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El Gobierno creó por decreto el Instituto Nacional de las Mujeres
Reemplazará, con rango de Secretaría, al Consejo Nacional de las Mujeres; en el marco de la campaña, Stanley lo presentó en una actividad junto a Gladys González
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LA NACION
Mediante el decreto 1000/17 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), oficializado hoy en el Boletín Oficial. Este organismo, sujeto a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, adquiere así rango de Secretaría y reemplazará al Consejo Nacional de las Mujeres. A cargo del INAM estará Fabiana Túñez, que antes presidía el Consejo.
"Luego de 25 años de existencia, el Consejo se encontraba como un organismo que se perdía en la estructura estatal; con la creación del INAM como un ente descentralizado ganamos autonomía, manejo de presupuesto y la posibilidad de ampliar el marco de acción; es en definitiva la jerarquización del organismo que rige las políticas públicas de género", dijo Túñez en un comunicado que difundió la cartera de Carolina Staney. Según destacan en ese mismo texto, seguirán vigentes los programas que impulsaba el Consejo e impulsarán la presentación de nuevos proyectos. De todos modos, los fondos destinado son hasta el momento los mismos que tenía el Consejo, aunque esperan elevarlo cuando se discuta el presupuesto 2018.
Para difundir la actividad y también en el marco de la campaña electoral que busca fortalecer a Gladys González, segunda en la lista de Esteban Bullrich, la ministra Stanley, Túñez y la candidata a senadora visitaron hoy la Asociación de Residentes Paraguayos, en Villa Vetone. Asistieron allí al cierre de la jornada "La mujer y su participación en la política" y se reunieron allí con emprendedoras de distintos rubros.
Agencia de Discapacidad
El Gobierno oficializó hoy también la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad y el traspaso a la responsabilidad de la vicepresidenta Gabriela Michetti las políticas destinadas a esa franja de la población y el otorgamiento de pensiones. La medida es fruto de la controversia que se generó en junio cuando se suspendieron 70.000 pensiones por invalidez, debido a una revisión por irregularidades. El costo político para el Gobierno fue tal que debió dar marcha atrás con la medida, que había afectado a personas que sí necesitaban del beneficio.
En los fundamentos de la medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, se afirma la necesidad de "centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades".
LA NACION
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