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El Gobierno desaceleró el ritmo de la motosierra para evitar un impacto social negativo
El gasto primario pasó de una caída interanual del 39,4% en enero a una del 35% en términos reales en marzo, según Iaraf; en el Gobierno lo atribuyen a los gastos en asignaciones sociales y en jubilaciones
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Por necesidad política. Para mantener a raya a la inflación. O para contención social. Un conjunto de factores obligaron a Javier Milei a desacelerar levemente la motosierra -y la licuadora- en los últimos dos meses. La gestión libertaria nunca dejó de ajustar fuertemente si se compara el nivel de gasto en términos reales de forma interanual. Pero en marzo y en abril lo hizo con menor intensidad que en el primer bimestre del año.
Milei se ufanó de haber alcanzado superávits primario y financiero al cierre del primer trimestre. “La motosierra y la licuadora no se negocian”, sentenció el jefe de Estado allá por febrero, cuando el torniquete sobre el gasto público alcanzaba su máximo nivel.
Con el correr de las semanas, empero, ese ajuste comenzó a aflojar levemente. Así se evidencia en las cifras de ejecución del gasto presupuestario. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside el economista Nadin Argañaraz, procesó estos datos con el propósito de medir la intensidad de la reducción del gasto en lo que va de la gestión libertaria: ese informe da cuenta que el gasto primario pasó de una caída interanual del 39,4% en enero a una del 35% en términos reales en marzo. Hubo una desaceleración de la intensidad del ajuste del gasto, señala el informe. La tendencia, según especialistas, se habría sostenido en abril.
Consultados por LA NACION, fuentes del Gobierno confirmaron el análisis. “Es correcto. La menor caída del gasto obedece a que algunas partidas respondían a programas que necesitaban primero ser evaluados. Además se realizaron incrementos en asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, además de las jubilaciones”, dijeron fuentes calificadas de la gestión libertaria.
La desaceleración del ajuste no fue uniforme en todas las partidas. Es decir, el torniquete aflojó en algunos rubros del gasto primario mientras que en otros se mantuvo igual o se intensificó. Son los casos de la inversión real directa, las transferencias discrecionales a las provincias, las pensiones no contributivas y los subsidios al transporte.
Jubilaciones
Una de las partidas que evidenció un relajamiento en el ajuste es la destinada al pago de jubilaciones y pensiones contributivas: en enero tuvieron una caída interanual del 38,1% mientras que en marzo fue de 35,7%. Esto se explica por el pago de los sucesivos bonos que pagó el Gobierno a los beneficiarios del haber mínimo para atenuar –parcialmente- la caída en términos reales de esos ingresos: $55.000 en enero y marzo y $70.000 en marzo.
La licuación de las jubilaciones y pensiones (sobre todo de aquellas superiores a la mínima) ha sido, no obstante, la principal aliada del Gobierno en la reducción del gasto público.
En abril la desaceleración en el ajuste sobre las jubilaciones y pensiones fue mayor ya que comenzó a regir la transición entre la antigua fórmula de movilidad y la que impuso el Gobierno por el DNU 274/24 (de actualización mensual por inflación): según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este DNU tiene un costo fiscal de 0,3 punto del PBI, básicamente por el pago de un adicional del 12,5% por única vez.
Desde Suramericana Visión el economista Fernando Morra apuntó: “En abril se observa una pequeña desaceleración en el nivel de ajuste, en línea con lo que sucedió en marzo. Si bien el gobierno está lejos de recuperar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, con la nueva fórmula jubilatoria se impide que sigan cayendo. Pero ojo, también impide que sigan creciendo porque nunca se va a actualizar por arriba de la inflación”.
El Gobierno también desaceleró la intensidad del ajuste en los programas sociales: en enero cayeron un 23,1% interanual y en marzo el 17,9%. La Asignación por Embarazo y la AUH aumentaron un 27,18% en el tercer mes del año, mientras que, en abril, el Gobierno aumentó un 500% el Plan “Primeros mil días”.
Salarios y subsidios
Los salarios del sector público también evidenciaron una recuperación, aunque por detrás de la inflación. Según el monitor de IARAF, en enero la caída interanual fue del 27,2%, mientras que al cierre de marzo fue de 19,6% en términos reales. En marzo se acordó un nuevo aumento del 8%, por lo que al cierre del primer cuatrimestre la caída en este rubro fue del 14,4% reales según la OPC.
Los subsidios energéticos tuvieron, en tanto, una caída drástica del 77,2% interanual el primer mes del año, pero en marzo el ajuste en este rubro se aflojó y cayeron el 50,6%. Esa desaceleración se intensificó en abril: según indica la OPC, ese mes se verificó por primera vez en el año un incremento real del gasto en términos interanuales (44,5%), principalmente como consecuencia de transferencias a Cammesa por $791.760 millones para cubrir las deudas pendientes en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En tren de mantener a la baja la curva de la inflación, el Gobierno decidió además postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad que estaban previstos para mayo. “Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. El funcionario cree que tiene margen de maniobra para sostener las metas fiscales gracias al feroz ajuste aplicado en la primera parte del año.
Fondos educativos y provinciales
Si se observa el rubro “transferencias a universidades” el informe de Suramericana Visión indica que la caída en el primer trimestre fue del 35%, pero del 29% en marzo. El Gobierno debió soltar la billetera conforme escaló el conflicto con las casas de estudio. Anunció en marzo un aumento del 70% para “gastos de funcionamiento” y giró los fondos un día antes de la masiva movilización. Con el recrudecimiento del malestar, anunció otro aumento del 70% para mayo y una partida extraordinaria para los hospitales universitarios.
El Gobierno dio de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), con el argumento de que las provincias deben sustentar sus propios gastos. La lógica del látigo marcó el inicio de la gestión de Milei. Sin embargo, en abril el gobierno nacional giró fondos para sustentar gastos de educación para Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Corrientes. “Son fondos por compensación salarial focalizados sólo en las provincias que pagan salarios docentes inferiores al mínimo fijado por el Consejo Federal de Educación”, señalaron fuentes oficiales.
Respecto a los giros discrecionales a las provincias, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta el 29 de abril pasado, la Nación pagó $10.300 millones. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que también se otorgaron “adelantos de coparticipación” a las provincias que los solicitaron.
