El Colegio Público de la Abogacía de la Capital pidió que se acate el rechazo del Senado a los jueces nombrados por decreto en la Corte

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, reclamó hoy que se acate lo resuelto ayer por el Senado, que rechazó los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema nombrados por Javier Milei: Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.

Manuel García-Mansilla sigue integrando la Corte porque el Presidente lo nombró, por decreto, “en comisión”, y el Gobierno sostiene que esa designación dura hasta el fin de las sesiones ordinarias, sin importar lo que haya votado el Senado. García-Mansilla no dijo públicamente si planea quedarse. Diversos constitucionalistas y profesores de derecho sostuvieron que debía cesar en el cargo de inmediato.

El Colegio Público habló del riesgo para la independencia judicial que generan este tipo de designaciones y de la situación “sin precedentes” que implica que quien fue rechazado por el Senado siga en el cargo. “Daña el prestigio del propio tribunal y a la Justicia toda”, afirmó, y reclamó “un sistema judicial legítimo y confiable”.

“El Colegio Público desea realizar un llamado a la sensatez”, dice el comunicado, que lleva la firma de Gil Lavedra, exintegrante del tribunal que condenó a las Juntas militares, exdiputado y exministro de Justicia del gobierno de Fernando De la Rúa.

El comunicado completo:

“El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal considera que la resolución del Senado de la Nación de rechazar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, con mayorías cercanas a los dos tercios, para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada. Resulta relevante, además, el pronunciamiento adverso a la utilización de la facultad presidencial de designar jueces en comisión, censurada también por este Colegio, por poner en riesgo la independencia judicial.

“La decisión del Senado pone de relieve el desafío institucional inédito ante el cual se enfrenta el país. La permanencia de jueces designados en comisión -no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad- nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la justicia toda. Esta crisis de legitimidad afecta de modo particular al ejercicio de la abogacía: las abogadas y abogados podemos desempeñar correctamente nuestra profesión únicamente en la medida en que el país cuente con un sistema judicial legítimo y confiable.

“El Colegio Público desea realizar un llamado a la sensatez. Las discusiones acerca de la constitucionalidad de los nombramientos en comisión han pasado desde ayer a un segundo plano: solucionar la crisis de legitimidad de la Corte exige ahora no solo un respeto profundo por las reglas y procedimientos constitucionales sino también gestos de responsabilidad institucional. De lo contrario, entraríamos en conflictos innecesarios y de graves consecuencias. Es preciso, asimismo, que las nuevas nominaciones a la Corte Suprema sean hechas con diversidad de género y a través del proceso participativo y transparente previsto en la normativa vigente. El Poder Ejecutivo debe postular a dos juristas idóneas, como abundan en el país, y que gocen del consenso público necesario para ocupar el Máximo Tribunal

“Finalmente, el Colegio Público desea recordar que es imperativo que las vacantes judiciales sean cubiertas del modo mas pronto posible, lo que aplica tanto a las dos existentes en la Corte Suprema de Justicia como a los cientos de vacantes en tribunales inferiores de todo el país. Como lo hemos reclamado de modo insistente, una Justicia repleta de vacantes no puede funcionar correctamente.”

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