El fiscal Gonella quiere llevar a prisión al arrepentido cordobés

CORDOBA. El testimonio del arrepentido Miguel Vera, quien reveló la ruta del dinero K en Córdoba, divide aguas en el juicio en torno a las maniobras de la financiera CBI, cuyo fallo se conocerá este jueves 27. Vera contó como se abrieron dos empresas fantasmas para "monetizar" en la financiera cheques que en su mayoría provenían de la obra pública nacional. Pero las causas apenas avanzaron. El fiscal Carlos Gonella, en su alegato, pidió 10 años de cárcel para Vera y $1432 millones de multa. Pero la defensa del arrepentido pide una reducción de la pena por su colaboración en el caso.

"Nos vamos a quedar con la duda, por ejemplo, de porqué Vialidad Provincial de Tierra del Fuego depositaba cheques por $650.000 en una financiera de Córdoba. ¿Era una coima o Vera es un mentiroso?", preguntó irónico el defensor de oficio del arrepentido, Rodrigo Altamira.

Para Gonella, no corresponde "de momento" la reducción de pena para el arrepentido. "Cuando estén las condiciones vamos a considerar los beneficios", apuntó a LA NACION.

La multa apunta a penar el lavado, que prevén de dos a diez veces el monto y para la intermediación financiera, de dos a ocho. "Para el dueño de la financiera la estimé sobre $342 millones a partir de una planilla de Excel secuestrada en CBI", explicó el fiscal.

Para Altamira los beneficios para el arrepentido corresponde porque se "comprobaron" los datos aportados. Quien actuó en la constitución de las empresas confirmó conexiones y aportó mails; en la agenda de Jorge Suau (vicepresidente de la financiera que murió en confusas circunstancias) están los nombres de los financistas porteños Teófilo Grant y Joaquín Juana y del valijero Jorge Castro y en el entrecruzamiento de llamados se registran los contactos.

"Hay un acuerdo de diciembre de 2016 en el que Vera se compromete a dar identidad a las personas que están por detrás de las empresas y el fiscal Enrique Senestrari, si cumple, a una reducción de pena. El juez Hugo Vaca Narvaja lo ratificó –describe Altamira-. Pido unidad de acción; el acuerdo fue con el Estado y se debe cumplir. Si no se avanzó más en la investigación no es por nuestra responsabilidad".

Las dos causas abiertas a partir de la declaración de Vera son una que alcanza a funcionarios del Banco Nación por los millones que pasaron por las dos cuentas fantasmas para determinar si colaboraron con el lavado y la otra es contra los financistas porteños (en ese caso, además de imputarlos en Córdoba, Senestrari la envió a Buenos Aires). El fiscal les atribuyó los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión agravada; la promoción de acción penal no tiene fecha ni cargo del tribunal por lo que podría anularse. En abril ambos se negaron a declarar.

"Es impensable que no se investigaran a las constructoras y municipios que aparecen en los listados de cheques ¿No ameritaba librar un oficio al emisor y seguir el orden del endosante? Hay que determinar la trazabilidad. Este extremo de la acusación no se comprobó por desidia en la investigación", resumió Altamira.

LA NACION accedió al listado de valores donde hay de Electroingeniería, Iecsa, Carranza Rovella, de obras sociales y de organismos como Jefatura de Gabinete, Pami, Correo Argentino y Gendarmería. También ministerios de Córdoba; municipalidades, mutuales, cooperativas y empresas del agro. Buena parte de los nombres coinciden con los de los "cuadernos de la coima".

En su ampliación de indagatoria el "valijero" Castro mostró una planilla que aseguró guardó "en la nube" cuando la financiera quebró a fines de 2014 y que "nunca más" tocó. Dijo que estaba "90% del movimiento" de Jotemi. El presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, le preguntó si el apartado "comisiones" se refería a las legales del Nación y el acusado aclaró que eran "coimas".

Benjamín Sonzini Astudillo, defensor del dueño de la financiera, apuntó que, por ejemplo, no estaban los cheques de la constructora Tapyr, donde "Leandro y Emiliano Machione son familiares directos" de quien participó por la Procelac en un operativo, Nicolás Machione. Sostuvo que hay fotocopias de esos valores en información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el cuerpo 31 de la causa. "Es extraño que ‘desaparezcan’; él no podía intervenir en el proceso al tener familiares relacionados. Todo lo vinculado a los ‘grandes’ no se investigó, se concentraron en el chiquitaje", apuntó.

Este diario consultó a Machione: "Están reproduciendo una mentira que sigue la estrategia de la defensa; no soy funcionario, soy empleado. Lo fui de la Procelac y ahora del Ministerio Público Fiscal; lo que el abogado dice que es un informe de la UIF no lo es; no están las firmas de parientes; la empresa no está a nombre de parientes. Desconocía la relación con la sociedad de quienes serían mis primos. En el Banco Nación recuerdo que pasaron más de $360 millones y por lo que me exhibieron el monto de esa sociedad no supera los $60.000. Los abogados no realizaron la denuncia porque caerían en el delito de falsa denuncia".

Por Gabriela Origlia

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