El Gobierno dilata la convocatoria a extraordinarias mientras busca un acuerdo con el PJ para suspender las PASO

El Gobierno decidió frenar la convocatoria a sesiones extraordinarias, anunciada hace apenas seis días por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Desde entonces, la situación política ha dado un giro: la detención del senador peronista aliado a la Casa Rosada, Edgardo Kueider, debilitó la posición del oficialismo en la Cámara alta, a la vez que el Poder Ejecutivo cayó en la cuenta de que los consensos necesarios para impulsar su ambiciosa reforma política -que incluye eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos- aún no están maduros. Ambos proyectos son claves para Javier Milei, quien los considera fundamentales para asegurarse una victoria en las urnas el año que viene.

“Hasta hoy no tenemos acuerdos para llamar a extraordinarias sobre los temas que habíamos planteado inicialmente”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Saben que somos una minoría. Hoy los acuerdos no los tenemos. En diciembre con esta situación no convocaríamos”, dictaminó. En el oficialismo especulan con la posibilidad de formalizar la citación para febrero: esperan que para entonces se desinfle el escándalo de Kueider

“Si vamos a tratar el caso de Kueider deberíamos tratar la situación de todos los senadores que tienen una situación similar. Sería lo justo. Kuieder esta en una situación irregular y tiene que avanzar la Justicia de Paraguay”, señaló hoy Francos. Este jueves, el Senado tratará la expulsión del entrerriano, detenido al intentar ingresar a Paraguay desde Brasil con más US$200.000 en efectivo sin declarar.

La postergación de la convocatoria a extraordinarias también se combina con la necesidad de los libertarios de acercar posiciones con Unión por la Patria (UP), determinante para que la reforma política prospere. Fuentes del oficialismo anticiparon a LA NACION que se rehúsan a enviar proyectos que queden a medio camino de convertirse en ley.

Si bien este cambio anima a parte del peronismo, otros no terminan de convencerse de las virtudes de derogar definitivamente las PASO. “Hay tantas realidades como distritos”, repite un referente del bloque de 99 integrantes cuando se le consulta por la posición predominante dentro de su espacio. La opción intermedia de apoyar una suspensión provisoria de cara a las próximas elecciones empezó a seducir a un sector. “Es la voluntad mayoritaria”, señaló otro dirigente desde la bancada que conduce el santafesino Germán Martínez.

Es la propuesta que presentó un legislador de Sergio Massa, Héctor Eslaiman, en la provincia de Buenos Aires: apunta a suspender -no eliminar- las primarias en los comicios bonaerenses de 2025. Al gobernador Axel Kicillof le serviría retener el control de la Legislatura, mientras que Cristina Kirchner -que armará las listas nacionales como presidenta del PJ- mira lo mismo en los municipios que controla. El peronismo retiene 85 de 135 municipios y 12 están en manos de La Cámpora, la agrupación ligada a su hijo, Máximo, enemistado con el mandatario provincial. En 2027, cuando se pongan en juego los cargos ejecutivos, se volverá a evaluar la conveniencia de este cambio. Todos ganan.

El Gobierno no descarta la suspensión de las PASO y ya comenzó a evaluarla. Sus habituales aliados de Pro y la UCR se rehúsan, en general, a avanzar en este sentido: necesitan de las primarias para ordenar sus internas, marcadas por la irrupción de Milei en la escena política. No obstante, es probable que esta iniciativa vuelva a fragmentar sus bloques. Se podrían despegar los “radicales con peluca” que se fotografiaron con el Presidente y los bullrichistas dentro de la bancada que conduce Cristian Ritondo.

La jugada tiene el sello del asesor presidencial Santiago Caputo, artesano de la estrategia política, discursiva y electoral de La Libertad Avanza (LLA). A través de esta reforma ratifica la intención del Gobierno de polarizar con el kirchnerismo mientras profundiza la fragmentación de sus competidores por derecha: Pro y la UCR.

“Vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas, desarrolladas sobre los pilares que les conté hoy, para que la sociedad elija realmente qué país quiere”, dijo Milei ayer por cadena nacional. Y listó una reforma impositiva, una reforma previsional, una “verdadera” reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una “profunda” reforma penal y una reforma política. Acto seguido, subrayó: “Por primera vez en muchos años, las elecciones del año próximo no se tratarán de personas, sino de ideas”. Y volvió a marcar con quien pretende rivalizar: “Será una elección entre los políticos rancios del pasado o nuestra agenda del futuro”.

Los dos proyectos de reforma política fueron enviados a la Cámara de Diputados a fines de noviembre. Uno propone eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos al reducir significativamente el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado. El otro condiciona la supervivencia de los partidos chicos y apunta a matar a los “sellos de goma”, partidos con poca representación que hacen negocios al prestar su existencia formal. Es paradójico: fue a través de éstos con los que Javier Milei logró armar el frente electoral con el que llegó a la presidencia. La iniciativa endurece las condiciones para el reconocimiento jurídico de los partidos, moderniza el procedimiento de afiliación y aumenta los requisitos para que obtengan estatus nacional.

Se espera que el Gobierno también incluya en el posible temario de extraordinarias la iniciativa que endurece las penas para quienes hayan incurrido en la reiterancia delictiva, así como una propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, para combatir el crimen organizado (ley antimafia).

Por Delfina Celichini

• Congreso Nacional

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