El fiscal Guillermo Marijuan apeló un sobreseimiento de Fabián Rodríguez Simón que firmó Servini y pasó bajo los radares

El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló un sobreseimiento de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, que había sido firmado este lunes por la jueza María Romilda Servini y que no había trascendido públicamente.

Es en una causa en la que Rodríguez Simón está acusado de amenazar a los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa a través de un amigo de ambos, Ricardo Benedicto. Este presunto amedrentamiento habría sido en respuesta a la causa que De Sousa inició contra el expresidente Mauricio Macri por una supuesta “persecución política, judicial y mediática”.

La jueza María Servini había llamado a Rodríguez Simón a prestar declaración indagatoria hace tres años, pero el exfuncionario se fue a Uruguay, donde permaneció con un pedido de refugio político. El año pasado pidió autorización para regresar al país sin ser detenido y la jueza se la otorgó. Rodríguez Simón debió cubrir una caución fijada por la jueza de más de 3 mil millones de pesos. Lo hizo a través de su “fiador”, José María Torello.

En diciembre pasado, Servini le tomó declaración indagatoria y este lunes, luego de entender que no había elementos que probaran la amenaza, lo sobreseyó. Esta es la decisión que apeló Marijuan.

La jueza valoró que los testimonios reunidos en la causa, de personas que mantuvieron reuniones con Rodríguez Simón, dijeron no haberse sentido amenazados.

Joaquín Labougle, abogado de Federico Achaval, socio de Cristóbal López en el negocio del juego y padre del intendente de Pilar, reconoció que “a veces tiene un tono que puede sonar amenazante”, pero que, por el conocimiento que tenía de él, supuso que esas formas “eran parte del personaje”.

“La prueba daría cuenta que esa era la forma de manejarse que tenía el imputado, aunque no encuentro que sean típicas del delito de amenazas coactivas”, afirmó Servini.

Según pudo averiguar este medio de fuentes judiciales, la resolución de la jueza también fue apelada por el abogado de los denunciantes, Carlos Beraldi.

El hecho, en concreto, habría sido una reunión en la que Rodríguez Simón le transmitió a Benedicto que los empresarios “no estaban midiendo las consecuencias” al denunciar al expresidente puesto que buena parte de sus negocios estaban radicados en la ciudad de Buenos Aires. Además, en ese encuentro, que sucedió entre julio y agosto de 2019, Rodríguez Simón le habría dicho que hablaba en nombre de Macri, Mario Quintana, Nicolás Caputo y José Torello.

La jueza también valoró que el presunto “mal que insinuaba” Rodríguez Simón no dependía de su dominio puesto que para esa época se desempeñaba como director de YPF. “no hay ninguna prueba que dé cuenta de que, eventualmente, el imputado pudiera llegar a tener algún tipo de influencia”.

Mientras estuvo en Uruguay, todas las instancias la autoridad administrativa uruguaya venía rechazando el pedido de refugio de Rodríguez Simón, pero ese trámite mientras duró le permitió que no se activara la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra. De hecho nunca empezó el proceso judicial de extradición, pues estaba tramitando el proceso administrativo para que Uruguay le otorgue una protección especial.

Pero el año pasado el exfuncionario entendió que la situación en la Argentina había dado un giro con el cambio de Gobierno y que habían cesado las cuestiones políticas que, según él, implicaban una persecución en su contra por parte del gobierno de Alberto Fernández.

Esa situación, sumado al hecho de que no estaba bien en Uruguay en los últimos meses, motivó que su abogado presentara su eximición de prisión.

Rodríguez Simón está acusado de haber supuestamente extorsionado y amenazado a López, del Grupo Indalo, en nombre de Macri, para que apoyara al Gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos.

Los delitos por los que la jueza había pedido la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Según ella, había evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.

Rodríguez Simón, como asesor presidencial, fue el ideólogo de las apuestas judiciales más osadas de Macri; entre ellas, la idea de nombrar a jueces por decreto en la Corte Suprema, algo que finalmente no concretó (firmó el decreto, pero los ministros terminaron entrando sólo una vez que el Senado les dio su acuerdo). Javier Milei retomó aquella idea, que ningún presidente democrático había intentado llevar a la práctica en más de 100 años, y designó por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla.

Por Federico González del Solar

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