El Gobierno se mantiene en silencio por la denuncia contra el jefe de la DGI por propiedades no declaradas

El gobierno de Javier Milei decidió mantenerse en silencio y no responder a la investigación periodística que reveló que el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de US$2 millones que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Ni en la Casa Rosada ni en la sede de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) respondieron formalmente a las consultas de LA NACION horas después de que el Presidente aterrizara en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Italia, donde estuvo el fin de semana de gira oficial. Manuel Adorni, el portavoz de la Presidencia, no tiene previsto dar hoy su habitual conferencia de prensa.

Según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), Vázquez-nombrado por decreto por el Presidente, no declaró tres propiedades adquiridas en Miami, una de las cuales vendió, sin cumplir con la presentación ante la OA, como impone la ley de Ética Pública desde 1999.

Mientras los funcionarios se mantienen en silencio, fuentes cercanas al Presidente deslizaron que “no hay nada que contestar” y cuestionaron a los medios que publicaron la información. “Es una estrategia de pegarle al Gobierno por el lado de la corrupción”, comentaron en reserva. Las mismas fuentes sugirieron que hubo simultaneidad entre las acusaciones contra Vázquez y la denuncia contra el nuevo titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, por no haber declarado un departamento, también en Miami, por un valor cercano a los US$ 600.000. Por la tarde, desde el Gobierno aseguraron que, al tomar conocimiento de las investigaciones periodísticas, Vázquez habría hecho una presentación judicial espontánea, con el fin de “desmentir” las supuestas irregularidades.

Fuentes de la exAFIP afirmaron que Pazo y Vázquez responderían, hoy por hoy, a jefes distintos. Mientras el nuevo titular de ARCA es cercano al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Vázquez tendría “línea directa” con el llamado “triángulo de hierro” que componen el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La llegada de Vázquez a la dirección de la DGI luego de más de tres décadas en distintos cargos del ente recaudador, aceleró la salida de Florencia Misrahi, titular de la ex AFIP hasta el viernes 6 pasado. Ese día, Milei decidió echarla por firmar una resolución en la que incluía en el nomenclador de actividades que pagan impuestos las categorías de influencers y yotubers, lo que despertó la ira de los referentes libertarios en esos rubros. Ese mismo día se decidió que Pazo, que hacía días se desempeñaba como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, asumiera el lune pasado el control de la ex AFIP.

“El impuesto a los youtubers fue una excusa para echarla”, cuentan en los pasillos de la entidad recaudadora. Impulsada por Santiago Caputo en el inicio de la gestión libertaria, Misrahi se había quedado hace tiempo sin el apoyo del joven asesor presidencial.

Las nuevas autoridades desembarcaron en el contexto del recorte prometido desde el Gobierno. Unos 1700 empleados-la mayoría de planta permanente-se fueron de la entidad en lo que va del año, y según fuentes de ARCA otros 350 lo harán en lo que queda de 2024. La AFIP comenzó el año con 22.028 empleados, de acuerdo con cifras del Indec, y se mantiene la amenaza de echar a otros 3000 empleados, que aún no se concretó.

Por Jaime Rosemberg

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