El equipo de Milei prepara un recorte del 33% del personal en el Ministerio de Justicia: patovicas, prensa y Derechos Humanos, en la mira
Así surge de las primeras evaluaciones sobre los contratos que se vencen a fin de año y de los que podría prescindir la nueva administración; el equipo de judicial ya está casi definido pero se mantiene en secreto
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El equipo de gobierno de Javier Milei tiene en carpeta prescindir del 33 por ciento del personal del Ministerio de Justicia, según las primeras estimaciones del staff que desembarcará en el área y se basa en los contratos que se vencen a fin de año y los funcionarios que dejarán sus cargos.
Este plan ya fue consensuado por el futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y su equipo más cercano y de confianza, que fue validado la noche del jueves en una reunión de gabinete que convocó Milei y donde cada uno de los elegidos hizo una puesta en común de sus principales iniciativas. El clima era distendido y hasta el libertario se permitió algunas bromas, señalaron los protagonistas.
En esa reunión, Cúneo Libarona planteó que del primer análisis del organigrama de personal hay algunas áreas que están sobredimensionadas. Por ejemplo, el registro nacional de patovicas, que se denomina Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap) y funciona con siete personas; o el área de prensa, donde actúan 22 personas.
La Secretaria de Derechos Humanos, que ocupa parte del predio de la ex-ESMA, cuenta con cerca de un millar de empleados, dijeron fuentes cercanas al gobierno entrante. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.
Una de las ideas que planteó el futuro ministro es trabajar sobre un sistema de control de acceso y egreso de personal, que permita establecer quiénes son los que concurren a trabajar, dónde y las tareas que desempeñan. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el exministro Germán Garavano planteó trasladar allí la sede del Ministerio de Justicia, desde el microcentro porteño, pero no prosperó.
“No admito la vagancia, no admito los ñoquis”, les dijo Cúneo Libarona a sus colegas, al plantear estos ajustes en los contratos que se vencen a fin de año y con los que calcula que se podrá reducir en un 33 por ciento el personal, sumado a los funcionarios que dejan sus funciones.
En la reunión de gabinete tuvo el apoyo de sus colegas, a sabiendas de que esta reforma generará resistencia de los gremios estatales y de los organismos de derechos humanos.
El futuro Ministerio de Justicia tendrá una estructura más chica que el anterior y entre los cambios que ya se plantearon figuran dos organismos de control clave que pasarán a depender de la órbita de Cúneo Libarona: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
La Unidad de Información Financiera es un organismo autónomo y autárquico clave en el control del lavado de dinero producto de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y el financiamiento al terrorismo internacional. Integra una red propia de organismos similares que funciona en 170 países. Se llama el Grupo Egmont es una organización conformada por 170 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.
Esta red intercambia información de inteligencia financiera contra el lavado de dinero más allá de los mecanismos judiciales. La ley argentina obliga a los bancos, aseguradoras, concesionarias de autos y galerías de arte, entre otros, a denunciar con Reportes de Operaciones Sospechas (ROS) de lavado de sus clientes y ese insumo es el que alimenta las investigaciones de la UIF y el intercambio de información.
Para estar al frente de este organismo, Cúneo Libarona dice tener ya a “un número uno internacional”, según las palabras de uno de sus colaboradores. En el macrismo estuvo al frente de este área sensible Mariano Federici. La Argentina tiene que rendir examen en abril próximo sobre sus avances en este tema. La UIF dependía del Ministerio de Economía y ahora pasaría a Justicia.
Por su parte, la Oficina Anticorrupción es otro de los organismos de control del Estado, que ahora depende del Presidente de la Nación. Tiene dos funciones esenciales: investigar y sancionar casos de conflicto de intereses de funcionarios, y recibir, analizar y publicar las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Durante la gestión de Alberto Fernández, la OA dejó de ser querellante en los casos de corrupción de los funcionarios públicos, incluida Cristina Kirchner, una función que podría recuperar ahora.
Al día siguiente de esta reunión de gabinete, Cúneo Libarona partió a la Patagonia, donde pasó el fin de semana para analizar los últimos detalles de los proyectos de ley que presentará apenas asuma, el 10 de diciembre próximo. Los nombres de su equipo de colaboradores ya están prácticamente definidos, pero los mantiene en secreto hasta que asuman. La indicación del presidente electo es que no hable con periodistas hasta después del 10 de diciembre.
Cúneo Libarona se recostó en su entorno de confianza de abogados y especialistas en cada sector de la gestión judicial. Su jefe de gabinete es Diego Querendian, un abogado de su estudio. Trabajó esta semana con Martín Casares, quien fue jefe de Gabinete de la gestión de Garavano. “Colaboración, no cogobierno”, dicen en Pro y lo mismo señalan en el entorno de Cúneo Libarona, donde destacan la amistad con Garavano.
Afirman que está definido el nombre del secretario de Justicia, un funcionario de la Corte, joven, pero experimentado, cuyo nombre no quieren hacer público en la medida en que sigue en funciones.
Asimismo, señalan que ya fue definido el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Para ese cargo sonaba el expresidente de la Asociación de Magistrados, el juez civil Marcelo Gallo Tagle, amigo cercano del futuro ministro y excompañero de banco en el colegio. Pero Gallo Tagle priorizará su carrera judicial para llegar a camarista.
El otro nombre que tiene en mente el ministro entrante es el del camarista Marcelo Lucini como candidato a la Procuración General de la Nación, pero esa designación es mas compleja. Además del visto bueno de Milei, el postulante debería ser votado por los dos tercios del Senado, una mayoría que está lejos de reunir La Libertad Avanza, que cuenta con solo 7 senadores 72, por lo que la negociación política necesariamente será mas amplia, con otros cargos y más compleja.
Otro de los cargos vitales que necesita ser cubierto es un sillón en la Corte Suprema de Justicia, donde Cúneo Libarona pretende impulsar a una mujer.
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