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El Gobierno negocia limitar las facultades delegadas para aprobar la ley ómnibus y dar una señal a los mercados
Tras retirar los puntos claves en materia económica, el Poder Ejecutivo está dispuesto a prescindir de las facultades legislativas en materia fiscal y previsional; busca evitar una derrota en Diputados
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El oficialismo ingresa en una semana clave para lograr el desarrollo de su plan de gobierno, que busca cimentar en la conquista del déficit cero. Tras diezmar el proyecto de ley ómnibus de los puntos claves de su paquete de reformas económicas y tributarias -anunciado el viernes por el ministro de Economía Luis Caputo-, buscará este martes su media sanción en la Cámara de Diputados ante la necesidad de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ello, el gobierno de Javier Milei hará en las próximas horas otra concesión puntual a los bloques dialoguistas, que aún ponen reparos a algunos aspectos de la norma, principalmente sobre la delegación de facultades legislativas en materia fiscal y previsional.
Con conversaciones que perduraron durante todo el fin de semana, la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal esperan una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de intensos vaivenes para lograr un dictamen de mayoría. Si bien se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de legisladores, el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa. El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.
Por orden de la Casa Rosada, en la reunión de Labor Parlamentaria, que el oficialismo intentará convocar para este lunes o a más tardar el martes temprano, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que quedarán afuera las facultades en materia previsional y fiscal. Así, Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.
“Se quejaban de estos dos temas, decían que tenían dudas, ahora se los vamos a dejar por escrito. Veremos si ahora apoyan la ley”, comentaron a este diario altas fuentes del oficialismo, que en la Cámara baja tiene a su titular, Martín Menem, como intermediario entre los tomadores de decisiones del Poder Ejecutivo y los bloques de la oposición aliada. A pesar de que todos reconocen la capacidad de diálogo del presidente del cuerpo, muestran fastidio ante la falta de interlocutores que definan situaciones. “Nos mandan funcionarios de segundas líneas que no tienen la última palabra y eso demora todo el proceso”, repiten quienes dedicaron las últimas semanas a puntear uno por uno los asuntos objetados.
Por ese modus operandi, las bancadas dialoguistas esperaban aún la contrapropuesta con modificaciones que el Gobierno se había comprometido a otorgar antes del sábado. Acostumbrados a los tiempos del oficialismo, un referente radical aseguraba: “Tiene que llegar hoy”. Con una reunión de bloque prevista para este lunes a la tarde-noche, la UCR esperaba esta respuesta para definir cómo posicionarse. A pesar de su objetivo de mostrarse cohesionados, un sector referenciado al diputado Facundo Manes y al que podría sumarse la media docena que responde al eje Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti, seguía con la idea de no acompañar el proyecto en general. “Lo más probable es que se abstengan para no votar idéntico al kirchnerismo”, analizó un conocedor de las internas correligionarias.
Ante este escenario, la cumbre radical apuntaría a amalgamar la votación en particular en la que, según trascendió, todos coinciden en no conceder al Presidente el capítulo de privatizaciones ni en la transferencia de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro, además de temas puntuales sobre la definición de lo que se considera una manifestación o los cambios en materia de legítima defensa. Temen que los libertarios, en consonancia con la oposición intransigente, apuren el tratamiento y solo habiliten la aprobación -o rechazo- de la iniciativa en general. “Los moderados quedarían en una encerrona”, sintetizaron.
En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”. “Ya hicimos nuestras propuestas al oficialismo y tenemos expectativas de que serán receptadas así que estaremos cuando convoque a la sesión”, señaló una de las espadas parlamentarias del espacio.
Por último, en la heterogénea bancada que preside Miguel Pichetto -en sintonía con Innovación Federal, referenciado con los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta- la cautela impera. Tras emitir un comunicado el jueves pasado en el remarcaron que tienen “el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”, esperan ahora que el oficialismo de sus próximos pasos.
A pesar de la voluntad de diálogo que manifestaron, el hastío de los principales referentes dialoguistas con el Gobierno quedó expuesto tras el maratónico plenario por el que se obtuvo el dictamen de mayoría. Por eso, en el comunicado destacaron que pretenden que el debate en el recinto sea “de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”. Se espera que los diferentes espacios que componen esta bancada tengan libertad de acción para objetar los puntos que consideran “impasables”.
Los gobernadores
Estos tres bloques están ligados a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, sumados a los cuatro de Innovación Federal y al cordobés Martín Llaryora. Con reuniones a lo largo de todo el fin de semana, los mandatarios provinciales coinciden en que están los números para la ley y entienden como algo “positivo” el separar la discusión al capítulo fiscal. Sin embargo, están alertas a las próximas jugadas del Ejecutivo, que ya advirtió que recortará partidas a los gobiernos subnacionales.
“Vamos a ir a un nuevo pacto fiscal”, confió uno de los gobernadores que estos últimos días mantuvo frenéticas reuniones con sus pares y con diferentes emisarios del Ejecutivo. El foco está puesto en compensar el ajuste y consensuar un alivio a las cajas provinciales, muchas de ellas dependientes de las transferencias federales. Por eso, los mandatarios y un sector de los legisladores se reunieron este sábado por zoom para evaluar el escenario general tras el anuncio del viernes.
En el Gobierno reiteraron que los gobernadores que se oponen a la ley “se siguen negando a pagar el costo político” de la eventual suba del piso para el pago de Ganancias, que compensaría las finanzas provinciales. Y también reconocieron que, más allá de desechar los aumentos mensuales a los jubilados a tono con la inflación del Indec -propuesta por el oficialismo-, el Gobierno deberá hacer “algún ajuste adicional” para la clase pasiva, que compense el poder adquisitivo perdido en estos meses.
Con la colaboración de Jaime Rosemberg
