerdo.

Y señalaron que la cuestión es de rango constitucional porque está en juego la autoridad de los pronunciamientos de la Corte Suprema y porque existe una colisión ante la actuación ya cumplida y la que se cumplirá en el futuro por otros poderes del Estado.

"Nuestra estabilidad como magistrados y de todos aquellos magistrados con traslados definitivos se ha puesto en duda", dijeron los jueces que señalaron que se ignoró el argumento de que su nombramiento ya existe como "cosa juzgada administrativa", cuestión "de orden público para la garantía de inamovilidad de los jueces".