El Congreso se pobló de comisiones investigadoras

El abrupto crecimiento de los índices de corrupción derivó en el incremento de una vieja forma de control parlamentario: las comisiones investigadoras bicamerales o de sólo una de las cámaras del Parlamento.

Una de las más recientes mereció un nombre tan ampuloso como cuidadoso de los también flamantes cortocircuitos generados entre esos cuerpos parlamentarios y la Justicia en orden a poner en claro a quién le toca investigar y con qué alcances.

Se trata de la Comisión Especial Investigadora de la Probable Comisión de Hechos Ilícitos Perpetrados o Producidos en la Administración Nacional de Aduanas.

Diecinueva palabras que los diputados escogieron con esmero para acercar luz a la investigación que lleva adelante la Justicia en torno de uno de los más escandalosos megacontrabandos que recuerde la Argentina pero, también, para no herir las susceptibilidades de un poder (la Justicia) que, como el Legislativo, no pasa por su mejor momento frente a la consideración ciudadana.

Es que todavía no ha sido superada la puja entre la Corte y el Congreso, nacida al calor de la defensa de la independencia que cada poder demostró realizar cuando, por caso, el alto tribunal avaló mediante una acordada la decisión del camarista penal Carlos Elbert de negarse a declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja en uno de las acusaciones que allí se le siguieron al suspendido juez de instrucción Francisco Trovato.

Cuestión de privilegio

Que la cosa no cayó bien en Diputados lo demuestra el voto unánime de las bancadas a una cuestión de privilegio que, frente a ese hecho, el titular de Juicio Político, el menemista César Arias, promovió contra la Corte (de mayoría menemista).

Ese día resultó doblemente complicado para las relaciones entre ambos poderes, pues en el Senado, el juez federal Juan José Galeano se reunía entonces, a pedido suyo y con urgencia, con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA.

Ese magistrado había protagonizado un incidente con el juez Mariano Bergés, al impedirle allanar la SIDE para conocer la identidad de un agente secreto que, precisamente, investiga el atentado contra la AMIA, causa que lleva adelante Galeano. Días después, el propio Bergés se reunía con los miembros de la Comisión. Y todos, los legisladores y el magistado pactaron mantener silencio sobre lo dicho entre esas cuatro paredes.

"Esto es muy delicado. Es, le diría, una cuestión de Estado", se excusó un legislador cuando se lo consultó sobre aquella reunión.

También en Diputados se constituyó hace pocos días la Comisión Especial Investigadora IBM-Banco Nación, que investiga un abultado pago de coimas.

El problema de investigar

Hay otras comisiones, como las de seguimiento de tratados internacionales o de leyes, la creada por la norma de emergencia económica del actual Gobierno; las de estudio, las administradoras y hasta las supervisoras del cumplimiento de leyes pero, sin dudas, el problema se plantea cuando se trata de "investigar".

Según Arturo Pellet Lastra, autor de "El Congreso por dentro" y ex funcionario de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el narcotráfico, "estas investigaciones (parlamentarias) pueden ser hechas en forma paralela a la investigación judicial, dado que no se hacen (las primeras) para establecer la culpabilidad de un procesado a fin de aplicarle una pena(...), sino para aclarar aspectos vinculados con las responsabilidades políticas de altos funcionarios vinculados a los hechos".

Algo de historia

En su obra, Pellet Lastra recuerda la comisión investigadora parlamentaria que en 1934/35 se abocó al estudio del comercio de carnes sobre el que el mismo Congreso había legislado. "Correspondía crear una comisión que investigara ese comercio para probar, como se probó, que los frigoríficos extranjeros que operaban en el país lo hacían con prácticas monopólicas", dice el autor.

El ex funcionario también recuerda las comisiones parlamentarias para estudiar los menejos irregulares de fondos estatales o privados, que realizó la Comisión Especial Investigadora del Manejo de Fondos del Ministerio de Bienestar Social y de la Cruzada de la Solidaridad, en 1975, o la que se abocó al caso de la venta de tierras colindantes con el predio del Colegio Militar, en el Palomar, que provocó tal conmoción que llevó a renunciar al presidente Ortíz., "quien, aunque era totalmente ajeno al hecho se sintió tocado por la investigación", dice el autor.

Problemas actuales

La creciente corrupción, el terrorismo internacional y la baja credibilidad de las instituciones, sin embargo, son datos que actualmente dificultan la tarea de esas comisiones, cuyos límites y alcances parecen menos precisos comparados con otras épocas en que un funcionario no dudaba en renunciar a su cargo ante la menor sospecha del mal manejo de la cosa pública.

La comisión bicameral por el tema AMIA desarrolla actualmente una tarea que le fue reclamada no sólo por la Justicia, sino por representantes de la mutual destrozada y por familiares del centenear de muertos que dejó ese atentado: estudiar la forma de mejorar la legislación vigente para atender a las figuras del arrepentido, del agente encubierto y del testigo de identidad protegida.

La enfermedad de la corrupción

"La corrupción es una enfermedad y como tal, lo que hay que evitar es la epidemia". Para el ex fiscal Luis Moreno Ocampo este es un flagelo que está en la agenda pública de la Argentina, y que hay que resolver porque los más perjudicados son los ciudadanos.

El titular de la sede de Transparency Internacional en América Latina, aseguró en una diálogo con La Nación, que si bien el Gobierno intenta luchar contra la corrupción, lo que deber hacer es cambiar las conductas, ya que se trata de un problema de gestión.

"Tardamos veinte años en resolver la inflación, muchos en conseguir la estabilidad política, y tardaremos muchos más en resolver la corrupción, pero lo vamos a hacer", aseguró Moreno Ocampo, quien advirtió que lo que hace falta es un acuerdo político.

-¿Cómo perjudica la corrupción a la economía de un país?

-Una nación puede recibir inversiones aunque tenga nivel alto de corrupción, porque justamente los empresarios que invierten hacen acuerdos con los políticos. El problema es que es a los ciudadanos a los que les va a ir mal, porque los empresarios se ponen de acuerdo con los gobiernos y , por ende, la que pierde es la gente. Ese es el conflicto de la corrupción estructural, que es típica de los países donde el Estado no está al servicio de los ciudadanos.

-¿Cuál es la alternativa?

-Toda la sociedad debe comprometerse con las reglas, no es suficiente que el poder judicial sea independiente y eficaz, para eliminar la corrupción. Todos los poderes del Estado deben comprometerse. Somos un país con trece años de democracia pero todavía no hemos logrado hacer funcionar bien a las instituciones. Hay que reconocer que nos falta mucho. Hoy lo más grave es la conección que hay entre la pobreza y la corrupción: la mayoría de los fondos sociales para los más humildes son desviados. Esto produce una distancia enorme entre un sector muy rico y otro muy grande y pobre.

-¿Cómo ve la corrupción en la Argentina? -En Transparencia Internacional se hizo un ranking y la Argentina ocupa el puesto 35, sobre 40 países. No es como Nigeria o Colombia, pero tampoco está en el nivel de Suecia o Nueva Zelanda, nos falta mejorar mucho. Hoy la corrupción es una deuda pendiente. Nuestros representantes nos traicionan por intereses personales, ese es el tema central y el más complejo.

-¿Qué solución propone?

-Lo que plantea Transparencia es que esto no se resuelve metiendo preso a alguien, sino cambiando las reglas del juego. Para esto hay que hacer acuerdo entre el Gobierno, la sociedad y los empresarios, porque en los grandes negocios internacionales la corrupción más que la excepción, es la regla. Esto es la forma en que acuerdan los poderosos intereses económicos y políticos, pero eso eso en desmedro de la sociedad. El problema no es cómo se castiga un caso, sino cómo se desmonta un sistema montado, en el que el soborno es una práctica habitual.

-¿Qué papel le toca a la Justicia?

-Poner el acento en la corrupción del poder judicial, es ocultar lo que pasa en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, y el mundo empresario, es decir la responsabilidad que le cabe a cada sector. Los "mani puliti", fueron el grupo más eficiente en ese sentido: pusieron bajo proceso penal a más de dos mil personas, y , sin embargo, hoy reconocen que la corrupción en Italia no cambió.

No se puede encomendar la tarea sólo al Poder Judicial, hace falta un compromiso de las personas que dirigen. Si en el Estado todo el mundo paga sobornos y la corrupción es muy alta, es un problema de Presidente, del gobernador y del intendente, no de los jueces, porque si el Gobierno no previene, los jueces sólo pueden trabajar sobre chivos expiatorios.

-Ahora el Gobierno quiere crear una oficina de ética pública, ¿qué opina?

-En Estados Unidos funciona muy bien, pero es sólo una parte de un esquema, la oficina habla de cuáles son las reglas y también hay mecanismos de prevención. No basta con copiar una institución, debe ser una estructura funcionando. La oficina de ética pública sin otro organismo que complemente su tarea, es nada más que una "ley sin dientes", que son las que se usan para aparentar y no cambiar nada. Cuando se habla de ética y la gente ve que la conducta no cambia, lo único que se genera es hipocresía, porque en la realidad todo sigue igual. Ojalá que funcione.