El Gobierno aún no oficializó la anulación del protocolo sobre el aborto

El Gobierno aún no oficializó la anulación del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo que firmó ayer el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y que desató un conflicto en la coalición oficialista.

Fuentes cercanas a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, jefa de Rubinstein, habían dicho ayer que la resolución que facilita la interrupción de embarazos en menores de 15 años sería anulada hoy. Pero el texto revocatorio todavía no fue reflejado en el Boletín Oficial.

La revocatoria apuntaría a "la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer". Estos tres organismos, según explicaron desde la cartera de Stanley a la agencia Télam, "presentaron notas al ministerio solicitando la intervención en el proceso".

Sin embargo, no fue publicada hoy en el Boletín Oficial ninguna resolución que invalide el protocolo.

La actualización del protocolo impulsada por Rubinstein se adecuó a "normativas internacionales" para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.

La resolución 3158/2019 se confeccionó "teniendo en cuenta las dos ediciones de la 'Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles' de 2007 y 2010".

Además de evitar la obstaculización de un aborto no punible por vía judicial, burocrática o médica, situación que se repite en el país incluso en los casos de abortos no punibles previstos por la ley, el protocolo señala que para acceder a la interrupción legal del embarazo se requería solamente del pedido de la mujer que busca practicarlo, con consentimiento informado y mediante una declaración jurada en la que afirma que su caso se encuentra entre las causales de no punibilidad previstas por la ley, como cuando el embarazo es producto de una violación o representa un peligro para la vida y la salud de la gestante. También establece que la intervención debía hacerse en no más de 10 días desde el pedido y que no podía ser rechazada por ninguna institución pública o privada.

"La actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos", remarcó la resolución.

Se establece que esta actualización "es parte de la política pública llevada adelante por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva" y que "responde a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación".

La disposición generó un nuevo foco de conflicto entre el Pro y la UCR. El presidente Mauricio Macri y Stanley dejaron trascender que no estaban al tanto de la resolución y desautorizaron a Rubinstein. El radicalismo salió a defender al funcionario y criticaron la actitud de la Casa Rosada.